2A LaPrensa Panamá, lunes 28 de agosto de 2023 ¿Para qué sirve a Ley 6 de transparencia? Con la nueva norma se convertiría a la Antai en ‘entidad rectora y garante’ de la transparencia, una entidad que es dependiente del Ejecutivo y que la ubicaría en abierto conflicto con la separación de poderes. LEGISLACIÓN Eliana Morales Gil [email protected] La Ley 6 de 2002 de transparencia está sentenciada. El Ministerio de la Presidencia a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) presentó un proyecto de ley para derogar esta norma vital para la veeduría ciudadana. Organizaciones civiles, precursores de la ley y gremios como la Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, han condenado este nuevo paso del gobierno de Laurentino Cortizo. ¿Para qué sirve la Ley 6 de 2002? La lista es larga. Es la que permite a la ciudadanía saber cómo están conformadas las planillas de los ministerios y otras entidades públicas. Por esta norma es que la gente hoy día puede saber cuáles son los costos en viajes, viáticos y gastos de representación de los funcionarios.Además,porestadisposición es que las entidades públicas están obligadas a publicar sus proyectos institucionales, la estructura y ejecución de los presupuestos, así como la contratación y designación de funcionarios, entre otros datos. Algunas instituciones publican la información completa, otras apenas dan a conocer lo básico, mientras que un pequeño grupo la ign o ra . Solicitudes de información Entre los aspectos relevantes de la ley está el derecho a petición de la información, figura que está desarrollada entre los artículos 2 y 7 de la Ley 6. Se trata del derecho que tiene cualquier persona de solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, información en poder del gobierno. Solo hay que mandar una carta en papel o a través de correo electrónico, sin formalidad alguna o apoderado legal, detallando la información que se requiere (artículo 5 de la Ley 6). Esta pieza de la ley es la que ha permitido que se conozca como algunos ministerios han gastado millonarios recursos. Por ejemplo, los $416 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) repartió en partidas circuitales durante el quinquenio 2009-2014 a los diputados de la Asamblea Nacional. También es la que permitió conocer quiénes están detrás de los cupos de taxi, o cómo están conformadas las planillas de los diputados. Aler t a La Fundación Espacio Cívico, por estos días divulga un video en el que precisamente recuerda otros detalles sobre la importancia de Desde la Antai impulsan la iniciativa en conjunto con el Ejecutivo y diputados oficialistas. Archivo Lau Cortés ordena auditorías para conocer la calidad de servicio en instalaciones de la CSS Hoy lunes cierra periodo de inscripción para participar en el debate del contrato minero LEGISLATIVO José González Pinilla [email protected] A las 12:00 mediodía de hoy lunes 28 de agosto cierra el periodo para que la sociedad civil pueda inscribirse para participar en la discusión en primer debate del proyecto de ley del contrato entre el Estado y Minera Panamá. La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional informó que este lunes, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía, todos aquellos interesados pueden acudir a anotarse en la lista que está en el auditorio Carlos TitiAlvarado, en el cuarto piso de la sede de la Asamblea Nacional. También puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] o llamar al teléfono 512-8095. “Mañana [hoy] arranca la discusión del contrato minero. Un contrato que permitirá en nuestro país una actividad altamente contaminante de nuestro ambiente. Mañana [hoy] desde las 8:00 a.m. acuda a la Asamblea y asegure que su voz sea escuchada. Que los irresponsables pagados no nos desenfoquen”, escribió Juan Diego Vásquez en sus redes. De acuerdo con la agenda legislativa, la reunión de la Comisión de Comercio está programada para empezar a la 1:00 p.m., en el auditorio Carlos Titi Alvarado del Palacio Legislativo. En su primera sesión, el pasado lunes 21 de agosto, los comisionados acordaron la metodología para discutir este contrato para regular la explotación de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Se aprobó que los diputados tendrán hasta 30 minutos de intervención con deInstalaciones de la mina en Donoso, Colón. Archivo la ley. “Permite a cualquier ciudadano pedir información pública sobre temas que sean de su interés. Esto va desde trámites municipales, hasta información sobre becas, actas de reuniones del gabinete, excepto, información de seguridad nacional . El Ejecutivo presentó reformas (en realidad el proyecto deroga la ley) a esta ley avaladas por la Antai. Estas aumentan la burocracia, la opacidad, y disminuyen las sanciones, lo que significa un retroceso de 20 años, todo con la excusa de que el proyecto fue consultado y tiene avances. Lo que no están diciendo es que los retrocesos están maquillados como avances. Cuando el gobierno oculta información es difícil monitorear su gestión, esto permite el abuso de poder. Exígele a tu diputado que no modifique la ley de transparencia sin una verdadera participación ciudadana”, advierte la organización. La última voz en pronunciarse fue la Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, que preside Adolfo Fábrega. En un comunicado hecho público ayer domingo, solicitó a la Asamblea Nacional postergar la discusión del proyecto de ley 1031, advirtiendo, entre otras cosas, que se requiere una amplia consulta. “Circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles”, manifestó el gremio. El organismo que preside Adolfo Fábrega también adelantó que se mantendrán “vigilantes”, por si