Edicion_20200815

2A LaPrensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2020 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Con losderechosen jaque desdehacecincomeses La libre circulación, el trabajo, la protesta, la libertad de culto, entre otros, son algunas de las garantías en juego. Denuncian que la Policía usa la represión para intimidar a los que cuestionan. GARANTÍAS ElianaMoralesGil emorales@prensa.com E larrestodeungrupode jóvenes que cerró par- cialmente una calle en lacapital elpasado jueves,no solo representó señalamien- tos del desproporcionado uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, sino que pusoenelcentrodeldebatela pérdida de una serie de ga- rantías fundamentales tute- ladasenla Constitución, co- moelderechoacircular. Precisamente este es uno de los derechos que, según varias demandas y recursos legales presentados ante la Corte Suprema de Justicia, hasidovioladoporlosdecre- tos impulsadospor el propio ÓrganoEjecutivodurantela crisis sanitaria ocasionada por la llegada de la pande- miadelaCovid-19. La lista es larga, de acuerdo a los abogadosquea travésde más de una docena de recur- sos, han solicitado almáximo tribunal que sepronuncie so- brelalegalidaddelosdecretos firmados por el presidente Laurentino Cortizo, las auto- ridades del Ministerio de Sa- lud(Minsa)yelGabinete. Aparte del libre tránsito, argumentan que se han cer- cenado los derechos a la li- bertad ciudadana, el traba- jo, a la reunión, a la libertad religiosayalaprotesta,entre otros. Con cinco meses de confi- namiento estricto, más de mil 700 muertos en el país, los contagios multiplicán- dose día y día, y una econo- mía deprimida productodel cierre de actividades econó- micas (más de 277 mil con- tratos suspendidos), hay quienes insisten en que “los derechoshayquepelearlos”. Al menos así lo propone el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, uno de los primeros que advirtió que las medidas emitidas por elGobiernoproductode la pandemia ponen en jaque las garantías fundamenta- les. Giulia De Sanctis, aboga- daquepresentóel pasado11 de junio una demanda de inconstitucionalidad con- traelDecretoEjecutivo490 del Minsa, del 17 de marzo pasado,quedeclaróeltoque de queda, advierte que el objetivo de su demanda no es cuestionar lacuarentena. Lo que pretende, explica, es preservar el Estadodedere- cho, ya que a su juicio, “se obvió” por completo el pro- cedimiento que dispone la Constitución paraestosca- sos, al decidir que se podían “levantar las garantías constitucionales” de forma indefiniday sinel control de laAsambleaNacional. “Evidentemente, la liber- tad de movimiento es una garantía fundamental del serhumano.Esunagarantía reconocida por Naciones Unidas. Nuestro gobierno mandó un informe a la Or- ganizacióndeEstadosAme- ricanos, diciendoque se está restringiendo la libertad de movimientoennuestropaís, osea,queellosmismosload- mitieron”,agrega. Estademandaaúnnohasi- do admitida en laCorte. Algo similar ocurre con el amparo de garantías constitucionales quepresentaronlosabogados JaimeyRaúlMolinacontrael mismo decreto, a mediados demayopasado. AjuiciodeRaúlMolina, se han violado derechos en vir- tud de un decreto emitido por el Minsa. “Esa suspen- sión de garantías constitu- cionales soloesporunmáxi- mo de 10 días y si se excede tienequeserratificadaporla Asamblea, artículo 55 de la Constitución ”,recordó. Molina advierte que la protesta de Calle 50 del pa- sado jueves refleja el males- tar ciudadano producto de cinco meses encerrados y con pocos resultados en la luchacontraelvirus. Ernesto Cedeño, quien presentó dos amparos cons- titucionales contra decretos de la cuarentena,manifiesta que el país “está gobernado por decretos” y la Corte “no quiere hacer absolutamente nada”. “Está ciega, sorda y muda”,sostiene. Hasta ahora, la Corte solo ha admitido dos demandas contra estasmedidas del Eje- cutivo. Una que presentó el abogado Rony Batista contra la Resolución de Gabinete 11 del 13 de marzo de 2020, por mediode la cual sedictóel es- tadodeemergencia, yotradel abogado Víctor Baker, contra elDecretoEjecutivo490. Laprotesta Unodelosasuntosquemás pasiones despierta por estos días es el derecho a la protes- ta,mecanismoconelquedis- tintos grupos le reclama al gobiernoelpasivopapelpara hacerle frentea lapandemia. Hasidoelcanalparamostrar el descontento por la falta de rendición de cuentas de los millonespara lacrisis sanita- ria, las supuestas prácticas corruptas, las irregularida- des