6A LaPrensa Panamá, sábado 30 de septiembre de 2023 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Diego Quijano Durán Directora Editorial Rita Vásquez Jefe Editorial Mónica Palm Asesor de investigaciones periodísticas Rolando Rodríguez Editores Juan Luis Batista, Yolanda Sandoval, Eliana Morales, Aleida Samaniego Gerente General Juan Carlos Planells Gerente de Producción, Logística y Administración Basilio Fernández Gerente de Ventas y Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com La opinión de Hilde A los 20 años de Redplanes Cerlalc Carlos Fong [email protected] La Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura (Redplanes) cumplió 20 años. Redplanes es una red conformada por los responsables del diseño y la ejecución de políticas y planes nacionales de lectura de los países miembros del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc). La red ha sido creada para potenciar los esfuerzos que cada país adelanta por posicionar la lectura como una política de Estado, fomentar el desarrollo y la sostenibilidad de políticas y planes de lectura en Iberoamérica, facilitar el encuentro e intercambio de saberes y experiencias, compartir buenas prácticas y promover la integración regional alrededor del tema. Para celebrar estos 20 años, la reunión de los responsables de políticas de lectura de Redplanes se llevó a cabo del 25 al 26 de septiembre en Bogotá, con la participación de especialistas y profesionales en temas de lectura, escritura y oralidad, con una agenda de trabajo importante. Todas las conferencias, los paneles de discusión y las mesas de trabajo fueron de sumo interés para la construcción; pero, sin duda alguna, la conferencia inaugural dictada por Joaquín Rodríguez, escritor y profesor de la Universidad Camilo José Cela de España, titulada “Cómo (no) crear lectores. Evidencias científicas para el fomento de la equidad lectora”, fue acertada porque nos presentó un panorama global de la problemática de la lectura de nuestros países. Joaquín empezó observando cómo la pobreza persistente afecta el desarrollo cognitivo en los niños: “Un niño de una familia con estrés económico que a los 7 años tuviera todavía, contra todo pronóstico, un rendimiento cognitivo alto, a los 18 ya lo tendría más bajo que un niño de una familia más favorecida que partiera con un índice medio. La genética se ve sobrepasada por un ambiente social desfavorable ”. Nuestras realidades sociales y culturales tiene dos narrativas. Un relato nos cuenta los desafíos y obstáculos que impiden la creación de lectores y el otro nos narra el por qué y el para qué fomentar la lectura y la necesidad de crear los mecanismos políticos posicionen la lectura como un tema de Estado. De un lado están los problemas que persisten en nuestros países que no permiten que los planes de lectura avancen, como la falta de gobernanza e institucionalidad, el divorcio entre instituciones clave para trabajar en conjunto, la carencia de recursos y de voluntad política, los vaivenes de la política partidista, la falta de seguimiento, evaluación y sostenibilidad de los planes y programas de lectura y, tal vez el más problemático, la desigualdad social que provoca brechas que son la causa principal de la desigualdad lectora. El otro relato nos deja claro que la lectura, la escritura y la oralidad son una herramienta para alcanzar prioridades globales que pueden mejorar la calidad de vida de las personas; que leer y escribir aportan al desarrollo sostenible y nos ayudan a construir significados en medio de los contextos de la diversidad, lo que permite, a la vez, hacer conexiones cívicas para crear ciudadanos pensantes. Vuelvo a la conferencia de Joaquín Rodríguez, porque debo remitirme a su investigación que plantea una serie de propuestas que se deben tomar en cuenta a la hora de la construcción de políticas públicas relacionadas a los derechos culturales. El derecho a leer es uno de ellos. Primero, hay que tener algo muy importante en cuenta: los derechos culturales son irreversibles. Es decir, todo lo que hemos sufrido y por lo que la humanidad ha luchado hasta este momento, no se puede revertir y por eso los desafíos por eliminar las brechas que provocan desigualdad deben ser superados. Dice Joaquín: “Para crear lectores es necesario planificar una intervención global que atienda a las condiciones desiguales de partida: tanto la mentorización familiar como los programas de ayuda social demuestran su utilidad”. Las familias necesitan vivir en entornos más seguros y saludables para tener también posibilidades de supervivencia en una realidad que cada día es más compleja. La lectura nunca será objeto de deseo miestras allá desigual. La reunión de Redplanes ha sido la mejor en 20 años. Una reunión donde se han planteado de manera puntual los problemas de la cultura de la lectura. Una reunión donde nunca antes se había tenido tanta seguridad sobre la importancia