75¢ Sábado 1de julio de 2023 - Año 42 - Nº 14335 El diario libre de Panamá www.prensa.com Servicio al cliente 222-1222 [email protected] $2,884 millones en traslados de partidas y créditos La Asamblea Nacional cerró su año parlamentario con la enorme suma de $2,884 millones en traslados de partidas y créditos adicionales aprobados a las entidades, justamente en el preludio del año electoral. VEA 1B Fábrega propone estacionamientos en el Casco Antiguo El Municipio de Panamáduplicaría la capacidad de la plaza de estacionamientos, cerca del Teatro Nacional y el Sofitel. Tercer día consecutivo de protestas Indignación por la muerte de un joven por un policía Disturbios en Francia Los manifestantes volvieron a enfrentaron ayer a la policía antidisturbios, durante una manifestación en memoria de Nahel, de 17 años, asesinado por la policía francesa en Marsella, Francia. La violencia estalló en toda Francia después de que la policía matara a tiros a este adolescente durante una parada en Nanterre, el 27 de junio. La violencia estalló en toda Francia, mientras el gobierno desplegó 40 mil policías. EFE Bagatrac desiste de cantera: Mici El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) informó que el pasado 22 de junio la empresa Bagatrac presentó, ante la Dirección de Recursos Minerales, un escrito de desistimiento de la solicitud de concesión de 102 hectáreas para explorar minerales no metálicos en los corregimientos de Nueva California y Paso Ancho, distrito de Tierras Altas, en Chiriquí. VEA 2A Fiscalía pide condena para 28 personas en el caso Lava Jato Condena para 28 de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, en el caso Lava Jato, pidió ayer la fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto. VEA 4A Hoy por hoy Si bien hacen falta estacionamientos en el Casco Antiguo, dado el crecimiento de su vida nocturna, restaurantes y oferta hotelera, no es menos cierto que cada proyecto que propone el alcalde de la ciudad capital es objeto de sospecha, pues hemos visto sus irregularidades, empezando con las consultas ciudadanas, arregladas para favorecer sus caprichos. De ahí que con cada obra que este sujeto propone es inevitable que surja la desconfianza. Y en el caso de una de sus nuevas propuestas para el Casco Antiguo (una playa, pero de estacionamientos subterráneos), los habitantes del distrito merecen ser mejor informados antesdellamaraunaconsulta ciudadana. Por ejemplo, ¿se cobrarán por éstos? ¿Cuánto costará el proyecto? ¿Será objeto de otra concesión en beneficio de empresas del área? ¿Podrán estacionarse ahí los que viven en la zona o los nuevos espacios serán puestos a disposición de los negocios, para uso exclusivo de su clientela? Cuando las obras inicien, ¿cuáles serán los inconvenientes para residentes y visitantes y, en ese caso, cuáles son las medidas de mitigación propuestas? El Casco Antiguo es una zona turística y residencial, pero estrecha, donde además se sitúa un perímetro de alta seguridad que entorpece el tránsito. Señor alcalde, esperamos sus respuestas. Por lo menos esta vez, haga las cosas bien. Panorama ‘Preñar urnas es imposible’: Osman Valdés 3A Panorama El Tribunal Supremo de EU y el recorte de derechos 5A Vivir + Montaner, una voz que luchó por la libertad con un legado intelectual 5B Deportes Quintana dice que derrota con España es un aprendizaje 7A $2,486 millones en deuda con tarjetas de crédito SISTEMA BANCARIO El saldo de las tarjetas de crédito emitidas por los bancos hasta mayo pasado totalizó 2,486 millones de dólares, según el Sistema de Referencias de Crédito (SRC) que administra APC Intelidat An Experian Company. Comparado con el mismo mes del año pasado, hubo un incremento de 4.1% en el crédito . Además de este saldo, también aumentó el número de tarjetas bancarias activas y en uso, de 656,219 tarjetas a 706,572, es decir, 7.7% más que hace un año. VEA 1B PATRIMONIO HISTÓRICO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Recelo y varias dudas generó entre residentes y activistas del Casco Antiguo una propuesta de la Alcaldía de Panamá, liderada por José Luis Fábrega, para intervenir una plaza de estacionamientos a un costado del Teatro Nacional, en San Felipe. Katti Osorio, directora del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), capítulo de Panamá, subrayó que toda construcción nueva en esa zona debe retirarse, al menos, dos metros de la muralla histórica. Mientras que Fernando Díaz, director ejecutivo de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico, sostuvo que no debe ampliarse la oferta de estacionamientos en el fondo de la península, porque eso incrementa el tráfico dentro de la zona. Lineth Gómez, directora de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Panamá, dijo que aún están “formulando” el proyecto y que la consulta con la comunidad, que se dijo que sería el próximo 10 de julio, ha sido pospuesta. VEA 2A
2A LaPrensa Panamá, sábado 1 de julio de 2023 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Más estacionamientos en el Casco, la nueva propuesta de Fábrega El Consejo Municipal de Panamáautorizó al alcalde José Luis Fábrega a suscribir un convenio con la ATP, para el uso y administración de una finca en el Casco Antiguo. Ahí se desarrollará un área de estacionamiento. ACUERDO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] En el Casco Antiguo, corregimiento de San Felipe, hay cierta intranquilidad. Hace poco les llegó un aviso de una convocatoria de consulta pública por parte de la Alcaldía de Panamá, para un nuevo proyecto que también podría tener relación con la playa: la construcción de nuevos estacionamientos. Según el anuncio, se trata del estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de un área de “estacionamientos subterráneos”, sin precisar más detalles. La fecha de la consulta está programada para el próximo 10 de julio, en el Arco Chato. Ya el pasado 13 de junio el Consejo Municipal de Panamá le aprobó al alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, un acuerdo le autoriza a llevar adelante el proyecto. Es gracias a ese acuerdo municipal que se conocen la ubicación y algunos detalles del mismo, ya que hasta ahora este diario no ha podido encontrar nada al respecto en el portal PanamaCompra. Tampoco se ha informado cuánto costará. El acuerdo autoriza a Fábrega a suscribir un convenio de uso y administración con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) sobre “la finca 4327 y resto de la finca resultante del relleno”, para el desarrollo de un área de estacionamiento. La concesión es por 20 años. De acuerdo con el documento, la ATP ya utiliza esa finca como espacio de estacionamiento y tiene una ubicación estratégica y al lado de edificios de gran valor: alrededor de esta zona se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Teatro Nacional, el Ministerio de Gobierno, la iglesia San Francisco de Asís y el hotel Sofitel. La reacción Para Lilia