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prensa_2023_09_12

4A LaPrensa Panamá, martes 12 de septiembre de 2023 Panorama Tal Cual RedaccióndeLaPrensa [email protected] NOTOY.Lasreaccionesal mensajeenviadoporel líderdeMOCA,Ricardo LombanasobresusconversacionesconJoséBlandónparaunasupuesta alianzaentre losdosnose hicieronesperar.Segúnesteúltimo,nuncabuscóa Lombanaparacrearuna alianzaentreambossino parasumarloaunagran alianzadeoposición.AdemásdijoquevisitóaLombanaalhospital yqueeste lepidióesperarasusalida del centromédicopara anunciar laalianzaentre CambioDemocráticoy los Panameñistas.Si todoesto escomodiceBlandón, sería interesantesaber¿Aqué juegaLombana?omás bien¿Conquién? DONANTES. Otroquetiene cómosaberlocuentaque variosde losquemuevenel chenchendetrásdeLombanaestánmolestoscontoda lasituaciónyvariosya handichoque “notan”.Los “lombanalovers”loniegan. Protip: “es tandifícildecir laverdadcomoocultarla”. ‘CUIDADITO ’.Conestaexpresióneldiputadodel PRD, Jairo ‘Bolota’ Salazar advirtióalministrodeseguridadJuanPino.Ustedes loque “quierenes joder aRicardoMartinelli (...) tengancuidadoquehoyestamosenpolíticaymañana no”.Segúndijoesteesel consejoquedaatodos los que “andanenestas jugarretasyenestascosassucias debajode lamesa”.Verdaderamentequeconamigos comoeste...Gabyyel resto del gobierNitoestámejor rodeadodeenemigos. ¿PRIORIDADES? Ladirectora de laAntai,ElsaFernández estádeviajeestasemana. Anuncióqueparticiparáde laReunióndelComitéde ExpertosdelMecanismode Seguimientode laImplementaciónde laConvenciónInteramericanacontra laCorrupción, celebrada enWashington,DC.Mientrasestoocurre, enPanamá, laComisióndeGobiernode laAsambleaseguirá discutiendoelproyectode ley1031quederoga laLey deTransparencia.Aquíno sabemosquéesmás irónico:queel supuestodebate de “suproyecto”quedeen manosdetercerosoqueestéenEstadosUnidos,precisamenteenunforoanticorrupción. ¿Conocerán porallásupedigrí? DemandaaCredicorpsoloduró96 horas: ¿improvisacióndel Gobierno? El pasado viernes el Ministerio de Seguridad demandó civilmente a Credicorp Bank por $600millones alegando daños ocasionados por el caso Odebrecht, pero ayer lunes en la mañana retiró la acción legal. SISTEMA FINANCIERO RekhaChandiramani [email protected] La demanda civil por $600 millones en daños que anunció el Estado panameño contra CredicorpBankpor supresunta participación en el esquema de sobornos de Odebrecht durómenosde96horas.Fue interpuesta un viernes, se dio a conocer el domingo en la tarde y fue retirada por el mismo gobierno el lunes en lamañana. El Ejecutivo no había informado nada sobre el tema hasta que el pasado domingo el portal digital Foco lo reportóinicialmente. Laacción-ahorafallida-se dio por conducto del Ministerio de Seguridad, a cargo de JuanPino, que exigióuna indemnizaciónde $600millones a Credicorp atribuyéndole una responsabilidadcomo “tercerocivilmente responsable” por su supuesta participación en el esquema de sobornos de la constructorabrasileñaOdebrecht. Del total demandado, $400 millones eran reclamados por presuntos dañosmaterialesy$200millones por “daños morales” y “afectación a la reputación delpaís”. El pasado viernes, el ministrodeSeguridadtambién demandó civilmente a los expresidentesRicardoMartinelli Berrocal (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), también por los sobornos de Odebrecht. Ambos serán enjuiciados por este caso a partirdelpróximo27deseptiembre.Dos hijos deMartinelli ya fueroncondenados y encarcelados en Estados Unidos, al confesar que blanquearon al menos $28 millones de las coimas de Odebrecht, y también serán enjuiciados en Panamá, pero ante la Corte Suprema de Justicia, por su condiciónde diputadosdelParlacen. Loquepretendía la demanda Cabe recordar que ningún banco de la plaza, incluyendo Credicorp, fue imputado en el proceso de Odebrecht. La demanda atribuía responsabilidad a la empresa por las actuaciones de sus empleados, entre los cuales estuvieron oficiales bancariosquesupuestamentepermitieron o no hicieron nada por detener las transacciones de sobornos del esquemadeOdebrecht. Peroeste lunes, comoya se dijo, el mismoMinisterio de Seguridad, a través del abogado particular Carlos Muñoz Pope, envió un escrito al Tribunal Liquidador de Causas Penales, a cargo de BaloisaMarquínez, para retirar lademanda civil contra el banco sin dar motivos. El responsable de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Amauri Castillo, por su parte, confirmó a LaPrensa que laentidadno fueconsultadanisabíadeesta demanda aCredicorp. No obstante, al enterarse de lo ocurridoestuvieronatentos, “a fin demantener la estabilidaddel sistemabancario”. Ayer lunes, poco antes de conocersequeelEstadoretiraba el reclamo, Credicorp comunicó lo siguiente: “el banco no ha sido imputado por hecho alguno ni en este momento ni a lo largo de nuestrahistoria.Estamosen estricto cumplimiento de nuestra obligaciones atendiendo todos losprocesosde supervisión de los entes reguladores, por lo que el bancomantienesusoperaciones entotalnormalidad”. En el comunicado de la SBP se refirió a que el banco mantiene el “índice de liquidez y solvencia por encima delmínimolegal”. Al conocer el retiro de la demanda, Credicorp emitió un segundo comunicado en el