2A LaPrensa Panamá, sábado 30 de septiembre de 2023 Panorama La AN acelera el debate de norma que beneficia a funcionarios del PRD El Ministerio de la Presidenciacalcula que 48 mil funcionarios podrán beneficiarse de este procedimiento ‘especial ’ p a ra ingresar a la carrera administrativa. Los méritos, temporalmente, ya no serán un requisito. CARRERA ADMINISTRATIVA Aminta Bustamante [email protected] La próxima semana, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) pretende aprobar en primer debate el proyecto de ley 1075, que facilita el ingreso a la carrera administrativa de funcionarios nombrados bajo la actual administración gubernamental del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El pasado miércoles, esta comisión, que preside el diputado perredista Leandro Ávila, inició la discusión del proyecto presentado en el mes de agosto, por el Ejecutivo, a través del ministro de la Presidencia, José Simpson. El ministro, en su exposición de motivos, sostiene que esta iniciativa, que él considera “urgente ”, es necesaria para lograr “más servidores públicos que estén comprometidos con el servicio publico”. Ávila calculó que el martes y miércoles de la próxima semana continuará la discusión. Él mismo reconoce que urge aprobar el proyecto que beneficia directamente a sus copartidarios, porque como está la norma actual, “no creo que haya más de 18 mil funcionarios, hay demasiadas trabas para que los funcionarios puedan entrar. Yo creo que aquí hay gente con 20 o 15 años [en la planilla del Estado] que merecen ser parte de la carrera administrativa ”. Si se modifica la ley actual (que data de 1994), cualquier funcionario que tenga más de dos años en el puesto podrá ingresar a la carrera administrativa. Se supone que el ingreso a la carrera administrativa se sustenta en el mérito, pero con esta propuesta, eso ya no sería un requisito. El debate El miércoles pasado, la directora general de la Carrera Administrativa, Sara Pedreschi, acudió a la Comisión de Gobierno, para defender la propuesta. El proyecto 1075, deroga la Ley 9 de 1994, de la carrera administrativa, y plantea modificaciones al procedimiento especial de ingreso a la carrera administrativa, paraque “antes del 1 abril de 2024, es decir, cuando falten 34 días para las elecciones generales y 91 para el cambio de gobierno, los funcionarios que tengan dos años o más ocupando un cargo ad Los miembros de la Comisión de Gobierno, que preside Leandro Ávila (al centro), discutieron el proyecto de ley 1075, el pasado miércoles. Tomado de @asambleapa Cortizo afirma que se atenderán las opiniones que surgieron sobre el contrato minero PROYECTO Getzalette Reyez [email protected] El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró ayer viernes que las consultas recibidas durante el primer debate del contrato minero ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional serán atendidas. “A pesar de que las opiniones vertidas en el primer debate de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional no eran vinculantes con relación al contrato minero estas serán atendidas”, indicó el gobernante Cortizo, durante un conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Coclé. Cortizo dijo también que el Ejecutivo no ha recibido de forma oficial, a través de la secretaría general de la Asamblea, la resolución aprobada por dicha comisión legislativa el pasado jueves. Y es que ese día, en medio de las protestas que se han dado por este tema, la Comisión de Comercio suspendió la discusión en primer debate del proyecto de ley 1043, sobre el nuevo conCortizo dijo que aún no ha leído la resolución aprobada en la Asamblea Nacional. Cortesía/Presidencia de la República Fiscalía Electoral realiza nuevas inspecciones en San Felipe PADRÓN Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía General Electoral (FGE) practicó este 29 de septiembre una segunda inspección ocular en el barrio de San Felipe, dentro de la investigación para determinar el número real de electores habilitados en ese corregimiento. Esto, luego que de que se denunciara que el número de electores del padrón electoral no se corresponde con los datos arrojados por los XII Censos de Población y Vivienda. Juan Carlos Pérez, asesor de la Secretaría General de la FGE, explicó que la inspección efectuada en la mañana de este viernes es parte de las diligencias que se iniciaron el pasado 7 de septiembre, para verificar si las personas residen o no en el corregimiento. Pérez detalló que ya se ha ubicado a algunos moradores que aparecen como