en la asignación de las ayudasdelplanPanamáSoli- dario,entreotros. En medio de las manifes- taciones ciudadanas sale a relucir la supremacía de la fuerzapúblicasoprotextode controlar el orden público. Reprimen, encarcelan. Re- ciben el repudio de muchos, yelaplausodeotros. Sinembargo, laOficinapa- raDerechosHumanosdeNa- ciones Unidas ha dicho en múltiplesocasionesqueeluso de la fuerza en la represiónde manifestacionesestáreserva- do a casos excepcionales También ha planteado que cualquier modo de privación de libertad debe regirse por los principios establecidos en elderechointernacional. Siete jóvenes que protestaron el pasado jueves contra la violación de derechos enmedio de la cuarentena fueron retenidos por personal de laPolicíaNacional. MiguelCavalli Gritaron#YaBasta y terminaron reprimidos Alas4:30p.m.delpasado jueves, al menos 15 jóvenes protestaban en la Calle 50. ¿Los motivos? La poca efectividad de las medidas contra la pandemia, la falta de rendiciónde cuentas, las sospechas de corrupción, el encierro de cinco meses, la ausencia de trabajo... Una lista larga. Ese día, la frase #YaBastasehizoviral enre- des. EnPanamá llovía. Pese a eso, otras 15 personas se lesunieron.Nocerraronto- doslospañosdelacalle. AjuiciodeDanielLopera, uno de los protestantes y quien forma parte del staff del medio digital Foco , ha- bía “un canal de flujo para que la gente circulara”. “Mucha gente pasaba y nos manifestaba su apoyo”, contó. La Policía habló con ellos por lo menos dos ve- ces.Lespidieronquesefue- ran de la calle. Ellos argu- mentaron que no estaban impidiendo el libre tránsi- to, y recordaron su derecho a la protesta. “No huboma- yor tranque, pues había po- cagenteenlacalle.Luego la Policía procedió a cerrar porlacalle68,yadesviarlos carros. La vía quedó com- pletamente despejada... Ahí fue donde nos senta- mos en la vía, porque ya es- Manifestantes y laPolicía en Calle 50. Archivo El viernes agridulce deRaúlDe SaintMalo JUDICIAL OlmedoRodríguez olmedo.rodriguez@prensa.com Undía agridulce tuvo ayer el empresario Raúl de Saint Malo, quien fue condenado acincoañosdeprisiónpor el caso de Odebrecht, y desde hace 10 meses está en pri- sión. El juez de cumplimiento Héctor Zarzavilla Pérez ac- cedió a sustituirle la pena por trabajo comunitario en el Centro de SaludEmiliano Ponce, en el corregimiento de Calidonia. Zarzavilla Pé- rez consideró que De Saint Malo “cumplía todos los re- quisitos para sustituirle la penade prisión” , de acuerdo con un comunicado del Ór- ganoJudicial. Sin embargo, la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva el caso Odebrecht, anunció que apelará la deci- sión.ElTribunalSuperiorde Apelaciones deberá decidir quién tiene la razón en una audienciaquesecelebraráel 21deagosto,alas3:30p.m. En octubre pasado, De Saint Malo fue beneficiado con trabajo comunitario en la junta comunal de Ancón, luegode que sudefensa soli- citara al Tribunal de Cum- plimiento el cambio de las condiciones de la pena. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos ciudada- nos, elTribunaldeApelacio- nesrevocóesadecisión. De acuerdo con la fiscalía, De Saint Malo reconoció que, por instrucciones de los hermanosRicardoAlbertoy Luis Enrique Martinelli Li- nares, efectuó pagos para la compra de un helicóptero que posteriormente fue aprehendido bajo sospecha de haber sido adquirido con dineroilícito. Raúl DeSaintMalo. Archivo taba obstruida. Llegaron los antimotines. Se acerca- ronpocoapoco, yapesarde queestábamos juntos, sola- mente se llevaron a los de Foco , y a Elmis [Castillo] y Diego [De Obaldía], que habían protagonizado con nosotros el video [#YaBas- ta]”.Loperadenunciaquele golpearon la pierna para ti- rarlo al piso y luego llevarlo al carropatrulla. “Enlacho- tanos gritabanquenos fué- ramos a nuestros países a protestar”,contó.Esanoche los llevaron a una estación dePolicía enSanFrancisco, a un centro de salud, al Juz- gado de Paz en Calidonia. Ayer los citaron al de San Francisco.Losacusandeal- terar el orden y obstruir la víapública. Cadaunodelossieterete- nidos esa noche se expone a una multa de hasta $2 mil. El próximo lunes se termi- nará de definir su suerte. Y, ¿los derechos? Simple: es- tánencuarentena. Ayudante general, el trabajo que tendría en el centro de salud Si el Tribunal deApelacio- nes le da la razón, De SaintMalo deberá realizar labores de ayudante ge- neral en el Centro deSa- ludEmilianoPonce, todos los jueves de cada sema- na, enhorario de 8:00a.m. a 3:00p.m. 