Mendoza, precandidata a representante de San Felipe, residente y activista del lugar, el historial de consultas anómalas en el corregimiento, que no cumplen con la metodología establecida por ley, además de la completa invisibilidad y la no divulgación de los documentos y planos de este y otros proyectos en la plataforma digital de la Alcaldía, son razones suficientes para cuestionar su legitimidad. “Por otro lado, ya la Alcaldía tiene un proyecto de estacionamientos denominado Puerta Sur. Por último, debe cuestionarse si el proyecto cuenta con criterio favorable de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, toda vez que deben realizarse estudios de impacto ambiental y de conservación, además del rescate arqueológico que exige la normativa vigente”, acotó Mendoza. Este medio hizo la consulta al Ministerio de Cultura sobre el criterio favorable y la respuesta es que no cuenta con planos aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, entidad adscrita a esa institución. Katti Osorio, directora del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), capítulo de Panamá, subrayó que si se fuera a realizar una estructura nueva, como menciona la convocatoria pública, sería conveniente determinar qué uso se la va a dar, pues se debe garantizar que la ciudadanía contemple el mar. “Además, la legislación indica que la muralla es un monumento histórico y que toda construcción nueva debe retirarse, al menos, dos metros de la muralla. De hecho, la muralla está dentro de los estacionamientos actuales”, puntualizó la también arquitecta. Mientras que Fernando Díaz, director ejecutivo de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico, sostuvo que uno de los temas que más le interesa y en el que ha participado activamente es La finca pertenece a la Autoridad de Turismo de Panamá y sería concesionada a la alcaldía del distrito capital por 20 años. Elysée Fernández Bagatrac desiste de cantera en el río Chiriquí Viejo Sábado picante Rolando Rodríguez B. [email protected] La historia contada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez en entrevista en Tele - me troesta semana, sobre un crédito de $1.5 millones que le aprobó la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y el traslado de $6 millones –$7.5 millones en total–es de las cosas más audaces que he visto. Significa que no van a disimular más. En ese evento de disfraces, el PRD decidió fiestar sin su máscara de oveja y mostró sus afilados colmillos. Según Vásquez, se trata de una resolución del 2 de septiembre de 2022, en la que la Comisión de Presupuesto –que preside el todo poderoso, honorable y divina pomada Benicio Robonson, perdón Robinson–aprobó los $7.5 millones. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la plata era para solucionar “las necesidades más apremiantes de las comunidades”. Pero el diputado no se lo cree: ese dinero se fue a la “descentralización paralela”para que el PRD hiciera política. Lo extraño es que, según el acta de ese día, nadie de la AND fue a solicitar un centavo ni a sustentar nada en esa comisión. De hecho, ni el crédito ni el traslado de partida figuraban en el orden del día ni tampoco se alteró para incluir esos puntos. Según Vásquez, aunque la resolución tenga ocho firmas, su contenido debió ser discutido por los miembros de la comisión, así como por el director de la AND –para sustentar la necesidad de esos fondos–y con la presencia del MEF. Pero nada de eso pasó. Vásquez estuvo presente ese día y no hubo tal discusión, pero, aun así, de la nada salió la resolución. Tampoco aparece su rúbrica, pese a que siempre firma, ya sea a favor o en contra. Entonces, ¿qué hicieron en la comisión? Darle vida jurídica a una resolución que dispone el destino de $7.5 millones del presupuesto nacional no hizo pestañear a nadie: ni al MEF ni a la Contraloría ni a nadie más. Esto me recuerda a “durodó - lares”, quien tenía dinero en efectivo escondido por toda su residencia, incluso en la nevera donde la Policía halló paquetes de billetes envueltos en papel de aluminio. De vez en cuando, la empleada y el jardinero tomaban uno que otro fajo sin que la señora –y funcionaria–se diera cuenta, pues “arquear la caja ”todos los días suponía contar la plata escondida en cada rincón de la casa. Así parece que está pasando con el dinero del Estado: hay tanto robo que no vale la pena contar el dinero, porque habría que hacerlo todos los días, ya que no hay día que pase sin que alguien de este gobierno se robe uno o más millones. Lo que hicieron estos diputadosesmuchomásosado que congelar plata en la nevera de la casa. Pero el problema es que nosotros –la sociedad–percibimos la corrupción como parte de nuestro paisaje. Hemos aprendido a convivir con el roboylasmentiras;noshabituamos a ver diputados y ministros millonarios, pese a que antes eran unos perfectos limpios. Tanacostumbradosestamos, que accedimos a que la democracia se convirtiera en un mercado en el que negociamos poder por jamones y vendemos nuestro futuro por $25 en comida. Nos tratan como estúpidos porque estamos dispuestos a serlo. ¿O es que ignoramos que intercambiamosnuestrooro –o votos–por baratijas? Si eso es “jugar vivo”, me pregunto, ¿por qué no nos reímos tanto como lo hacen los que dispusieron de los $7.5 millones? la movilidad en San Felipe. Sin embargo, el también exdirector de la Oficina del Casco Antiguo opina que no debe ampliarse la oferta de estacionamientos en el fondo de la península, porque eso incrementa el tráfico dentro de la zona. “Lo que se necesita es estacionamientos en la periferia y también se necesita generar otros medios de transporte dentro de la península”, recomendó. La propuesta Sobre este tema, Lineth Gómez, directora de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Panamá, señaló a La Prensa que no se trata de un proyecto aislado y que forma parte de un programa llamado “Recuperación Integral del Centro Histórico”, que se lleva a cabo junto a varios ministerios. “Algunos de estos proyectos complementarios son el remozamiento del Barrio Chino y el recientemente anunciado Puerta Sur”, dijo. En cuanto al proyecto de la plaza de estacionamiento, la funcionaria argumentó que se evaluaron los daños estructurales que tiene el sitio, el cual presenta daños, grietas, rajaduras y filtraciones de agua constante. “Nosotros nos encontramos en una etapa de formular y coordinar qué se puede hacer con esa zona para lograr un mejor provecho”, añadió. Según Gómez, actualmente la ATP está evaluando los borradores de los documentos compartidos, los cuales por ahora no han sido aprobados. La actual plaza de estacionamientos tiene capacidad para unos 200 vehículos, pero la propuesta del Municipio de Panamá proyecta que podrían habilitar hasta unos 410 aparcaderos. Se interrogó a Gómez si este proyecto incluía relleno de fondo marino y ella dijo que no, puesto que trabajarán sobre la finca actual. “Nosotros, como servidores públicos, estamos