4A LaPrensa Panamá, sábado 1 de julio de 2023 Panorama El último año de Cortizo El mandato de Laurentino Cortizoterminará el 30 de junio de 2024. Los importantes desafíos que tiene el país seguramente los afrontará en soledad. El poder real parece estar en la Asamblea. 2019 -2024 Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Empieza la temporada en la cual el primer mandatario de turno pondera su legado y su huella en la historia de Panamá. Coincide en el calendario con el proceso electoral que concluirá con la selección de su sucesor. Quien antes era imprescindible en los eventos más destacados, pasa a ocupar un estatus de margarita deshojada, en el cual la pregunta que se hacen los amigos de la silla es la siguiente: ¿lo invito o no lo inv i t o? Aquellos que ayer prestaron helicópteros y aviones y muy gustosamente rayaron un cheque para apoyar a la campaña electoral del 2019, ahora buscan nuevos soles a los cuales apoyar con su altruista generosidad. La fragancia del poder y el sabor de una multitud de seguidores permanentes y ávidos comensales en todas las tertulias de palacio, ahora se empieza a convertir en el fétido tufillo de la agria soledad. Los incondicionales ya buscan reemplazo. El arranque de la despedida El discurso presidencial del 1 de julio, ante la codiciosa barra de diputados y diputadas, describirá el panorama esperanzador del inventario de proyectos de ley, cortes de cinta y estadísticas apropiadamente seleccionadas. El mandatario en el podio ejercerá plenamente los rituales y protocolos de un cargo que, en este quinquenio, cada vez es más ceremonial. La preocupación en la mente de la mayoría de esos políticos que le escucha será el acceso a los fondos del Estado, llámese descentralización paralela, auxilios económicos, nombramientos o incluso obras de infraestructura sumamente postergadas. Los diputados necesitan el maná de los fondos públicos para alimentar las huestes necesarias para sus campañas de reelección y para aumentar su propio patrimonio. En este último año del mandato de Laurentino Cortizo, la acción política más contenciosa no tendrá lugar en las primarias de los partidos políticos o en las convenciones en las que se consolidarán las alianzas electorales. La verdadera pelea es la que ocurrirá a lo interno de la Asamblea Nacional por el control de la Comisión de Credenciales. La lucha será para detener o, mejor dicho, para tratar de descarrilar al Órgano Judicial. O por el contrario, para evitar este enfrentamiento. Todo parece indicar que la seguidilla de fallos penales de esta temporada va a limpiar un poco el álbum de figuritas de aspirantes a cargos de elección y de intocables de la política, así como del mundo empresarial. La consigna es entonces la de detener el destino obvio y el resultado lógico de estos procesos judiciales de alto perfil. Al tener control de la Comisión de Credenciales, según el razonamiento macabro, se podrá intimidar a las magistradas de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta fantasía política, la Comisión de Credenciales las juzgaría por alguna situación ficticia y esto impediría que emitan un fallo inconveniente. Este sueño onírico o pesadilla para el Estado de derecho se topa con algunas realidades procesales. Cualquier magistrada de la Corte Suprema que se vea amenazada injustificadamente por un proceso espurio en la Comisión de Credenciales, solo tiene que interponer un amparo de garantías constitucionales ante sus propios colegas, lo que detendría al tren de la desfachatez apenas hubiese salido de la estación. Si a pesar del amparo, los diputados insistieran en su travesura, la Corte Suprema tendrá a su disposición herramientas apropiadas para responder. El hecho de que el diputado más poderoso de este país quiera ser presidente de la Comisión de Credenciales sugiere la existencia de una tentación de jugar con la justicia, que solo puede ser aplacada por el propio jefe de jefes. Después de todo, él consiguió que la Corte le nombrara un magistrado en el Tribunal Electoral. Favor con favor se paga. Un legado El gobierno del presidente Cortizo bien puede ser la administración que saque a Panamá de las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y de la Unión Europea. Este ha sido un trabajo de varios gobiernos; sin embargo, el actual le puso el acelerador y se ha visto acompañado por un Órgano Judicial que sin ambages ha juzgado y condenado a tirios y troyanos por igual. La era de los novelones brasileños, españoles, italianos y del resto del mundo está por terminar en su mayoría en este último año del mandato presidencial. La administración Cortizo deja muchos quebraderos de cabeza y desafíos sin atender. La lista de estos últimos sería larguísima de enumerar. Sin embargo, lo que parece será su herencia al país gira alrededor de los temas en los que más gobernó. Si las fuerzas políticas del país respetan a la Corte Suprema de Justicia, por primera vez Panamá conocerá cómo es que los grandes corruptos, aquellos que más daño le hicieron al país, responderán por sus actos. Esas mismas condenas abrirán los grilletes de las listas que han estrangulado al sistema financiero y que le han negado a los panameños muchas oportunidades. Los juicios y condenas de hoy son apenas un comienzo; los futuros gobiernos deben procurar que no sean una excepción. Por todo lo demás que el actual gobierno no hizo, corresponde que sea objeto del gran debate electoral y de una decisión responsable de los votantes. El gobierno de Cortizo dejará la deuda pública en más de $50 mil millones y aparentemente el Sistema de Beneficio Definido de la Caja de Seguro Social (CSS) entrará en insolvencia. Archivo Lava Jato: piden condena para 28 personas y absolución para 4 JUICIO Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitó la condena para 28 de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, en el juicio del caso Lava Jato, que se lleva a cabo actualmente en la sala de la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez. En