6A LaPrensa Panamá, viernes 3 de noviembre de 2023 Panorama ANÁLISIS Rodrigo Noriega Especial para La Prensa [email protected] Los análisis y reflexiones de los dos principales abogados del Estado, el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, y el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, han concluido, en sendas opiniones, que el Contrato Ley 406 del 20 de octubre del 2023 es inconstitucional. En el sistema procesal constitucional panameño, los procuradores se turnan para emitir opiniones sobre demandas de inconstitucionalidad. El procurador Caraballo entregó su opinión a la Corte Suprema de Justicia el pasado martes 31 de octubre, mientras que el procurador González hizo lo propio el miércoles 1 de noviembre. Cada uno de estos abogados desplegó su propio estilo y método de análisis jurídico. En el caso de Caraballo, reaccionó a la demanda de inconstitucionalidad de la abogada Martita Cornejo, mientras que el Procurador González respondió al libelo de Juan Ramón Sevillano. Al tratarse este proceso de al menos ocho demandas separadas, a cada uno de los procuradores le correspondería, en teoría, atender cuatro, pero en realidad, por economía procesal, dado que respondieron a las dos primeras demandas admitidas por la Corte Suprema, sus opiniones serán un insumo del análisis constitucional de ese tribunal que avanzará el caso con lo aportado por los procuradores. Las infracciones constitucionales La gran conclusión de los dos procuradores es que la Ley 406 es inconstitucional. Los dos encontraron argumentos similares como la falta de licitación pública, la falta de consulta ciudadana y el incumplimiento de las normas constitucionales respecto a la gestión de los bienes del Estado, así como la infracción directa de las obligaciones contraídas por la República de Panamá como el Acuerdo de Escazú, aprobado mediante la Ley 125 del 4 de febrero de 2020. Cuando un procurador emite su opinión en un caso constitucional debe responder a los argumentos presentados por el activador constitucional, es decir el o la demandante cuya acción ha estudiado. Curiosamente, el procurador Caraballo no analizó la infracción al artículo 290 de la Constitución que la jurista Cornejo había invocado. Este artículo se refiere a la prohibición constitucional de que un Estado extranjero tenga dominio sobre una parte del territorio nacional. Irónicamente, el procurador González desarrolló este argumento a favor de la inconstitucionalidad de la Ley 406, a pesar de que el abogado Sevillano no lo invocó en su demanda. Las siguientes etapas procesales Una vez recibidas las opiniones de los procuradores, la Corte Suprema colocó dos edictos el mismo 1 de noviembre, que estarán publicados por tres días hábiles en un medio impreso de circulación nacional, convocando a que cualquier parte interesada en este proceso pueda aportar sus comentarios a esta controversia. Los edictos fueron emitidos por la Secretaría de la Corte Suprema. Concluido ese término, los magistrados Olmedo Arrocha y María Eugenia López Arias, ponentes de las demandas de Cornejo y Sevillano, respectivamente, deberán preparar su proyecto de fallo o darse una acumulación de los expedientes. De esta forma, el pleno de la Corte podría entrar a discutir la inconstitucionalidad de la Ley 406, a finales de noviembre o a principios de diciembre de este año. Si se decide que haya lectura simultánea del proyecto de fallo por parte de todos los magistrados y si existe una mayoría que respalda lo propuesto por el magistrado o magistrada ponente, la decisión podría estar lista en diciembre venidero o en enero de 2024. Las consecuencias de un fallo La Corte Suprema es la primera interesada en resolver esta controversia jurídica, porque le quita la presión ciudadana de encima. El máximo tribunal ya falló en dos ocasiones sobre el Contrato Ley 9 de 1997, que es el precedente directo del conEl 20 de octubre de 2023, la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ley que ese mismo día sería sancionado y promulgado como la nueva Ley 406. De Izq. a Der.: los ministros Milciades Concepción (de Ambiente), Doris Zapata (de Trabajo) y Federico Alfaro (de Comercio); los diputados Roberto Ábrego, Jaime Vargas y Ariel Alba, y el viceministro Francisco Mola. Miguel Cavalli Biden recibe a líderes latinoamericanos, mientras la atención se centra en Israel ENCUENTRO EFE. WASHINGTON, EU. Siete líderes latinoamericanos se reúnen hoy con el presidente estadounidense, Joe Biden, para discutir mayores inversiones económicas y los niveles históricos de migración en la región. En un momento en el que la política exterior de Estados Unidos (EU) está volcada en los conflictos en Israel y Ucrania, Biden hace una pausa para escuchar a los miembros de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP), una iniciativa de su Gobierno creada a mediados de 2022. En el encuentro participarán los líderes suramericanos Gustavo Petro, de Colombia; Gabriel Boric, de Chile; Dina Boluarte, de Perú, y el uruguayo Luis Lacalle. También el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a la vez que el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, y la canciller mexicana, Alicia Bárcena. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, no aceptó la invitación de Biden, alegando que la cita coincidía con las fiestas patrias. El objetivo, según la Casa Blanca, es reafirmar el "compromiso" de "profundizar la integración económica" del continente, suscrito durante la Cumbre de las Américas en junio del año pasado. Las críticas hacia la estrategia para la región ya han empezado a sonar en Washington, durante un evento ayer jueves en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presidente costarricense lamentó que el plan comercial estadounidense trate a todos los países latinoamericanos por igual. “Estados Unidos. está tratando a los presidentes de la región sin suficiente diferenciación en la parte económica. Nos iría mucho mejor a todos, incluyendo a los Estados Unidos, si hubiese mayor cooperación y reciprocidad", afirmó Chaves. El presidente uruguayo criticó a su vez que la relación entre su país y Estados Unidos "estaba un poco de lado" y recalcó que su gobierno tiene mucho que ofrecer en términos económicos y comerciales. Con esta cumbre, Estados Unidos intentará revivir estas alianzas "estratégicas" en la región, en la que ve una oportunidad para diversificar su cadena de suministros, según destacó la secretaria de Tesoro, Janet Yellen, también en el BID. La inyección de capital a Latinoamérica podría traer un aumento en las posibilidades comerciales a través del impulso de las energías renovables y la producción de semiconductores y de suministros médicos, apuntó. Yellen mencionó el potencial de crear "cadenas de suministro verticales" para la producción de baterías usando litio extraído "localmente". Chile, Argentina y Bolivia poseen el 60 % de todos los recursos identificados de este mineral en el mundo, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los Gobiernos de izquierda se desmarcan de Israel El bloque de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, entre ellos Chile, Colombia y México, se han ido desmarcando de la postura de Washington de "apoyo incondicional a Israel". Esta marcada diferencia podría crear una brecha durante el encuentro entre estos gobiernos, que EU considera como fuertes aliados, y la Casa Blanca. Boric hizo incluso un llamamiento ayer a los demás países latinoamericanos a unirse para exigir que se respete el derecho internacional en el conflicto, alegando que la "desmedida y desproporcionada respuesta de Israel" afecta a sus naciones. Petro, quien ha mantenido buenas relaciones con Biden en lo que lleva de mandato, ha sido uno de los líderes de la región que más duramente ha criticado a Israel, amenazando incluso con romper relaciones con el país. trato ley 406 de 2023. Los nueve magistrados y magistradas actuales votaron unánimemente en el segundo fallo, de junio de 2021, que reiteró la inconstitucionalidad del contrato ley de 1997. Esto da un indicio muy importante sobre el pensamiento de la Corte Suprema sobre el tema del Contrato Ley 406. Una vez se conozca la decisión de la Corte Suprema, en un sentido u otro, se generarán importantes consecuencias jurídicas y políticas para el país. Si la Corte Suprema declara que el Contrato Ley 406 es constitucional, Minera Panamá, S.A. mantendría todos sus derechos y prerrogativas intactas. Esto obviamente provocaría protestas y molestias con la posibilidad de paralizar al país en una forma más intensa y conflictiva que en la actualidad. Por otra parte, si la Corte declara que el Contrato Ley 406 es inconstitucional, Minera Panamá, S.A. quedaría sin contrato aplicable a su relación jurídica con el Estado panameño. Suponiendo que se repita el despliegue de maniobras judiciales utilizadas con anterioridad, con el fallo de inconstitucionalidad del Contrato Ley 9 de 1997, emitido en diciembre de 2017, el resultado jurídico definitivo en Panamá podría prolongarse unos meses más. Concluida la ventana de oportunidad para el litigio constitucional en Panamá, es altamente probable que la empresa minera recurra al arbitraje internacional para reclamar sus derechos. Si no existe el Contrato Ley 406, ¿cuál sería el fundamento jurídico del arbitraje? Según el artículo 9.23 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (Ley 69 de 2010), el arbitraje se celebraría ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión del Banco Mundial. Este es un procedimiento que puede tardar un promedio de cuatro a seis años en resolverse ante dicho foro arbitral. El día después Mientras tanto, la República de Panamá tendría que decidir el destino de la mina de cobre de Donoso. Si el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional el Contrato Ley 406 se emite en los próximos meses, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo debería tener preparada una estrategia de respuesta para enfrentar la situación operativa de la mina. Dado que seguramente la empresa interpondrá algún tipo de recurso judicial, esto podría retrasar la necesidad de aplicar el plan de contingencia hasta pasadas las elecciones de mayo de 2024. Frente a esta situación, el Estado panameño tendría tres opciones que es clave entender. La primera opción es dejar a la propia empresa operando la mina hasta que se decida el arbitraje. Esta opción es políticamente tóxica y sería sumamente controversial. La segunda opción es que el Estado contrate a otra empresa que administre la mina mientras que se termine de definir la situación jurídica o se realice una licitación pública internacional para escoger un nuevo operador. Esta opción mantendría abierta la mina, retendría los empleos y prevendría un castigo a la economía panameña. Sin embargo, esta opción significa que la mina seguiría operando. La decisión de que el Estado mantenga abierta la mina también tiene su oposición en razón del reclamo de sectores sociales que quieren la mina cerrada. La tercera opción es precisamente el cierre de la mina. Esta opción implica que el Estado panameño tendría que desembolsar una cantidad significativa de millones de dólares para sufragar el costo de cerrar la mina, un proceso que puede tomar años en concretarse. A la vez que esto sucede, el Estado debería reclamarle a la empresa por los cuantiosos daños ambientales ocasionados por la operación de la mina, lo que se podría introducir como una contrademanda en el proceso ambiental. En cualquier caso, el Estado panameño debe estar preparado para enfrentar un arbitraje internacional y para decidir cuál será la opción más viable, si la mina de Donoso pasa a manos del Estado. Los escenarios jurídicos de un contrato ley La ventaja de un fallo de inconstitucionalidad sobre la Ley 406 de 2023es que la responsabilidad civil del Estado, es decir la indemnización, si la hubiere es mucho menor.
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