llamados a cumplir la norma y lo que se busca es la recuperación del centro histórico y su desarrollo, ya que el tema de nuevos estacionamientos es necesario”, concluyó. A su vez, informó que la consulta convocada para el próximo 10 de junio fue suspendida y que se avisará a su debido momento la nueva fecha a la comunidad de San Felipe, para brindar todas las explicaciones del proyecto. Como todavía no se conoce el alcance del proyecto, su costo es incierto. CONCESIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] En el distrito de Tierra Altas, Chiriquí, hay una paz a medias, luego que Bagatrac desistió de una solicitud de exploración de 102 hectáreas en el río Chiriquí Viejo, para extraer piedras. La información fue dada a conocer por el propio Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el cual comunicó que el pasado 22 de junio, la empresa, a través de su apoderado legal, presentó ante la Dirección de Recursos Minerales un escrito de desistimiento a la solicitud de concesión para explorar minerales no metálicos en los corregimientos de Nueva California y Paso Ancho. “Actualmente, el Ministerio de Comercio e Industrias se encuentra elaborando la resolución que admite dicho desistimiento”, reza la nota de la entidad. A pesar del anuncio del Mici, el alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, subrayó que oficialmente está esperando la resolución administrativa, para que los residentes estén más tranquilos. “Este río es uno de los más caudalosos de la provincia y, al quitarle las piedras, habría un efecto negativo para las comunidades a sus alrededores en términos de desastres e inundaciones”, puntualizó. El alcalde advirtió que la comunidad seguirá en alerta, porque, además de anular la concesión, se deben cuidar y proteger los recursos naturales e hídricos. “Hasta que no veamos la resolución final, la población no estará del todo tranquila en Tierras Altas”, acotó. Cómo se recordará, hace 15 días los residentes de Tierras Altas rechazaron la concesión solicitada por Bagatrac. De hecho, Pittí reunió a autoridades del Mici y del Ministerio de Ambiente para que escucharan el rechazo generalizado contra la concesión para la extracción. También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí se pronunció e hizo un llamado a las autoridades para que se analice con raciocinio, el impacto que podría generar la concesión para una extracción de piedra como que la que pretendía Bagatrac.
3A LaPrensa Panamá, sábado 1 de julio de 2023 ‘Preñar urnas es imposible’, asegura Osman Valdés, del Tribunal Electoral PRD Aminta Bustamante [email protected] El director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés se pronunció sobre las denuncias de supuestas urnas preñadas, en las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El funcionario, quien explicó todos los pasos que se siguen desde que se abre un centro de votación hasta que se queman las papeletas, dejó claro que para“preñar urnas o mesas” se requeriría que todos los de la mesa estén de acuerdo y que en la urnas se incluyan boletas ya preestablecidas. “Cuando se hace el escrutinio la cantidad de firmas que hay en el padrón debe coincidir con la cantidad de boletas que se están contando. Las boletas se cuentan primero sin abrirse...”, añadió. Durante las primarias del PRD, comicios que se le celebraron el pasado 11 de junio, se registraron denuncias de este tipo, sobre todo en los circuitos donde se elige más de un diputado. Además de urnas y mesas “preñadas”, también se mencionó listas de adherentes fuera de los centros de votación, más votantes que los que se registran en el padrón electoral y señalamientos de presunta compra de votos. El mismo 11 de junio, el diputado perredista Leandro Ávila, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “algunas mesas se preñaron en el corregimiento Victoriano Lorenzo, la mesa 1217 tiene 50 votos de más y sin firma. Mesa 1218 tiene 70 votos de más y sin firma. No basta con la compra de votos, la trampa está intrínseca en cada elección, o sea ganar a toda costa”. Pese a las quejas, a la fecha, se desconoce que se haya impugnado alguna de las candidaturas. Ello, pese a que la Fiscalía General Electoral ha dicho que recibió denuncias de supuestas irregularidades. La fórmula Valdés, que echó por tierra la tesis de mesas y urnas preñadas, explicó que en los circuitos plurinominales donde se elige a más de un diputados y concejales, siempre van a existir más votos que electores. Agregó que la fórmula para darse cuenta de que no se ha hecho trampa es así: se multiplica la cantidad de electores por la cantidad de candidatos a elegir, y el resultado es la cantidad de votos emitidos. Por ejemplo, dijo que si hay 450 electores y tres candidatos, el resultado es 1,350. “Es decir que no puede haber más de 1,350 votos, ni menos de 450 electoOsman Valdés, director de Organización Electoral. Richard Bonilla Panorama El contrato minero, entre las primeras tareas de la AN El perredista Jaime Vargas, un licenciado en educación física, sería el nuevo presidente del Legislativo. La bancada independiente nominará a Juan Diego Vásquez. SESIONES ORDINARIAS Eliana Morales Gil [email protected] La Asamblea Nacional instalará este sábado 1 de julio la primera legislatura del último periodo de sesiones ordinarias del quinquenio 2019-2024. Lo hará en medio de las tensiones propias del proceso electoral para los comicios del otro año y con la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fragmentada, luego de las elecciones primarias del 11 de junio. Vásquez versus Vargas Por el momento, hay dos diputados que han anunciado su intención de presidir la Asamblea: Juan Diego Vásquez, la apuesta de la bancada independiente (que forman cuatro diputados), y Jaime Vargas, por el PRD (35 diputados). El perredista Crispiano Adames, presidente saliente y antiguo rival del vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, en la competencia por la candidatura presidencial del PRD, informó recientemente que apoyará a Vargas. La bancada del Partido Panameñista (donde hay ocho diputados) tendría vía libre para votar. Por el momento, se desconoce a quién apoyará CD, que en la práctica tiene dos bancadas: la rebelde que maneja Yanibel Ábrego y los tres que se mantienen leales al presidente de ese colectivo, Rómulo Roux. En tanto que los cinco diputados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) votarán por el candidato de su aliado, el P R D. Si no hay sorpresas, la nueva directiva quedaría así: Jaime Vargas, presidente; Ricardo Torres, primer vicepresidente, y Corina Cano, segunda vicepresidenta. Los dos primeros son del PRD y Cano, del Molirena. El contrato con Minera Panamá En la legislatura que empieza hoy, la Asamblea tiene dos importantes temas en agenda: aprobar o rechazar el contrato con Minera Panamá y analizar el proyecto de ley que establece la jurisdicción