el último día de sus alegatos, este viernes 30 de junio, Soto insistió en que la extinta firma forense Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas, a través de la creación de sociedades offs - h o re y facilitando otros servicios. No obstante, la fiscal pidió una sentencia absolutoria para Isabel Fonseca Franco, Hilda Soto, Marisabel Robles y Reina Chong, por considerar que los elementos aportados en el expediente no son suficientes para establecer la vinculación de ellas con el delito investigado. En contraste, solicitó condena de cinco a 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, cofundadores de Mossack Fonseca, y varios ejecutivos y abogados de la firma, como Edison Teano, Ramsés Owens, María Mercedes Riaño y Carlos Charlie Sousa-Lennox, entre otros. De los fundadores de la firma, solo Mossack ha estado presente en la sala desde que el juicio inició el pasado lunes 26 de junio. Fonseca ha seguido el desarrollo del mismo vía Zoom. La fiscal inició sus alegatos el jueves 29 de junio y los terminó ayer viernes. La fiscalía terminó ayer La jornada de ayer inició con la presentación de la vinculación del abogado Ramsés Owens, antiguo socio de Mossack Fonseca & Co. y gerente de Mossfon Trust/Mossfon Managers. Lurys Madrid, que fue oficial de cumplimiento en Mossack Fonseca y ahora tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía, declaró que Owens prestaba servicios a Ademir Auada, un cliente de Mossack Fonseca do Brasil, condenado por actos de corrupción. También lo hizo con Pedro Baruco, otro cliente de Brasil ligado a escándalos de corrupción. La fiscal le dijo a la juez que Owens participó de manera directa en el proceso de ocultar la procedencia ilícita de los fondos que se movían a través de las sociedades creadas por la firma. En cuanto a Sandra Naranjo de Cornejo, directora de recursos humanos de Mossack Fonseca, la fiscal dijo que recibía de María Mercedes Riaño documentos de Brasil para la constitución de sociedades sin la debida diligencia y que ello se hacía por instrucciones de los directivos de la firma forense. Recalcó que Katia Solano, encargada de la sección de cumplimiento de Mossack Fonseca, estaba enterada de estas situaciones irregulares, pero su inacción facilitó la comisión del delito de blanqueo. Sobre Josette Roquebert, dijo que aparece como firmante de una cuenta a nombre de MF Treasurer Ltd., que recibió dinero de Mossack Fonseca do Brasil, fondos que, a su vez, procedían de personas vinculadas a actividades ilícitas. En cuanto, Luis Adonay Martiínez, jefe de cómputo de Mossack Fonseca, la fiscal dijo que su participación en el ilícito quedó demostrada al ser la persona que bloqueó el sistema informático de la firma cuando la Policía Federativa de Brasil intentó ingresar para obtener información. Según la fiscal, Martínez mantuvo el control del sistema informático, lo que entorpeció la investigación de las autoridades. Otro de los imputados para los que la fiscal pidió prisión es Carlos Charlie Sou - sa-Lennox, actual candidato a diputado del circuito 8-3 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). La fiscal identifica a Sousa-Lennox como responsable de mercadear los servicios de la firma, razón por la que presuntamente presionó a Riaño para que aumentara la venta de las sociedades anónimas entre los clientes de Brasil. Jürgen Mossack, cofundador de Mossack Fonseca. A su lado está Yeskelle Pedroza, abogada de Yakeline Pérez, Hercibelle González, Ricardo Samaniego, Francis Pérez, Imogene Wilson, Leticia Montoya y Yenny Martínez, todos imputados en el caso Lava Jato. Isaac Ortega Sobre la participación de los otros acusados, la fiscal dijo que eran empleados de la firma que prestaban sus nombres como directores nominales y/o para la apertura de cuentas bancarias, obviaron los requisitos de la diligencia de dinero o llevaron a cabo gestiones que facilitaron el blanqueo de capitales. Habla la defensa Guillermina McDonalds, abogada de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Sandra de Cornejo, Katia Solano y Edison Teano, fue la primera defensora en presentar sus alegatos, luego de que la fiscalía cerrara su participación. McDonalds le dijo a la juez Marquínez que no se pudo acreditar la existencia del delito de blanqueo y que todo el caso de la fiscalía se basa en indicios y “elucubraciones”. Incluso aseguró que el modelo de gestión de Mossack Fonseca fue replicado por otras firmas de abogados, que usaban oficinas de representación en diversas partes del mundo y que algunos sectores han intentado “satanizar ” el uso de las sociedades anónimas. Aseguró que tener directores nominales en una sociedad anónima no es contrario a la ley, pero que la fiscalía ha intentado plantear que se trataba de una actividad ilícita. La fiscalía ha dicho que la acusación no es por operar una firma de abogados, sino por ofrecer sociedades y fundación y otros servicios legales, que facilitaron la comisión del delito, de forma sostenida y con pleno conocimiento. McDonald repitió lo que Mossack y Fonseca Mora han dicho en todo el proceso: que no eran los dueños de la filial de Brasil. La dueña, según ellos, era Riaño, con quien tenían un contrato para que usara el nombre y logo de su firma. En cuanto al delito precedente de blanqueo de capitales, McDonald mencionó que en una investigación judicial en Brasil se concluyó que su cliente no podía ser procesado y ordenó el cierre de esa investigación. También refutó la aseveración de la fiscalía de que Teano fuera el enlace entre Mossack Fonseca do Brasil y Mossak Fonseca Panamá. Reconoce que Teano sí impartió cursos sobre sociedades anónimas, pero que eso no es un delito. Sobre Riaño, McDonald dijo que la misma fue presionada por una fiscal del Ministerio Público, hecho que incluso fue denunciado en su momento. Por estas razones, McDonald pidió la absolución de sus clientes. El juicio se reanuda el próximo lunes 3 de julio.
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