de los planes de lectura en estos tiempos. En un mundo acosado por la guerra, la crisis ambiental y las tensiones sociales de todo tipo, la lectura sigue siendo una herramienta para ayudar a san a r. EL AUTOR es escritor Leer y escribir aportan al desarrollo sostenible y nos ayudan a construir significados en medio de los contextos de la diversidad, lo que permite, a la vez, hacer conexiones cívicas para crear ciudadanos pensantes. Sobre el uso de aguas en el contrato minero Decreto Ley Julio E. Linares Franco [email protected] El artículo 35 del cuestionado contrato con Minera Panamá, S.A, le da derecho a ésta a usar y desviar agua proveniente de fuentes naturales, cuando así lo requieran sus actividades. Para ello, agrega que se aplicará la normativa vigente aplicable al uso, tratamiento y descarga de agua. Por supuesto que este contrato, lleno de lagunas, no especifica cuál es esa normativa aplicable. Así que tendríamos que recurrir a una muy longeva legislación, que podría ser el Decreto Ley 35 de 22 de septiembre de 1966, que reglamenta el uso de aguas. Suponiendo que sea este, notamos que el artículo 41 se refiere a dar preferencia a la solicitud de agua que sea de mayor provecho para el interés público y social, la que se daría cuando haya controversia en las solicitudes de agua. En el artículo 42 se aclara que estas solicitudes de mayor provecho serían las que atañen a la salud pública, lo que haría pensar que la reserva de agua, por ejemplo, para el Canal de Panamá y la población debe estar por encima de la mina de cobre. Pero, ¿cómo se define la controversia? Esta definición no es automática, cada parte (la Autoridad del Canal de Panamá - ACP y la minera) nombrarían un perito y al representante del Ejecutivo (porque son tres en total), que sería el decano de la Facultad de Ingeniería (que hoy debiera ser el rector de la Universidad Tecnológica). Pero algo llama la atención. La preferencia a la solicitud de mayor provecho se daría cuando haya “controversia”en las solicitudes de agua. Entonces, ¿que sucede si la minera se adelanta a la ACP para obtener concesiones y las adquiere? ¿Podría la ACP confrontarlas? La frase “controversia en las solicitudes de aguas en una misma fuente”del artículo 41 del Decreto Ley 35 de 1966 parece referirse cuando estas solicitudes se dan simultáneamente. ¿Sería posible, por ejemplo, que si la minera obtiene una concesión de agua, de una fuente que es insuficiente, para que la ACP obtenga otra concesión sobre la misma fuente, se de inicio a una controversia que debe ser resuelta por los 3 peritos mencionados? Ahora pregunto, frente al caso hipotético anterior, esa concesión de agua que obtuvo la minera y que sería confrontada por la ACP (en una solicitud posterior, no simultánea), si no hay mejor alternativa para ubicar otra y si su establecimiento implicó algún tipo de inversión importante, ¿podría la minera exigir algún tipo de daño y perjuicio al Estado y /o la ACP, si a aquella se le despoja a favor de ésta? Del Decreto Ley 35 de 1966, nos queda la duda, como queda dicho, si la preferencia, según el artículo 41, se establece solamente cuando hay solicitudes simultáneas sobre una misma fuente, o es posible, por ejemplo, que la ACP haga una solicitud posterior sobre esa misma fuente que ya controla la minera y se le de preferencia sacando a la mina de esa fuente para dársela a la ACP por ser ésta de interés público y social, porque el Canal abastece a la población. Digamos que si esto fuese posible, hubiera sido preferible incluir expresamente el Decreto Ley 35 de 1966 en el contrato ley, como la normativa aplicable, aunque con el riesgo de que el día de mañana, ese decreto ley sea derogado y quedaría este tema en el aire. Entonces lo conveniente sería incluir expresamente en el contrato ley que cualquier solicitud de agua sobre una misma fuente, la ACP tendrá prioridad sobre la mina, sea esta solicitud simultánea o posterior a la realizada por la minera. Debemos preguntarnos como país: ¿sabrá la ACP de esta situación? ¿Tendrá conocimiento del Decreto Ley 35 de 1966, de manera que inicie las solicitudes respectivas de estas fuentes hídricas, para que, con un sentido realista y objetivo, comience a resolver la situación de escasez de agua en la población y el Canal, antes de entrar en conflicto con la minera, de ser aprobado el contrato le y? Luego de la compra de tierras por $500 millones al actual gobierno, como una especie de salve frente a la crítica situación presupuestaria y financiera del Estado, cada vez tengo más dudas sobre las prioridades de la ACP ante sus necesidades en el tiempo. EL AUTOR es abogado Lo conveniente sería incluir expresamente en el contrato ley que cualquier solicitud de agua sobre una misma fuente, la ACP tendrá prioridad sobre la mina, sea esta solicitud simultánea o posterior a la realizada por la minera.
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