de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país. El contrato de Minera Panamá con el Estado estuvo bajo escrutinio ciudadano desde marzo pasado hasta el 22 de abril. El 14 de junio, fue aprobado por el Consejo de Gabinete. Le corresponde al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, presentarlo ante los diputados. Este contrato debe ser discutido, en primera instancia, en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y luego por el pleno legislativo. Mientras que el proyecto de extinción de dominio, que llegó a la Asamblea en abril de 2021, pero que el jueves 27 de abril pasado no logró los votos para ser aprobado en tercer debate, también supone otro de los asuntos álgidos en la agenda legislat i va . Aunque Benicio Robinson, considerado el diputado más influyente de la Asamblea, se comprometió con el ministro de Seguridad, Juan Pino, a que esta iniciativa sería aprobada este periodo, hay quienes afirman que no pasará los debates y menos con las diferencias políticas que existen entre las bancadas por estos días. Vargas afirma que será una “prioridad ”. “Tenemos un compromiso con el presidente [Laurentino Cortizo] de pasar la ley de extinción de dominio con las modificaciones que se necesitan. Créanme que le vamos a dar prioridad, porque nosotros estamos en un año preelectoral y necesitamos darle las soluciones a este pueblo que tanto lo necesita”, aseguró en mayo pasado, cuando se anunció que será el virtual presidente del Legislativo. ¿Quién es Jaime Varga s ? El que sería el nuevo presidente de la Asamblea Nacional es diputado del circuito 5-2, Darién. Es licenciado en educación física de la Universidad de Panamá. Fue gerente de ventas de la empresa Business Print. En la legislatura pasada perteneció a las comisiones de Credenciales, de Comercio y Asuntos Económicos y de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Su asistencia en el pleno es de 91%, mientras que en las comisiones es de 75%. Su planilla legislativa está conformada por 37 personas, con un gasto acumulado de $931 mil 547. Declaró que él mismo financió su campaña para diputado, lo que implicó un gasto de $31 mil 200, de acuerdo con datos reportados en el sitio web de la fundación Espacio Cívico. Hasta ahora, su rol en el palacio Justo Arosemena ha sido imperceptible. No se le conoce ningún proyecto para el beneficio de la ciudadanía, aunque ha firmado 18 iniciativas legislativas respaldando las propuestas de otros compañeros. En la bancada del PRD, afirman que Robinson decidió que Vargas sería el próximo presidente del Legislativo. Por eso afirman que Vargas hará“al pie de la letra”lo que este ordene, principalmente en un momento clave para el país: el proceso electoral para las elecciones del 2024. De hecho, en una reciente reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, organismo presidido por Robinson, se alertó que quien no vote por Vargas será sancionado. El penúltimo informe de Cortizo El presidente Laurentino Cortizo rendirá su informe a la nación, en momentos en que su administración es cuestionada por la descentralización paralela, por el crecimiento de la deuda y el gasto público y por la poca efectividad de los organismos de control como la Contraloría General de la República (cuya ley orgánica incluso modificó en diciembre pasado, para flexibilizar sus funciones) y la Fiscalía General Electoral. El de este sábado 1 de julio de 2023 será su penúltimo discurso en el poder Legislativo. Los diputados del PRD se tomaron esta foto el 25 de mayo pasado, cuando escogieron a Jaime Vargas como su candidato para presidir la Asamblea. Vargas está en el centro, entre Benicio Robinson y Raúl Pineda. Tomado de @PRDesPanama ¿Cómo funcionará la ‘foto multa’ a partir de hoy? AT T T José González Pinilla [email protected] Los conductores que cometan una infracción de tránsito en las principales calles de la ciudad de Panamá comenzarán a recibir, desde este sábado 1 de julio, una notificación vía correo electrónico en la que se detalla la falta cometida. Solo será una notificación y “no se generará ninguna multa, sanción o cobro económico”, aclaró la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). ¿Cómo se aplicará? La ATTT detalló que se trata del proyecto piloto “Fo - to Multa”, que consiste en el encendido de unas 65 cámaras que tomarán fotos de las placas de los infractores. Están ubicadas en unas 24 plataformas en diferentes sectores de la capital, como las vías Ricardo J. Alfaro, Transístmica y España y los corredores Norte y Sur. Serán notificados los conductores que detengan sus vehículos sobre las líneas de Así lucen las cámaras. Elysée Fernández res”, añadió. Con respecto a los votos en blancos y nulos, recordó que el voto queda en blanco cuando no se vota por nadie, pero en los circuitos plurinominales el tema varía. Pues si en la papeleta se debía escoger a tres candidatos, por ejemplo, y no se escogió ninguno, hay tres votos en blanco y no uno. Igual pasa con los votos nulos, si en la circunscripción se debía escoger tres candidatos y el elector escoge dos, el tercer voto se suma como nulo, pero si se escogieron cuatro y eran tres los candidatos que tenía que elegir, se cuentan los tres votos como nulo. seguridad, queden debajo de los semáforos o conduzcan a exceso de velocidad. Antes de enviar las notificaciones, los videos serán revisados por los inspectores de la ATTT. “Es un plan para crear conciencia a los conductores”, detalló la entidad. En esta primera etapa, las notificaciones serán enviadas a los correos electrónicos de los conductores. En dicho mensaje estará el número de control y un enlace de internet para que la persona revise la infracción cometida. Una vez entre al sitio podrá ver la foto del vehículo para que “de manera visual pueda comprender la naturaleza de la infracción”. En la actualidad, el Tránsito multa con $100 por no parar frente a una luz roja; con $50 por velocidad excesiva y con $20 por ignorar la línea de seguridad peatonal.
