3A LaPrensa Panamá, sábado 22 de enero de 2022 Sábado picante RolandoRodríguezB.
[email protected] Cadavezestoymásconven- cidodequeelTribunalElec- toraldebesermásbelige- ranteeneltemadelascam- pañaselectorales.Nomere- fieroalasqueempiezanme- sesantesdelaselecciones generales.Hablodelaque comienzaeldíadespuésde queundiputado,alcaldeo representantetomapose- sióndelcargo.Esacampaña políticatieneunclaroyúni- codonante:elEstado.Dudo dequeestosfuncionarios – cuyasúnicasmetasson enriquecerseyreelegirse – saquendesusbolsilloseldi- neroparahacercampaña enloscincoañosquedura superíodo. Yahastalodicenabierta- mente,comoelcaraduradel alcaldedeColón,Rolando AlexisLee,que – sinpizcade vergüenzaniprudenciapo- lítica – dijoque “ losgastosde movilizaciónseutilizan, porqueaquítodomundo caminaensuscomunida- des.Sino,noganarannue- vamenteyalcaldequeno camina,representanteque nocamina,quedaperdien- doensucorregimiento ” . Lodijoenunpresuntuoso intentodejustificarlosele- vadosgastosdemoviliza- ciónquerecibentantoélco- monumerosospolíticosde bajajerarquíaqueacumu- lanhastadossalariosymi- lesdedólaresengastos – in- cluidoslosdemovilización – pararecibirmásdinero,a pesardecontarconcarros cuyagasolinayconductores pagansusmunicipios. Salvomejorcriterio,esode “ caminar ” porlascomuni- dadesnoesotracosaque hacercampañapolítica, partedecuyocostoespaga- docondineropúblico.Ysi consideramosqueel Códi- goElectoral estableceque losbienesyrecursosdelEs- tadonosedebenusarenbe- neficioocontracandidatos opartidospolíticos,aquí hayrazonessuficientespara procederlegalmentecontra estassanguijuelas.Pero,ni losmagistradosnilaFisca- líaElectoralsedanporalu- lidos.Parecequesupapelse reduceadirigirelecciones. YaunquelaFiscalíaElecto- raltieneelpapelprotagóni- codeestanoveladepillosde cuelloblanco,tenemosdé- cadassinveracción.Losfis- caleshacetiempocambia- ronsusescritoriosporha- macas.Serfiscalsignifica enfrentarelpoderpolítico, peroestagentenosolovino almundosinunmíseromi- ligramodevalor,sinoque pareceserpartedelafábrica debotellasygarrafonesdel gobierno,porquenohacen nadaparaganarseelsalario, salvojustificarellatrocinio, porloquenimoraltienen paraestarenesoscargos. Lamaleanteríahapermea- dohastalasociedad.Elma- yortriunfodelospolíticoses quesuselectoreslepregun- ten “ quéhaypa ’ mí ” .Hace tiempoquelaselecciones dejarondeserunejercicio democrático,ydesdeen- toncessonunaoperación comercial.Numerososcan- didatosyaniseesfuerzan porganarseelvoto...Ahora loscompran...yconlaplata delpobreinfelizquelehace lapregunta.Sielciudadano pideyrecibealgoacambio desuvoto,seconvierteen partedelengranajedelaco- rrupción … yesoesmúsica queponeabailaralpandi- lleropolítico … ysorderapa- ralaautoridadelectoral. Panorama LaLey6cumple20años Cuatro protagonistas de la gestación, implementación y aplicación de la Ley de Transparencia de 2002 exponen sus interioridades, defectos y virtudes, así como los desafíos de la transparencia en Panamá. ANÁLISIS RodrigoNoriega ESPECIALPARALAPRENSA
[email protected] L a Ley 6 del 22 de enero de 2002, “ que dicta normas para la trans- parencia en la gestiónpúbli- ca, establece la acciónde ha- beasdata ydictaotrasdispo- siciones ” , cumple sus prime- ros20añosenunentornode controversia sobre el acceso a la información pública, la resistencia de autoridades nacionales y locales de en- tregar información, y para- dójicamente respaldada por una jurisprudencia cada vez más robusta de la Corte Su- premadeJusticia(CSJ). Lagestación La Ley de Transparencia nació como una iniciativa del capítulo panameño de Transparencia Internacio- nal (TI) en el año 2000. El abogado Fernando Bergui- do, quien presidía la organi- zación, explica que “ cuando acepté presidir el capítulo panameño, puse comometa que TI lograra aprobar una ley de acceso público a la in- formación, siguiendo elmo- delo del Freedom of Infor- mationAct que rige enEsta- dosUnidosdesde1967 ” . Berguido revela el origen del texto inicial, explicando que “ elanteproyectodeleylo redacté junto con el doctor Rodrigo Noriega [quien suscribe esta nota], a quien solicitéayudaensuprepara- cióny la recibí de inmediato, sin condiciones ” . El borra- dorfinalestuvolistoenmayo de 2000. “ Desde ese mo- mento inició el tortuoso ca- minodesuaprobación,lleno deobstáculos,yqueculminó casi dos años después ” , re- cordó. “ El proyecto nunca fue bienrecibidoporelgobierno de Mireya Moscoso, tanto así que nunca lo sometió al Consejo de Gabinete. Para- dójicamente, fue ella quien terminó sancionándolo co- mo un intento de aplacar el que hasta entonces fuera el mayor escándalo de corrup- ción del país, el del caso Ce- mis. Fue el presidente de la