residentes de San Felipe, pero que en realidad no viven en ese corregimiento y que eso se ha incorporado a la carpetilla de investigación. Entre los hallazgos de las autoridades está el hecho de que algunos caserones deshabitados han sido reportados como lugar de residencia de algunos personas. Aseguró que la situación está siendo verificada. En la primera diligencia, la fiscalía logró identificar a unas 439 personas que pudieron haber realizado un cambio doloso de residencia y que pueden enfrentar sanciones que incluyen hasta pena de 6 a 12 meses de prisión. Esta diligencia surge luego que una publicación del diario La Prensa diera a conocer que en el padrón electoral de San Felipe existen registrados 3 mil 900 ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo con el resultado del XII Censos Nacionales de Población y de Vivienda, el total de residentes de San Felipe es de apenas mil 258 habitantes. A esa cantidad todavía hay que restarle los menores de edad y los extranjeros, que no votan. La inspección surge luego de conocer que el padrón electoral tiene más electores en San Felipe que residentes censados en ese corregimiento. Elysée Fernández quieran el beneficio. Es un procedimiento “es - pecial”, por aquello de que estará vigente en un momento muy específico: se saben cuándo inicia y cuándo termina. De ese modo, después del 1 de abril de 2024, ya no se reconocerá este mecanismo especial. De acuerdo a la iniciativa de ley, a partir de ese momento, “se aplicará el procedimiento ordinario de ingreso en las instituciones del Estado”. Es decir, que “toda persona que ingrese a la administración pública sin concursar por la vacante a partir del 1 de abril de 2024, será un servidor público de libre nombramiento y remoción”, añade la propuesta que impulsa el Ejecutivo. Este mecanismo implica cumplir estrictos requisitos en dos etapas, como pruebas psicológicas, exámenes, entrevistas y evaluaciones. El Ejecutivo calcula que se beneficiará a unos 48 mil funcionarios. Esto también acarrearía al Estado la posibilidad de que aumente el gasto en planilla. De enero a mayo de 2023, se registró el pago de $2,030 millones en salarios a los funcionarios, lo que representa un alza de $38 millones respecto a los primeros cinco meses de 2022. La norma propone que los tres magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública sean designados por el presidente de la República, en este caso Laurentino Cortizo, por un periodo de siete años. En la actualidad, uno de los magistrados es escogido por el Ejecutivo; otro, por los trabajadores, y un tercero, por la AN, por un periodo de cinco años. ‘Absurdo e inconsulto’ La Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Trabajadores Públicos (Fenasep) ha expresado su rechazo a esta propuesta. Alejandro Haynes, secretario general de Fenasep, catalogó como “absurdo, inconsulto y extemporáneo”el proyecto del Ejecutivo. No es la primera vez que el Gobierno de Cortizo intenta cambiar la Ley 9. En 2019, cuando se estrenaba en el cargo, el Ministerio de la Presidencia, entonces bajo el mando de José Gabriel Carrizo, quiso equiparar la experiencia laboral con la formación académica. Un año y medio después, la Corte Suprema de Justicia echó por tierra esa estrategia. La directora general de la Carrera Administrativa, Sara Pedreschi, acudió al Legislativo a defender la propuesta. trato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., y recomendó al Ejecutivo el retiro de la propuesta. “No he leído la resolución, no he recibido el documento oficial, pero tengo información que dentro de las recomendaciones está la eliminación del tema de expropiación [de tierras] y el de circunscribir el área concesionada”, añadió el gobernante panameño. Explicó que cuando tenga la resolución oficial de la Asamblea, el documentos pasará entonces al Consejo de Gabinete para aprobar el retiro del proyecto. Luego se harán las modificaciones por parte del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y volvería al Consejo de Gabinete para su aprobación y así seguir el trámite correspondiente. Cortizo aseguró también que lo que se espera es poder sentarse con la empresa para que, dentro de un proceso franco, se pueda revisar “punto por punto”el contrato y así poder llevarlo nuevamente a discusión en el Órgano Legislativo. Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares anunció ayer viernes que las protestas en rechazo al desarrollo de actividades mineras en el país continuarán la próxima semana.
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