4A LaPrensa Panamá, sábado 1 de julio de 2023 Panorama El último año de Cortizo El mandato de Laurentino Cortizoterminará el 30 de junio de 2024. Los importantes desafíos que tiene el país seguramente los afrontará en soledad. El poder real parece estar en la Asamblea. 2019 -2024 Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Empieza la temporada en la cual el primer mandatario de turno pondera su legado y su huella en la historia de Panamá. Coincide en el calendario con el proceso electoral que concluirá con la selección de su sucesor. Quien antes era imprescindible en los eventos más destacados, pasa a ocupar un estatus de margarita deshojada, en el cual la pregunta que se hacen los amigos de la silla es la siguiente: ¿lo invito o no lo inv i t o? Aquellos que ayer prestaron helicópteros y aviones y muy gustosamente rayaron un cheque para apoyar a la campaña electoral del 2019, ahora buscan nuevos soles a los cuales apoyar con su altruista generosidad. La fragancia del poder y el sabor de una multitud de seguidores permanentes y ávidos comensales en todas las tertulias de palacio, ahora se empieza a convertir en el fétido tufillo de la agria soledad. Los incondicionales ya buscan reemplazo. El arranque de la despedida El discurso presidencial del 1 de julio, ante la codiciosa barra de diputados y diputadas, describirá el panorama esperanzador del inventario de proyectos de ley, cortes de cinta y estadísticas apropiadamente seleccionadas. El mandatario en el podio ejercerá plenamente los rituales y protocolos de un cargo que, en este quinquenio, cada vez es más ceremonial. La preocupación en la mente de la mayoría de esos políticos que le escucha será el acceso a los fondos del Estado, llámese descentralización paralela, auxilios económicos, nombramientos o incluso obras de infraestructura sumamente postergadas. Los diputados necesitan el maná de los fondos públicos para alimentar las huestes necesarias para sus campañas de reelección y para aumentar su propio patrimonio. En este último año del mandato de Laurentino Cortizo, la acción política más contenciosa no tendrá lugar en las primarias de los partidos políticos o en las convenciones en las que se consolidarán las alianzas electorales. La verdadera pelea es la que ocurrirá a lo interno de la Asamblea Nacional por el control de la Comisión de Credenciales. La lucha será para detener o, mejor dicho, para tratar de descarrilar al Órgano Judicial. O por el contrario, para evitar este enfrentamiento. Todo parece indicar que la seguidilla de fallos penales de esta temporada va a limpiar un poco el álbum de figuritas de aspirantes a cargos de elección y de intocables de la política, así como del mundo empresarial. La consigna es entonces la de detener el destino obvio y el resultado lógico de estos procesos judiciales de alto perfil. Al tener control de la Comisión de Credenciales, según el razonamiento macabro, se podrá intimidar a las magistradas de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta fantasía política, la Comisión de Credenciales las juzgaría por alguna situación ficticia y esto impediría que emitan un fallo inconveniente. Este sueño onírico o pesadilla para el Estado de derecho se topa con algunas realidades procesales. Cualquier magistrada de la Corte Suprema que se vea amenazada injustificadamente por un proceso espurio en la Comisión de Credenciales, solo tiene que interponer un amparo de garantías constitucionales ante sus propios colegas, lo que detendría al tren de la desfachatez apenas hubiese salido de la estación. Si a pesar del amparo, los diputados insistieran en su travesura, la Corte Suprema tendrá a su disposición herramientas apropiadas para responder. El hecho de que el diputado más poderoso de este país quiera ser presidente de la Comisión de Credenciales sugiere la existencia de una tentación de jugar con la justicia, que solo puede ser aplacada por el propio jefe de jefes. Después de todo, él consiguió que la Corte le nombrara un magistrado en el Tribunal Electoral. Favor con favor se paga. Un legado El gobierno del presidente Cortizo bien puede ser la administración que saque a Panamá de las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y de la Unión Europea. Este ha sido un trabajo de varios gobiernos; sin embargo, el actual le puso el acelerador y se ha visto acompañado por un Órgano Judicial que sin ambages ha juzgado y condenado a tirios y troyanos por igual. La era de los novelones brasileños, españoles, italianos y del resto del mundo está por terminar en su mayoría en este último año del mandato presidencial. La administración Cortizo deja muchos quebraderos de cabeza y desafíos sin atender. La lista de estos últimos sería larguísima de enumerar. Sin embargo, lo que parece será su herencia al país gira alrededor de los temas en los que más gobernó. Si las fuerzas políticas del país respetan a la Corte Suprema de Justicia, por primera vez Panamá conocerá cómo es que los grandes corruptos, aquellos que más daño le hicieron al país, responderán por sus actos. Esas mismas condenas abrirán los grilletes de las listas que han estrangulado al sistema financiero y que le han negado a los panameños muchas oportunidades. Los juicios y condenas de hoy son apenas un comienzo; los futuros gobiernos deben procurar que no sean una excepción. Por todo lo demás que el actual gobierno no hizo, corresponde que sea objeto del gran debate electoral y de una decisión responsable de los votantes. El gobierno de Cortizo dejará la deuda pública en más de $50 mil millones y aparentemente el Sistema de Beneficio Definido de la Caja de Seguro Social (CSS) entrará en insolvencia. Archivo Lava Jato: piden condena para 28 personas y absolución para 4 JUICIO Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitó la condena para 28 de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, en el juicio del caso Lava Jato, que se lleva a cabo actualmente en la sala de la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez. En el último día de sus alegatos, este viernes 30 de junio, Soto insistió en que la extinta firma forense Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas, a través de la creación de sociedades offs - h o re y facilitando otros servicios. No obstante, la fiscal pidió una sentencia absolutoria para Isabel Fonseca Franco, Hilda Soto, Marisabel Robles y Reina Chong, por considerar que los elementos aportados en el expediente no son suficientes para establecer la vinculación de ellas con el delito investigado. En contraste, solicitó condena de cinco a 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, cofundadores de Mossack Fonseca, y varios ejecutivos y abogados de la firma, como Edison Teano, Ramsés Owens, María Mercedes Riaño y Carlos Charlie Sousa-Lennox, entre otros. De los fundadores de la firma, solo Mossack ha estado presente en la sala desde que el juicio inició el pasado lunes 26 de junio. Fonseca ha seguido el desarrollo del mismo vía Zoom. La fiscal inició sus alegatos el jueves 29 de junio y los terminó ayer viernes. La fiscalía terminó ayer La jornada de ayer inició con la presentación de la vinculación del abogado Ramsés Owens, antiguo socio de Mossack Fonseca & Co. y gerente de Mossfon Trust/Mossfon Managers. Lurys Madrid, que fue oficial de cumplimiento en Mossack Fonseca y ahora tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía, declaró que Owens prestaba servicios a Ademir Auada, un cliente de Mossack Fonseca do Brasil, condenado por actos de corrupción. También lo hizo con Pedro Baruco, otro cliente de Brasil ligado a escándalos de corrupción. La fiscal le dijo a la juez que Owens participó de manera directa en el proceso de ocultar la procedencia ilícita de los fondos que se movían a través de las sociedades creadas por la firma. En cuanto a Sandra Naranjo de Cornejo, directora de recursos humanos de Mossack Fonseca, la fiscal dijo que recibía