la intención final “es beneficiar el juega vivo, la politiquería y la opacidad; lo cual es totalmente contrario al espíritu con que se promovió esta innovadora ley hace ya más de 20 años”. La voz de los impulsores La semana pasada se pronunciaron los impulsores de esta ley que fue modelo para países de la región. “Se pretende derogar la Ley de Transparencia y sustituirla por la ley de opacidad”mani - festó Fernando Berguido, quien como presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, fue coautor del proyecto inicial de la ley de acceso a la información que terminó siendo aprobado en 2002 como la Ley de Transparencia de Panamá. “Sería un retroceso imperdonable porque echaríamos a la basura una ley que significó un avance gigantesco en materia de rendición de c uentas”, recordó Berguido, quien de paso dijo que la norma no solo fue aprobada por unanimidad entonces, sino que fue la primera ley de acceso a la información de América Latina y un referente de la región. Más burocracia y opacidad De acuerdo al proyecto que se discute en primer debate en la Asamblea, se sustituye el actual procedimiento que pauta un procedimiento sencillo, ágil, sin formalidades, ni necesidad de abogado ante los funcionarios que la custodian, así como las acciones de habeas data ante los tribunales en caso de negativa. En su lugar, el proyecto contempla procedimientos burocráticos, a ser tramitado ante unas “unidades administrativas de transparencia”que pretenden crear en todas las instituciones. El proyecto de ley, además, elimina por completo el régimen de sanciones que contiene la legislación actual. La nueva legislación blindaría, por ejemplo, la información concerniente a la entrega de becas y ayudas del Ifarhu, un tema que recientemente ha generado grandes cuestionamientos y controversias. Se convierte a la Antai en “entidad rectora y garante” de la transparencia, una entidad que es dependiente del Ejecutivo y que la ubicaría en abierto conflicto con la separación de poderes. En el futuro, al solicitante que se le niegue la información deberá ir, primero, a tramitar ante la Antai su solicitud. Solo después de ello podrá presentar un habeas d at a . Esta semana es clave para el futuro del proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6, pues el próximo miércoles 30, la subcomisión legislativa que analiza el tema se reunirá. Prometieron que le darán voz a la ciudadanía, ¿cumplirán? La vigilancia se impone. recho a segunda vuelta con el mismo tiempo. En tanto, los representantes de la sociedad civil tendrán hasta 20 minutos para hablar a favor o en contra del documento. La Cámara Minera de Panamá (Camipa) ha pedido a la Asamblea que considere la "enorme oportunidad" que se abre para el país y se apruebe el contrato ley con la canadiense First Quantum Minerals (FQM). Según el gremio, se manda una “inmejorable señal” pa - ra mostrar el respeto a la seguridad jurídica del país y "viabiliza la continuidad del mejor ejemplo de contribución al desarrollo sostenible y disminución de la desigualdad del sector productivo". Sin embargo, activistas y defensores del medio ambiente han expresado su rechazo al documento y exigen sea retirado, mientras trabajadores de la mina piden lo contrario. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá presentó el 17 de julio ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo de garantías constitucionales en contra de la aprobación en junio del contrato con FQM. SA LU D Aleida Samaniego [email protected] A raíz de las constantes quejas que presentan los pacientes por la supuesta mala atención que reciben en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), el director de la entidad, Enrique Lau Cortés, ordenó la realización de auditorías en las diversas instalaciones de salud de la entidad. Lau Cortés instruyó a los directores médicos de las diferentes instalaciones de salud para que conformen una comisión especial de auditoría de la calidad de los servicios, que asegure el cumplimiento de los requerimientos. La orden fue dada mediante la nota DGM-225-2023, donde se señala que estas evaluaciones podrán hacerse de oficio frente a alguna queja de los pacientes o de manera regular cada semana, sin detrimento de la atención que se pres ta. El resultado de las evaluaciones deberán ser enviadas a la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud y a la Dirección General con las recomendaciones que se deriven del proceso. Exigencias de funcionarios La auditoría surge justo cuando la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfaccs) está solicitando que se cumpla con el acuerdo de finalización de huelga del pasado 7 de febrero. La semana pasada la Anfacss se declaró en estado de alerta por la situación en el sistema público de salud debido a la escasez de recursos humanos, medicamentos y falta de personal médico y administrativo en salas y departamentos en hospitales y policlínicas. El dirigente de la Anfacss, Luis Lee, resaltó que existe una mesa de negociación con las autoridades de la CSS, pero no han ofrecido respuestas concretas con respecto a la revisión de la escala salarial y otros compromisos económicos. Lee indicó que el proceso para la revisión de la escala laboral ha sido muy lenta, lo que causa inquietud entre las bases. No obstante, Lau Cortés en comunicado de prensa informó que las finanzas de la CSS no soportan los aumentos salariales exigidos por los diversos gremios de la institución. Sostuvo que solo los compromisos heredados de administraciones anteriores, le cuestan a la CSS más de $20 millones por año. “No - sotros no podemos dar lo que no tenemos”, enfatizó. Panorama
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