3A LaPrensa Panamá, sábado 13 de enero de 2024 Sábado picante Rolando Rodríguez B. [email protected] Panamá es un país contradictorio. Solía mirar el vaso medio lleno, pero ya no y, aunque hay esperanzas, apenas son destellos en una noche sin luna. Escuché al ministro del Canal, Aristides Royo –socio de la firma Morgan & Morgan, abogados de Cobre Panamá–decir que no se hará un embalse en Río Indio si los habitantes se oponen, refiriéndose a la necesidad de agua del Canal. Si tanto cree en el pueblo, ¿cómo su bufete representó a una empresa que se aferró a un contrato inconstitucional y que, como nunca habíamos visto antes, provocó la ira de un pueblo que no quiso una mina más en todo el país? ¿Es que se trata de una venganza?: Si no hay cobre para nuestro cliente Firts Quantum no habrá agua para el Canal…y que nos lleve el diablo a todos. Un ministro del Canal, nada menos, especulando sobre lo que sería un futuro incierto para nuestro principal patrimonio. ¿Será que el señor Royo tiene un plan B para dejar el de Río Indio a un lado? No nos lo dice, pero dudo que tenga algo qué mostrarnos y si ese es el caso, debería apelar a sus ocasionales problemas de garganta para evitar la especulación. Ya lo oímos toser una vez, y si lo hace otra vez, ¿qué importa? Otro que causa dolores, no de garganta, sino de cabeza, es su colega Milciades Concepción, titular del Ministerio de Ambiente. Tras ser testigo de las marchas más concurridas de la reciente historia de Panamá, él se atreve a decirnos a la cara que no renunciará. Supongo que, si no fue el único que encontró atractivo el contrato con la minera –apro - bado por el Gabinete y los diputados, sancionado por el Presidente y refrendado por el contralor–pensará ¿“por qué yo y los otros no”? Tiene medio punto de razón, porque, con excepción del Presidente, todos debieron renunciar. Pero la opinión de Concepción habría sido decisiva si, con robusto convencimiento, se hubiese opuesto al contrato, no solo por los incumplimientos ambientales que encontró su propio personal en la mina y ríos, sino porque en Donoso se constituiría un enclave privado –con la participación de otros países–co - mo lo fue la Zona del Canal para EU. De haberlo hecho, nadie le reprocharía su presencia en el Gabinete. Por último, vi la vergüenza de un gobierno que se dice “torrijista”en la ausencia de sus más prestantes figuras en los actos del 9 de enero. No dudo de que el insulto a los mártires los obligó a ocultarse en sus madrigueras. Y digo insulto pues los mártires dieron sus vidas por un país soberano, no para dar en concesión enclaves que menoscaban nuestra soberanía, incluido nuestro patrimonio territorial, mineral y ambiental. Tampoco murieron para recuperar un canal y luego privarlo de agua, gracias a la promesa del socio de la firma que facilitaría el nuevo enclave en Panamá. Pregunto: ¿si el Canal fuera cliente de su firma, habría dicho eso? Con un contrato millonario, seguro que no lo haría. El patriotismo no da de comer…pero sí mucho en qué pensar. Panorama Candidatos en elecciones de Udelas piden nuevos comicios Dos de los cinco miembros del Consejo Electoral Universitario de Udelas, señalaron que desconocen el proceso electoral, ya que no tienen garantía de legalidad y transparencia en los comicios. EDUCACIÓN Yaritza Mojica [email protected] En los últimos dos meses la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) ha mantenido un conflicto interno entre acusaciones y demandas por las elecciones para la rectoría (periodo 2024-2028) de esta casa de estudios superiores, cuyo presupuesto asciende a $63.8 millones para este año. Tres de los cinco candidatos a la rectoría de Udelas desconocen las elecciones realizadas el pasado 27 de noviembre de 2024, comicios organizados por dos miembros del Consejo Electoral Universitario (CELU) y un representante de los estudiantes, quienes proclamaron a Ginna Rueda como ganadora. Las elecciones se llevaron a cabo a pesar de que el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de Udelas, había suspendido las elecciones el pasado 25 de noviembre debido a las protestas que se vivían en el país. Udelas fue creada por la Ley 40 de 18 de noviembre de 1997 (modificada por la Ley 111 de 18 de noviembre de 2019). Carol Guerra, Nicolasa Terreros y Lucas Rodríguez, candidatos a la rectoría (2024-2028), señalaron en un comunicado conjunto que “desconocen el proceso y los resultados de las acciones desarrolladas para la escogencia de la máxima autoridad de Udelas dadas las irregularidades relacionadas con la legitimidad de los miembros del CELU, así como el proceso de elección de los representantes estudiantiles”. Los tres candidatos solicitaron un proceso electoral imparcial, legítimo y con todas las garantías necesarias para la participación mayoritaria de estudiantes, docentes y académicos. La otra candidata que compitió, Danisabel Caballero, no se ha pronunciado. Ahora las nuevas elecciones del claustro para elegir al rector de Udelas se deberán realizar en abril próximo, cuando se inicie el año académico de la institución y se cuente con la población de cada sector para elegir a sus representantes. El claustro universitario es un organismo electoral de carácter democrático, amplio y representativo de la comunidad universitaria, integrado por 58 personas, de las cuales 34 son docentes, 14 son estudiantes y 10 son administrativos. Estos representantes de cada estamento, una vez elegidos por voto, son los encargados de escoger al nuevo rector o rect o ra . No obstante, la denuncia del Consejo Superior Universitario radica en que el CELU organizó las elecciones “de forma ilegal”. En su momento, el rector Juan Bosco Bernal explicó que Las autoridades de Udelas, en el