de María Mercedes Riaño documentos de Brasil para la constitución de sociedades sin la debida diligencia y que ello se hacía por instrucciones de los directivos de la firma forense. Recalcó que Katia Solano, encargada de la sección de cumplimiento de Mossack Fonseca, estaba enterada de estas situaciones irregulares, pero su inacción facilitó la comisión del delito de blanqueo. Sobre Josette Roquebert, dijo que aparece como firmante de una cuenta a nombre de MF Treasurer Ltd., que recibió dinero de Mossack Fonseca do Brasil, fondos que, a su vez, procedían de personas vinculadas a actividades ilícitas. En cuanto, Luis Adonay Martiínez, jefe de cómputo de Mossack Fonseca, la fiscal dijo que su participación en el ilícito quedó demostrada al ser la persona que bloqueó el sistema informático de la firma cuando la Policía Federativa de Brasil intentó ingresar para obtener información. Según la fiscal, Martínez mantuvo el control del sistema informático, lo que entorpeció la investigación de las autoridades. Otro de los imputados para los que la fiscal pidió prisión es Carlos Charlie Sou - sa-Lennox, actual candidato a diputado del circuito 8-3 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). La fiscal identifica a Sousa-Lennox como responsable de mercadear los servicios de la firma, razón por la que presuntamente presionó a Riaño para que aumentara la venta de las sociedades anónimas entre los clientes de Brasil. Jürgen Mossack, cofundador de Mossack Fonseca. A su lado está Yeskelle Pedroza, abogada de Yakeline Pérez, Hercibelle González, Ricardo Samaniego, Francis Pérez, Imogene Wilson, Leticia Montoya y Yenny Martínez, todos imputados en el caso Lava Jato. Isaac Ortega Sobre la participación de los otros acusados, la fiscal dijo que eran empleados de la firma que prestaban sus nombres como directores nominales y/o para la apertura de cuentas bancarias, obviaron los requisitos de la diligencia de dinero o llevaron a cabo gestiones que facilitaron el blanqueo de capitales. Habla la defensa Guillermina McDonalds, abogada de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Sandra de Cornejo, Katia Solano y Edison Teano, fue la primera defensora en presentar sus alegatos, luego de que la fiscalía cerrara su participación. McDonalds le dijo a la juez Marquínez que no se pudo acreditar la existencia del delito de blanqueo y que todo el caso de la fiscalía se basa en indicios y “elucubraciones”. Incluso aseguró que el modelo de gestión de Mossack Fonseca fue replicado por otras firmas de abogados, que usaban oficinas de representación en diversas partes del mundo y que algunos sectores han intentado “satanizar ” el uso de las sociedades anónimas. Aseguró que tener directores nominales en una sociedad anónima no es contrario a la ley, pero que la fiscalía ha intentado plantear que se trataba de una actividad ilícita. La fiscalía ha dicho que la acusación no es por operar una firma de abogados, sino por ofrecer sociedades y fundación y otros servicios legales, que facilitaron la comisión del delito, de forma sostenida y con pleno conocimiento. McDonald repitió lo que Mossack y Fonseca Mora han dicho en todo el proceso: que no eran los dueños de la filial de Brasil. La dueña, según ellos, era Riaño, con quien tenían un contrato para que usara el nombre y logo de su firma. En cuanto al delito precedente de blanqueo de capitales, McDonald mencionó que en una investigación judicial en Brasil se concluyó que su cliente no podía ser procesado y ordenó el cierre de esa investigación. También refutó la aseveración de la fiscalía de que Teano fuera el enlace entre Mossack Fonseca do Brasil y Mossak Fonseca Panamá. Reconoce que Teano sí impartió cursos sobre sociedades anónimas, pero que eso no es un delito. Sobre Riaño, McDonald dijo que la misma fue presionada por una fiscal del Ministerio Público, hecho que incluso fue denunciado en su momento. Por estas razones, McDonald pidió la absolución de sus clientes. El juicio se reanuda el próximo lunes 3 de julio.
5A LaPrensa Panamá, sábado 1 de julio de 2023 Panorama El Supremo y el recorte de derechos Desde que la supermayoríaconservadora acabara con la protección federal al aborto hace un año, todas las miradas estaban puestas en el Supremo y en qué derechos violentaría. FA L LO S EFE. WASHINGTON, EU El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, resolvió ayer viernes que un negocio puede rechazar atender a clientes del colectivo LGTBI, lo que junto a la cancelación de la deuda estudiantil -medida estrella de Joe Biden-, ha suscitado la inquietud de defensores de derechos y la Casa Blanca. Desde que la supermayoría conservadora apuntalada por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) acabara con la protección federal al aborto hace un año, todas las miradas estaban puestas en el Supremo y en qué derechos recortaría el tribunal. Y pese a haber concedido alguna victoria a los progresistas durante este año, la máxima instancia judicial estadounidense asestó un golpe al colectivo LGTBI, blanco de los republicanos, al dar la razón a una diseñadora gráfica cristiana, Lorei Smith, que se niega a crear páginas web para bodas de parejas homosexuales. El juez conservador Neil Gorsuch, encargado de redactar la decisión, escribió que la negativa de Smith está amparada por la Primera Enmienda de la Constituciónde Estados Unidos, que blinda la libertad de expresión y de religión. Sin embargo, en una opinión de disentimiento, la magistrada progresista Sonia Sotomayor advirtió que por primera vez en la historia el tribunal está entregando a una empresa el derecho constitucional a “negarse a dar servicios a miembros de una minoría social”. La puerta a la discriminación Como Biden avisó tras la emisión del fallo: con esta decisión, el Supremo ha abierto la puerta a la discriminación contra el colectivo LGTBI y “debilita” todas aquellas leyes que protegen a los estadounidenses de la discriminación, incluida aquella por razón de género, color o religión. Más allá de esta resolución, la Corte terminó ayer con una de las medidas estrella del Gobierno de Biden, la cancelación de la deuda estudiantil, un fallo que afectará a los alumnos con menores ingresos. Estas dos decisiones vienen después de que el jueves el Supremo respaldara eliminar la discriminación positiva por motivos raciales en las universidades, que cobró especial importancia durante el movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y el fin de la segregación en las escuelas en la década de 1950. En concreto, los seis jueces conservadores del tribunal opinaron que Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, dos de las instituciones más longevas, violaron la Constituciónal utilizar la raza como un factor en el proceso de admisiones, aunque dejaron espacio para considerar la experiencia de los estudiantes con el racismo de forma individual. Y en temas electorales... Pese a estos reveses, algunos de