Asamblea, RubénAroseme- na, quien lo adoptó y le dio curso.Enelprimerdebatese le adicionó otro proyecto, el del legislador José Blandón, que introducía la figura del habeasdata ” ,agregó. Ungranrespaldo El abogado Guido Rodrí- guez, quien trabajaba en la DefensoríadelPuebloenesa época, cuentaque “ laDefen- soría apoyó e impulsó el res- cate del proyecto... Araíz del casoCemis, juntoconelMo- vimiento Ciudadano Anti- corrupción, se organizó una cadena humana en Avenida Balboa y esa presión fue de- terminante para que se aprobaralaLey6de2002 ” . Berguido explica los as- pectosquetuvieronqueque- dar fuera de la iniciativa, pa- ra así ganar el respaldo de la Asamblea. “ El proyecto ini- cial contemplaba normas máscompletas.Porejemplo, relativas a las declaraciones patrimoniales, a las dona- ciones privadas a las campa- ñas, cuya divulgación se ha- cía obligatoria, y los estados financieros de los dos años previosdetodosloscandida- tosaelecciónpopular,asíco- mo mecanismos sanciona- torios más rápidos y estric- tos que garantizaran la en- trega oportuna e íntegra de lainformaciónrequerida ” . Rodríguez recordó que los obstáculos enfrentados por laleyfueronimportantes. “ El gobierno de la época se asustó con las obligaciones establecidas en la ley, como ladepublicar lasplanillasde las instituciones estatales y la partida discrecional de la Presidencia, y entonces se apuraron a emitir un regla- mento que pretendía que, lo que según la leyeradecarác- ter público, en virtud del re- glamento se volviera de ac- ceso restringido yhasta con- fidencial. El defensor del Pueblo, Juan Antonio Teja- da, demandóesedecretoan- te la Corte. Por cierto, des- pués de las elecciones de 2004enqueganóelopositor MartínTorrijos, la Corte de- claró ilegal los artículos de- mandados. Cuando Torrijos tomó posesión, el mismo día, innecesariamente a mi juicio, derogó lo que queda- ba del decreto que eran los aspectosútiles ” . La Defensoría tuvo un rol preponderante en la imple- mentación de la Ley 6. En particular, la creación del “ Nodo de Transparencia ” fue trascendental. Funcio- naba “ como una plataforma para facilitar el cumpli- miento de las obligaciones de la ley, con respecto a pu- blicar la información en in- ternet ” ,recalcóRodríguez. “ Muchas instituciones no teníanlafacilidadtecnológi- ca y les ofrecimos asociarse por medio de convenios de transparencia con la Defen- soría.Tampocofue fácil con- vencer a todos los ministe- rios e instituciones. Hubo que interponer 35 acciones de habeas data , todas falla- das a favor por la CSJ. Al fi- nal,enelnodohabíalainfor- macióndeplanilla,gastosde representación y contratos de serviciosprofesionalesde más de 80 instituciones y hasta de ONGs que recibían dineros del Estado. Tenía- mos un buscador cruzado que, para la época, era más avanzadoque loquehayhoy. Hasta exportamos el Nodo deTransparenciaaCostaRi- ca, donde el defensor de la época, José Echandi, con nuestra colaboración, im- plementó el suyo. Eso fue histórico ” ,agregó. Lasociedadcivil Los grandes beneficiarios delaLey6hansidoelactivis- mode lasorganizaciones co- munitarias de base, los gre- mios profesionales y empre- sariales, las organizaciones de lasociedadcivil yel perio- dismo. Para la abogada ambien- talistaLuisaAraúzArredon- do, “ sin la Ley de Transpa- rencia, el trabajo de múlti- plesactivistas yorganizacio- nes ambientales sería impo- sible, ya que esta constituye el principal instrumento le- gal para acceder a informa- ción ambiental y participar en los procesos de toma de decisiones que puedan im- pactar derechos colectivos ” . Así, la leyesesencialparaac- ceder a información que se encuentreenpoderdelEsta- do, como índices de calidad de aire y agua endetermina- daszonasypropuestasdees- tudios de impacto ambien- talenevaluación. A su vez, la periodistaMa- ry Triny Zea describe su ex- periencia con la Ley 6: “ es la única y gran aliada para pe- dir información pública por partedelosperiodistas ” . Zea es una permanente usuariadelaLey6yentiende su alcance. “ Al hacer la peti- cióna travésdeesta ley sabe- mos que así nos nieguen in- formación, tienen que fun- damentar por qué y nos per- mite reclamarla a otras ins- tancias ” . Araúz considera que el pi- lar relativo al acceso a la jus- ticia, el cual incluye el recur- sode habeasdata ,aúnpuede mejorarse. “ La Corte toma un tiempo excesivopararesponderalas acciones que son interpues- tas cuando se deniega una solicitud de información, por lo que, de no resolverse oportunamente, es posible que no se obtenga la infor- mación ambiental requeri- da para frenar ciertos pro- yectosodecisionesqueaten- ten contra el ambiente ” , agregó. En el mismo sentido, Gui- do Rodríguez expone su va- loración de la jurispruden- cia de la Corte Suprema en materiadetransparencia. “ Ha sido variable. En un principio, con el liderazgo delmagistradoAdánArnul- foArjona, fuemuydinámica y positiva. Luego entró en una especie de marasmo y hastaderetrocesoylentitud. Ahoracomoqueseestáreto- mando la sendade favorecer la transparencia sobre la opacidad. Pero hay institu- ciones que siguen preten- diendo imponer su regla- mento interno anterior a la ley,sobreesta,verbigracia,la ContraloríaGeneral ” ,dijo. En lo que coinciden los usuarios de la Ley 6, es que una de las deficiencias del proceso de transparencia es el incumplimientoporparte dealgunosactorespúblicos. “ Aveces los habeasdata no se cumpleny como ciudada- nosyperiodistasnotenemos dónde recurrir ni qué hacer. Durante mi investigación ‘ Dudosa filantropía de la Asamblea ’ , pedí informa- ción de los contratos de la planilla 172 de la Asamblea Nacional. Nombre, cédula y cargo o su función. Esta es la partida que le llaman cas- hback . La CSJ me concedió el habeasdata y laAsamblea meentregóunainformación de cantidad de hombres y mujeres y edades, pero nin- gún nombre ni función. Re- clamé entonces a través de un incidentededesacato y la CSJ me lo negó. Suele pasar que tras un habeas data , la entidad entrega lo que quie- re y no lo solicitado y no hay autoridad que verifique el cumplimiento del habeas data . Fue este el motivo por el cual la Asamblea, presidi- da por Yanibel Abrego, in- tentódemandar laLey6, pa- ra eliminarle la parte de las sanciones por incumpli- miento en la entrega de in- formación ” ,recordó. La Ley de Transparencia no se quedó sola en el marco normativopanameño.El ar- tículo 43 de la Constitu- ción , introducido por la re- forma del año 2004, elevó a la Carta Magna el principio de transparencia y acceso a la información pública. El 4 de febrero de 2020, nació la Ley 125, “ por la cual se aprueba el Acuerdo Regio- nal sobre el Accesos a la In- formación, la Participación Pública y el Acceso a la Justi- cia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Cari- be, hecho en Escazú, Costa Rica,el4demarzode2018 ” . Perspectivas Ladébilculturadelatrans- parencia en la gestión de los asuntos públicos continúa siendo una importante ba- rreraparael accesoa la infor- mación y la rendición de cuentas. “ Los políticos y funciona- rios no entienden que deben rendircuentas.Unasolicitud de información la ven como un ataque y, si se trata de di- nero público, reaccionan hasta con ira, como si se les preguntaradelusodeldinero personal. No entienden que están en esos puestos para dar explicaciones y es parte de sus deberes. Les gusta la transparencia solo cuando no están en el gobierno o son oposición ” ,reflexionóZea. Guido Rodríguez recalca una nota optimista sobre la transparencia de la informa- ción pública. “ Hoy estamos ante nuevos e irreversibles escenarios. Los datos abier- tos ya son la norma interna- cional y esa información abundante[ bigdata ]ysiste- matizada resulta imprescin- dible para el ejercicio de la ciudadaníayhastaparaelde- sarrollo empresarial, en as- pectos tan importantes co- mo salud, educación, obras públicas,etc. ” ,señaló. Agregó que la Autoridad Nacional de Transparencia y AccesoalaInformación(An- tai) tiene que profundizar en esos temas y empoderarse definitivamente, “ por enci- ma de cualquier considera- ción de carácter partidista o gubernamental ” . “ Debiera ser una entidad con mayor independencia funcional, que su director no sea una designación del Eje- cutivo, sino que surja de una terna recomendada por or- ganizaciones que han brega- do en estos temas durante décadas, algo similar a laCo- misión del Pacto de Estado por la Justicia. También que, como en el caso de la Defen- soría del Pueblo, su periodo trascienda al del gobierno en turno ” ,sugirió. Berguido recordó que la Ley6fuelaprimeraleydeac- cesopúblicoalainformación de América Latina. “ Hoy, to- dos los países del continente, salvo dos, cuentan con legi- slación que tutela el derecho a recibir la información en manos de sus gobiernos … Si hoy los periodistas se sienten frustrados ante los obstácu- los que a diario encuentran para recabar información pública o para obtener res- puestas reales, o los ciudada- nosnossentimosabrumados por la falta de transparencia, imaginemos cuánto peor es- taríamossinestaley ” . LaLey 6de 2002 fue la primera ley de acceso público a la información deAméricaLatina. Dos décadas después, una de las deficiencias del proceso de transparencia es el incumplimiento por parte de algunos actores públicos. LP