centro el rector Juan Bosco Bernal, anunciaron que las nuevas elecciones para elegir al nuevo rector (a), serán en abril. Cor tesía hubo irregularidades detectadas en las primeras elecciones del CELU, como la exclusión del padrón electoral de algunos profesores, la falta de resguardo de las votaciones (ya que las urnas estuvieron en centros comerciales y no en las instalaciones de la universidad), y la pendiente escogencia de los representantes de los estudiantes, ya que habían sido designados y no elegidos por votos, como establece el estatuto orgánico de la universidad. El CELU está integrado por cinco miembros, presidido por José Hurtado, Sebastián Ceballos (vicepresidente), Veyra Jackman (secretaria), Narriman Burgos (subsecretaria) y Damián Quijano (vocal). Estos dos últimos miembros no reconocen las elecciones del pasado 27 de noviembre. Damián Quijano, vocal ante el CELU, explicó que solo dos personas miembros del consejo y un estudiante convocaron estas elecciones, las cuales “fueron forzadas” e “ilegales”, ya que tomaron las urnas y los sellos y realizaron las votaciones en centros privados y no dentro de la universidad. Sumado a esta situación, Quijano señaló que lo que más “preocupa es que se desconoce con qué fondos se pagaron esas elecciones. No sabemos cuáles son sus orígenes, si lo pagó una empresa con alguna intención de ser proveedor a futuro o si vienen de alguna fuente ilegal”. Quijano, así como la subsecretaria del consejo, consideran inválidas estas votaciones y desconocen la Resolución Nº163-2023 de 15 de diciembre de 2023, donde el CELU proclamó a Rueda como rectora. Rueda, proclamada triunfadora por el CELU, ha manifestado que ganó los comicios y cuenta con el respaldo del consejo electoral, por lo que pide al actual rector que abandone el cargo como rector de Udelas, ya que su período expiró el pasado 31 de diciembre. Rueda ha reclamado desde el pasado 2 de enero el cargo de rectora tras la proclamación. Incluso mantiene una demanda en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia por usurpación del cargo. Rueda, quien ejerce como profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, trabaja en la institución desde 2008 y formó parte del equipo de Bernal como secretaria general del 2019 al 2023, cuando dejó el cargo para ser candidata. Contraloría le pone un velo a la información de los auxilios económicos TRANSPARENCIA Sol Lauría [email protected] La Contraloría General de la República dio un paso adicional hacia la opacidad desde que Gerardo Solís asumió el mando de esa entidad. Ahora, la información sobre los beneficiarios de los auxilios económicos que reparte el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se ha clasificado como “reservada”. Ayer viernes, La Prensa rastreó a una decena de beneficiarios en el sistema de consultaonlinede la institución, utilizando números de trámite y de contrato. ¿El resultado? En la casilla donde antes se registraba el nombre o número de contrato de los destinatarios de miles de dólares proporcionados por el Ifarhu, ahora se muestra la palabra “reservado”. En otras palabras, la información sobre quiénes se beneficiaron con esos fondos públicos se mantiene oculta. A continuación, se presentan algunos ejemplos. -El tiktoker Fernando Broce, sobrino del diputado perredista Eric Broce, recibió $141,677 en 2020. El comprobante de Contraloría indicaba en el renglón denominado “a favor”el número de contrato en el que el Ifarhu había acreditado a Broce esa partida. Ahora, en lugar del número del contrato, el comprobante dice “re - ser vado”. -Lo mismo pasa con María Alejandra Panay, quien es hija del secretario general de la Asamblea Nacional (AN) y exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Quibián Panay. María Alejandra, según su perfil de LinkedIn, cursó una maestría en De Montfort University, en Leicester, Inglaterra, durante 2022. Antes de eso, trabajó en el Ifarhu como“asistente ejecutivo del director general”, que en aquella época era Bernardo Meneses, actual candidato a diputado por el PRD. -También está en este grupo Diego Ábrego Díaz, que en 2020 recibió $190 mil en auxilios económicos. Diego es hijo del diputado Roberto Ábrego (circuito 8-5), del PRD. Antes, en el renglón denominado “a favor”, aparecía anotado el número de contrato. Ahora, ahí solo se puede leer la palabra“reser - va d o ”. “Esto es opacidad pura y dura y va en contra tanto de la Ley de Transparencia como de la propia Ley de Protección de Datos Personales”, dijo Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. “Los montos de las contrataciones del Estado no son datos confidenciales ni reser vados”, agregó. La operación de encubrir información pública no es nueva. Estos casos se suman a otros que ya habían sido clasificados como “reser vados” en años anteriores por la Contraloría. Cuando comenzaron las denuncias públicas contra el Ifarhu por otorgar suculentas partidas a amigos y familiares del PRD, en el sistema de consulta de la Contraloría figuraban los nombres de los beneficiarios. Al poco tiempo, esos nombres fueron reemplazados por un dato técnico que no informa nada: el número de contrato mediante el cual la persona obtuvo el beneficio. Fue una manera de obstaculizar la transparencia a la que la institución está obligada por ley: nadie puede conocer el nombre del beneficiario sin tener acceso al contrato donde figura su nombre. Hay muchos casos así. Algunos ejemplos son los de la hija de la diputada Zulay Rodríguez; de la directora del Ministerio de Cultura en Colón, Rudy Carolina Rodríguez Small, y de Ramón Ashby Barrera, hijo del representante “emérito” de Calidonia, Ramón Ahsby, condenado por peculado.
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