los fallos de mayor calado de este curso validaron preocupaciones y argumentos de activistas progresistas en temas electorales. El caso más importante en este sentido y que se anunció a comienzos de esta semana, amenazó con oficializar una controvertida teoría constitucional que hubiera cambiado radicalmente la forma en que se llevan a cabo elecciones en el país. En Harper contra Moore, los legisladores republicanos de Carolina del Norte habían pedido a la corte que se pronunciara sobre los méritos de esta teoría, que sugiere que los parlamentos estatales tienen una autoridad absoluta para trazar mapas electorales, sin supervisión judicial. El Supremo rechazó de forma tajante esta interpretación de la Constitución, fallando que “la cláusula electoral no aísla a los parlamentos estatales del ejercicio ordinario de la supervisión judicial”. En dos decisiones también sobre derechos electorales, la mayor instancia judicial ordenó a Alabama y Luisiana, ambos gobernados por conservadores, rediseñar sus mapas electorales para representar mejor a la ciudadanía afroamericana. Finalmente, los jueces dieron la razón a Biden al determinar, la pasada semana, que los fiscales republicanos de Texas y Luisiana no podían demandar a la Administración para detener la aplicación de una norma migratoria que permite priorizar la deportación de ciudadanos que presentan una amenaza a la seguridad. Derechos religiosos En la mayoría de casos, sin embargo, los jueces fallaron en contra de algunos de los pilares del Gobierno de Biden o bien decidieron expandir los derechos religiosos en detrimento de las protecciones a las minorías, uno de los principales temores de los progresistas tras la sentencia del aborto. Más allá del caso de la diseñadora de páginas web, el tribunal apoyó de forma unánime a un cartero cristiano que fue sancionado por el Servicio Postal por negarse a trabajar en domingo, fallando que los empleadores deben demostrar un perjuicio claro a su negocio para negarse a acomodar las peticiones de sus empleados por motivos religiosos. Controversias jurídicas aparte, el curso ha estado marcado por la polémica por las investigaciones del medio ProPublica , que revelaron que dos de los magistrados más de derechas del tribunal, Clarence Thomas y Samuel Alito, aceptaron regalos millonarios de donantes republicanos. Los rumores de la posible jubilación de ambos jueces podrían marcar en los próximos meses la campaña electoral de 2024, ya que es el presidente el encargado de nominar a los nuevos jueces. Una pancarta con un mensaje de respaldo a la legalidad del plan de Biden para cancelar la deuda de millones de universitarios, frente al Tribunal Supremo, ayer viernes, en Washington. EFE/Shawn Thew
6A LaPrensa Panamá, sábado 1 de julio de 2023 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Diego Quijano Durán Directora Editorial Rita Vásquez Jefe Editorial Mónica Palm Asesor de investigaciones periodísticas Rolando Rodríguez Editores Juan Luis Batista, Yolanda Sandoval, Eliana Morales, Aleida Samaniego Gerente General Juan Carlos Planells Gerente de Producción, Logística y Administración Basilio Fernández Gerente de Ventas y Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com La opinión de Hilde El diablo no está en las pantallas Educación Carlos Fong [email protected] Semanas atrás, estuvo circulando por las redes sociales un video de Pablo Muñoz Iturrieta, donde comunicaba la noticia, según la cual, la ministra de Educación de Suecia, Lotta Edhol, eliminó el plan de digitalización de las escuelas para volver a los libros de texto. Según el señor Iturrieta, esta decisión del gobierno del país escandinavo es correcta, porque las pantallas están creando una generación de “alfabetos funcionales”(me imagino que quiso decir “analfabetas funcionales”), que no comprenden lo que leen, no retienen, no prestan atención y no son creativos. El video, como una fatwaislámica, sin evidencia científica, sataniza la tecnología, además de que tergiversa la noticia. En realidad, “...la ministra devolvió el documento a la Agencia Nacional y pidió la opinión de cerca de 60 organismos dedicados a la investigación en diferentes campos. Uno de ellos es el Instituto Karolinska, dedicado en parte al estudio de neurodesarrollo”, dice El Diario de la Educación, un medio de comunicación de España. La falta de conocimiento del problema de la lectura lleva a muchos a pensar que es la tecnología la culpable de que los niños no sepan leer ni escribir; argumento que ha estimulado las hipótesis enardecidas de fanáticos que crean fricciones entre la cultura impresa y la digital. Volvemos, en cierta forma, a la época medieval, cuando el libro se convirtió en un enemigo tecnológico de la memoria y el conocimiento. No es saludable poner en conflicto al libro y las pantallas. Reconocemos que existen estudios de la neurociencia que han demostrado que el uso de celulares a temprana edad afecta el desarrollo de la comprensión lectora en los niños; pero también sabemos que los recursos tecnológicos son soportes que pueden fomentar ciertos procesos de aprendizaje, si son bien usados. Al final, todos los extremos son malos. Antes de mirar lo que pasa en Europa, miremos el panorama real de nuestro país. Un país que no ha atendido las políticas de lectura ni su plan de lectura; un país con bibliotecas públicas y escolares en estado de abandono; un país donde las bibliotecas terminan en cerro Patacón; un país donde se invierte millones en libros sin saber qué hacer con ellos. El problema de la lectura y la escritura en Panamá es un arrastre que tiene muchos años y no se origina ni por la carencia ni por el avance de la tecnología. De hecho, la mayoría de los niños no tiene pantallas inteligentes en las aulas (con suerte tiene electricidad) y vive en contextos de pobreza donde la brecha digital es pan de cada día. El problema podría ser, más allá de la forma de enseñar a leer, es decir, de enseñar a decodificar, es que para los niños leer no es objeto de deseo y esto se debe por la simple razón de que no entienden lo que leen; nadie disfruta algo que no le hace sentido. Si leer un libro es un acto sumamente complejo, ¿leer en pantallas lo hará más fácil? No. Daniel Cassany, autor del libroEn-línea. Leer y escribir en la red, obra que parece necesaria leer en este momento, plantea que necesitamos trabajar constructivamente en la era digital y entender cómo aprender de forma competente y eficaz en medio de una encrucijada que estamos viviendo. Acceder a la información, no es lo mismo que comprender. La lectura es una actividad de comprensión significativa que es más difícil de lo que se piensa. Entonces, se trata de aprender a leer en el marco de las nuevas prácticas de lectura y entender los contenidos de lectura digital y saber usarlos de manera crítica. En el estudio El mito del nativo digital: ¿Por qué necesitan libros?, que se puede consultar en línea en el dosierLectura