quereiteraelprimeroyseñala que a lo largo de su historiahanactuado“en estricto cumplimiento de nuestrasobligaciones”. En el proceso Odebrecht tres antiguos ejecutivos de Credicorpsedeclararonculpables y pactaron un acuerdodecolaboraciónydepena conelMinisterioPúblico. Interpretaciones Hay varias lecturas de este hecho.Laprimeradeellases el inédito precedente de reclamación de daños civiles por parte del Estado a una empresa en un caso de presunta corrupción. ParaOlga de Obaldía, directora general del capítulo panameño de Transparencia Internacional, la demanda toca un elemento importante: abre el debate sobre la responsabilidad civil, aparte de la penalylaadministrativa,detodas esas personas y entidades, tanto públicas como privadas, cómplices de los esquemas de corrupción del caso Odebrecht, cuya magnitud de lesión patrimonial sedesconoce. “Este ejercicio de presentar una demanda buscando resarcirporlavíacivil los ‘dañosmorales y la afectación a la reputación del país’ , para luego retirarla sin especificar las causas, deja un profundo sinsabor; manda un mensaje confuso y que afecta aúnmás la‘reputación’ de un sistema ya muy afectado por la impunidad”, dijo de Obaldía. Por parte, el presidente de ladeAsociaciónBancariade Panamá, Carlos Berguido, se mostró sorprendido: “nuncahabíamosvistoesto”, refiriéndose a la demanda civil puesta y retirada por el Ministerio de Seguridad contraelbanco. Laotralecturaesel tiempo y el contexto en el que se da. Se hizo el viernes 8 de septiembre, el último día de la semana en la que los representantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) estuvieron en Panamá realizando la evaluación in situ decaraalaplenariaquehará el organismo en octubre paradecidir, entreotros temas, si saca o no a Panamá de su lista de jurisdicciones bajo estricto monitoreo, estatus conocido popularmente comolalistagris. Y justo uno de los puntos queevalúaelorganismoes la efectividad de las leyes anti blanqueo, que en la práctica se traducen en procesos penales y condenas efectivas a los infractores, que históricamente han sido casi nulas en un país con un centro financiero de la magnitud de Panamá. De las pocas condenas de alto perfil que ha habido en ese sentido lamayoría han sido recientes: la condena en primera instancia por blanqueo de capitales en el caso New Business al expresidente Ricardo Martinelli y cuatropersonas más, la condena por blanqueo al exsecretario privado deMartinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, por el caso Blue Apple, y la sentencia contra el expresidentede laFederación Panameña de Fútbol Ariel Alvarado, por corrupción en el sector privado y blanqueo de capitales, entre otras. También recienteLaSupertindencia deBancos dePanamá aseguró ayer que ha seguido de cerca la demanda y su impacto en el sistema financiera. Archivo mente fue condenada, pero poreldelitodemalversación de fondos, Emma Reyes, quien durante la gestión de Martinelli dirigió la Unidad de Análisis Financiero, el enteestatalantiblanqueo. LavisitadelGafi Ni el Grupo de Acción Financiera (Gafi) ni el MEF han dado indicios de la evaluación. El MEF y el superintendentebancarioaseguraron que los resultados de ese encuentro están bajo la confidencialidad solicitada por el Gafi. Amauri Castillo se limitó a decir que “el procesodesalidade la listamarchabien”. En cambio, Francisco Bustamante, economista y primer Superintendente de Sujetos no Financieros, es más categórico en su crítica al expresar que “poner la demanda sin medir las consecuencias solosepuedeexplicarporunaincapacidadmanifiesta o una intencionalidad punitiva exagerada”, al tiempo que advirtió que “si hubofallas,quiendebiósancionar era la SuperintendenciadeBancos”. En cuanto al Gafi, Bustamante dice que aunque esta acción(lademanda) lespueda parecer una acción de fuerza ejemplar, pudo desembocar en una sanción que habría significado la quiebra del banco. Por otro lado,opinóquelaretiradade la demanda pone en evidencia lapobreestrategianacionalenelmanejode lostemas de prevención de blanqueo de capitales, y que esta “metida de pata” puede hacer másdañoquenohacernada, precisamente cuando acaba de terminar la visita in situ fundamental para certificar la salidadePanamáde la listagris. Del lado del jurista Carlos Barsallo, esta demanda es otroepisodioquedemuestra la improvisación y poca reflexión del sistema de seguridad jurídica en Panamá, que tiende a veces a cambiar por completo el fondo de las leyes en corto tiempo y sin ninguna explicación, y cuando se hace, la mayoría de las veces es para beneficiaraparticularesendesmedrodelacolectividad. Una opinión final que comparten el economista Bustamante y el abogado Barsallo es la responsabilidad que pudiese tener un particular actuando en nombre del Estado. De acuerdo a Barsallo, la demanda pudo interponerla el propio Ministerio Público como parte del proceso penal seguido a Odebrecht, ya que es responsabilidad civil derivada del delito. Sin embargo, el gobierno usó la figura del querellante en la que intervino el Ministerio de Seguridad y su abogado particular, lo que, a su vez, implicó honorarios por algo que puede hacer el Estado sin tener que pagar algo adicional.

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