Vivir Editora Yolanda Sandoval —Tu opinión nos interesa [email protected] Economía &Negocios 1B LaPrensa Panamá, sábado 13 de enero de 2024 CINE El ‘Vuelo 571’ vuelve a despegar 5B LA VOZ DE LA ACADEMIA La poética de Salvador Medina Barahona 6B RECAUDACIÓN Posponen la reglamentación de la facturación electrónica La DGI revela un incremento significativo en el uso de facturación electrónicaen 2023, pero no se pretende reglamentar la norma para obligar a los profesionales independientes a utilizar este sistema desde enero de 2024. Yolanda Sandoval [email protected] La Dirección General de Ingresos (DGI) cerró el año 2023 con 61,095 contribuyentes que utilizan el sistema de facturación electrónica. La información fue revelada por Lian Vásquez, jefa de Factura Electrónica de la DGI, como parte del balance del programa al 31 de diciembre de 2023. Esto representa el 27% del total de los contribuyentes en todo el país, lo que implica que aún faltarían cerca de 164,923 contribuyentes fuera del radar de la facturación electrónica, al menos hasta el cierre del año pasado. Aunque aún no se ha registrado el 73% de los contribuyentes, la DGI reconoce como un logro importante el hecho de que en el año 2023 hubo un aumento del 164% en comparación con 2022 en lo que respecta al uso de la facturación electrónica. Así lo expresó el director general de Ingresos, Publio De Gracia, durante un conversatorio con contribuyentes en la provincia de Herrera. De Gracia compartió esta semana con miembros de la Cámara de Comercio, profesionales, representantes de la Asociación China de Azuero y contribuyentes en general sobre la evolución y ventajas de la facturación electrónica en Panamá, en una especie de cruzada que ha emprendido, ante la negativa de algunos grupos que se resisten al método de presentar el pago de sus impues tos. Los abogados se oponen a seguir en la lista de las actividades obligadas a usar factura electrónica y han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El pasado mes de diciembre, la Federación de Profesionales de Panamá también solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la Ley 256 de 2021, que formalizó como método el uso de la factura electrónica y estableció la obligatoriedad a través de un decreto con varios calendarios de adopción. El gremio observa en la norma que se viola la confidencialidad entre el cliente y el profesional que le brinda el servicio al exigirse documentos que “reporten el asunto que tratan con el cliente, lo que atenta claramente contra el secreto y el ejercicio de las profesiones”. La DGI, sin embargo, ha indicado en varias ocasiones que desde 1976 todas las profesiones liberales tienen la obligación de documentar y emitir factura, y que la entidad avanza en una dinámica que facilita el cumplimiento a través de una factura digital gratuita, que permitirá la trazabilidad de la facturación. Mientras tanto, el contribuyente utilizará la tecnología para su declaración de renta, sin papel y de forma digital. En base a estos conceptos, la entidad había decidido que a partir de enero de 2024, las profesiones liberales, como arquitectos, abogados, médicos o contadores, debían usar la facturación electrónica. Para ello, la entidad había planificado emitir un decreto para normar la nueva obligación. Sin embargo, los planes se han congelado momentáneamente. Este diario conoció que ante la negativa de utilizar la facturación electrónica como único método a partir de enero de 2024, tal como lo indicaban los planes del Gobierno, la medida se ha atrasado y no se aplicaría -al menos- hasta el final del tercer trimestre. Ahora se entiende por qué el jefe de la DGI está intentando hacer un recorrido nacional para explicarle a los contribuyentes lo que reconoce como las ventajas de este método. Desde el año 2022, la administración tributaria ha estado evitando los enfrentamientos con los profesionales y su adhesión al nuevo sistema de facturación se ha aplazado en varias ocasiones. Con la facturación electrónica, la autoridad recaudadora de impuestos podrá validar de una forma mucho más ágil si los gastos que reporta un contribuyente efectivamente son reconocidos como ingresos por otro. En Panamá, el sistema ofrece dos modalidades: el proveedor autorizado calificado (PAC) y el facturador gratuito de la DGI. Desde el año pasado, la DGI amplió el alcance del facturador gratuito. Anteriormente, su uso estaba limitado a 200 facturas mensuales, pero se ha elevado a un límite de 500 facturas al mes. Para las microempresas y personas naturales con ingresos brutos anuales que no superen los $36,000 no hay límites en el número de facturas que pueden emitir utilizando el sistema gratuito proporcionado por la DGI. Además, las empresas con ingresos entre $36,000 y un millón de dólares también obtienen beneficios. Estas empresas podrán emitir hasta 500 facturas en el sistema gratuito de facturación. La DGI reconoce como un logro importante que en 2023 aumento un 164% el uso de la facturación electrónica. Archivo Disputa con Minera Panamá es la segunda mayor entre inversores y el Estado en la región: Bank of America INFORME Yolanda Sandoval [email protected] La cancelación del contrato de Minera Panamá, filial local de First Quantum Minerals, cuya inversión ascendió a cerca de $10 mil millones, según la empresa canadiense, constituye la segunda disputa más significativa entre inversores y el Estado en América Latina en el siglo XXI, en términos de la magnitud de la economía. Esto se desprende de un análisis realizado por Bank of America. La entidad financiera analizó 25 de las mayores disputas entre el sector público y el Estado en la región, teniendo como punto de referencia la reclamación de arbitraje presentada por las empresas y, si esta cifra no está disponible, se utilizó como contexto las inversiones, el valor del proyecto calculado por la empresa o el precio al cual la compañía vendió forzosamente el activo. En el primer lugar está el caso de la petrolera Conoco Phillips Venezuela y en segundo, el pleito de First Quantum en Panamá, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023. La cifra asignada a Conoco Phillips fue de $30,000 millones referidos en la demanda de arbitraje, es decir, el 13% de la economía de Venezuela en 2007, que fue el año de la expropiación. En lo que respecta a Minera Panamá, Bank of America toma en consideración la inversión de $10 mil millones que realizó la empresa, equivalente al 12.3% del PIB de Panamá en 2023. Aún se desconoce el monto de la reclamación en los arbitrajes anunciados por la minera. “En el caso panameño, la disputa tendría un impacto significativo para un país históricamente amigable para los inversionistas y probablemente tendrá implicaciones negativas a corto y largo plazo”, dijo la entidad que ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para 2024 a solo un 2%. Las disputas inversor-Estado pueden reducir la inversión. De allí que la entidad calcule que una caída de 3 puntos porcentuales en la inversión reduce el crecimiento potencial en 0.5% “Creemos que Panamá sufrirá estos mismos efectos, incluida la pérdida del grado de inversión en 2024”, dice el informe del banco. “Estimamos que una caída de 3 puntos porcentuales en la tasa de inversión promedio reduciría el crecimiento potencial del PIB de Panamá en alrededor de 0.5 puntos porcentuales durante los próximos 10 años. Por lo tanto, prevemos que el PIB crecerá en promedio alrededor del 3.6% en 2025”. ADEMÁS Los riesgos que nos toca enfrentar 2B El director de Ingresos, Publio De Gracia recorre el interiorpara explicar el uso de la factura electrónica. Archivo
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