en papel & lectura en pantalla, Hildegunn Stole, docente asociada del Centro Nacional de Educación e Investigación en Lectura de la Universidad de Stavanger, Noruega, nos dice: “No hay razón para que la lectura de libros no se siga fomentando en la escuela, junto con el empleo didácticamente eficaz de los medios digitales”. Tenemos que inventar e invertir en escenarios de lectura con libros, tecnología y programas que involucren a la comunidad; seguir investigando para mejorar la enseñanza, y prestar atención a la conciencia fonológica y la oralidad. No mostrar un crucifijo a las pantallas. Voy a cerrar citando el final del artículo “Pantallas y comprensión lectora”, de Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation, publicado en El Periódicode España: “Ante esta complejidad, lo importante sería rogar que analicemos el problema de manera sosegada para identificar sus causas [su importancia lo merece] y, si es posible, procurar no dar más bandazos en educación. Ni la tecnología educativa es la panacea, ni tampoco es funesta. Y si para huir del abuso caemos en el desuso, nos estaremos perdiendo lo que puede aportar, en especial en los niveles educativos de secundaria y superiores. En una cuestión tan compleja como es la educación, la respuesta no suele estar en los extremos ni en las simplificaciones”. EL AUTOR es escritor Existen estudios de la neurociencia que han demostrado que el uso de celulares a temprana edad afecta el desarrollo de la comprensión lectora en los niños. Desequilibrio económico Año fiscal Julio E. Linares Franco [email protected] Panama extendió el ejercicio fiscal de 2022 hasta mediados de enero 2023. A través de un decreto ejecutivo expedido el 4 de enero, concedió plazo adicional hasta el 13 de enero para cancelar obligaciones tributarias, pagaderas al 31 de diciembre de 2022. Por consiguiente, los ingresos corrientes recibidos en el periodo extendido fueron computados en el 2022, un total de $304.9 millones, entre los cuales había $50 millones por peajes del Canal de Panamá y $73.3 millones vinculados a retenciones que efectúa la Caja de Seguro Social (CSS). Esta artimaña logró que Panama cumpliera en 2022 el límite exigido por la ley de responsabilidad social fiscal, pero no fue la única. También lo fue diferir el pago de intereses de $363.9 millones correspondientes al año 2022, para ser pagados en el periodo 2024-2026. Como consecuencia, tenemos que el balance fiscal a diciembre 2022 arrojó un déficit de $3,005.5 millones del sector público no financiero (SPNF), equivalente a un 3.93% del PIB. Solo de esta manera se logró estar apenas por debajo del 4% que exige la ley. Se hizo alargando el año fiscal 2022 y aplazando el pago de intereses. Estas argucias le restan credibilidad a la política fiscal de Panamá. A pesar de ello, el viceministro del MEF, Jorge Luis Almengor, ha dicho que se trata de “medidas innovadoras” dentro del “manejo regular del perfil de endeudamiento de un país”. Pero como el detritus sale a flote, resulta que el déficit fiscal del SPNF en los primeros tres meses de 2023, fue de $1,575.1 millones. Recordemos que este año, la meta del déficit es un 3%, según lo aprobado en la ley de responsabilidad social fiscal. Los ingresos acumulados de $2,713.3 millones reflejados en el Balance Fiscal del Gobierno Central y del SPNF a marzo 2023, publicado por el MEF el 15 de mayo, representan una caída de $130.1 millones o 4.6%, en comparación con igual período de 2022. Mientras que los gastos han llegado a $4,288.4 millones o $304.7 millones (7.7%) más, frente al primer trimestre de 2022. Según el Informe Preliminar de Recaudación acumulado a mayo 2023 del propio MEF, los ingresos corrientes de este mes sumaron $478.2 millones, es decir, un déficit de $64.7 millones versus lo presupuestado este año. De esos ingresos corrientes en mayo de 2023, $353.5 millones pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, $121.8 millones a ingresos no tributarios y $2.9 millones a otros ingresos corrientes. Y si continuamos en mayo de 2023 respecto a los ingresos corrientes acumulados, totalizan $2,386.5 millones (gobierno central), los que reflejan un déficit de $428.4 millones comparados con el presupuesto. A su vez los ingresos tributarios acumulados a mayo 2023 fueron $1,929.4 millones, reflejando un déficit de $252.5 millones, en comparación con el presupuesto. Y los otros ingresos corrientes de $2.9 millones muestran un déficit de 82.5% frente al presupuesto. En el acumulado a mayo 2023 de los ingresos no tributarios se refleja un déficit de 26% en comparación con el presupuesto y, en cuanto a lo esperado en el presupuesto acumulado a mayo 2023, los otros ingresos corrientes resultaron con un déficit de 45.1%. Adicionalmente, el índice de confianza del consumidor ha caído 6 puntos, mientras que tres de sus indicadores como la capacidad de ahorro (72), desempleo (94) y situación del país (83), se mantienen por debajo de la línea de confianza. Pero esto no es todo. Hoy, la deuda de las distintas entidades del Estado panameño con sus proveedores y contratistas, es de $1,800 millones. Paradójico, cuando este gobierno se quejó de que tuvo que pagar una morosidad del gobierno anterior de $1,836 millones cuando asumió la cosa pública en 2019, pero ahora resulta que está haciendo lo mismo y hasta puede sobrepasar la deuda ajena. Por el lado del desempleo, Mitradel pronostica una baja al cierre de 2023 al 8.5% (hoy estamos en 9.5%). Lo cual no hace sentido, cuando se pretende seguir entregando el vale digital de $120 al mes, hasta julio, beneficiando a un aproximado de 155 mil personas por mes, supuestamente porque no tienen trabajo. A pesar de ello, no son incluidas como desempleadas lo cual, elevaría el desempleo casi al doble de ser consideradas dentro de la población económicamente activa (PEA). El gobierno nunca ha explicado por qué no las incluyen, pareciendo ser su intención bajar artificialmente el desempleo. En cuanto a la inversión extranjera directa (IEA), según el informe “KPMG 2023 M&A in Latam Survey”, Panamá está relegado a un noveno lugar en la región. Hemos perdido ese atractivo, limitándose el ingreso a $2,000 millones, cuando antes de la pandemia era el doble. El retroceso de la IEA postpandemia es continuo en Panamá (a diferencia de nuestros vecinos), generado por la falta de confianza, la cual promueve a su vez un aumento desproporcionado del empleo informal, que sobrepasa el 48% de la PEA y del cual solo el 17% cotiza a la CSS. Y con este ritmo de precarización, sumado a la estatización irresponsable del empleo, incluyendo además el ritmo acelerado del aumento de la deuda pública, estamos incrementando el desequilibrio económico que nos ahorca. EL AUTOR es abogado Este gobierno se quejó de que tuvo que pagar una morosidad del gobierno anterior de $1,836 millones, pero resulta que está haciendo lo mismo.
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