2A LaPrensa Panamá, viernes 31 de julio de 2020 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Tal Cual RedaccióndeLaPrensa
[email protected] ABUSOLEGISLATIVO. Refi- riéndoseal sindicalista SaúlMéndez,undiputado dijodurante lasesióndel plenode laAsamblea: “Yo nací enlaguerra.. yaélque estabaparadoahíporque le tienenmiedo. (…)Quéven- gan, yélqueesdeColón… quevenganqueenColónlo enfrentamosencualquier terreno”.Escenascomoes- tayasoncomunescuando setratadeldiputadoJairo Bolota Salazar, que fre- cuentementeutilizasucu- rulpara lanzaramenazasa losciudadanos.Panycir- co...dicenporahí. BLA,BLA. Porcierto,Bolota divulgóunvideosobresu gestiónlegislativa.Aparte delaaprobacióndeunade susiniciativas,dealcance reducido(seguridadehigie- neenpuertos),elrestodel videosoncasitodasimáge- nessuyasenelpleno,habla quetehablasindecirnada. Perolasimágenesconagen- tesdepolicíaqueloconvir- tieronenestrellaviral,bri- llanporsuausencia.¿Qué pasa?¿Labravuconearíano ayudaalmercadeo? ECONOMÍA101. Otroqueno secansadehacerelridículo eseldiputadohuevito.Abor- dadosobreeltemadelatasa quequierenimponeralas plataformasdigitalesquese encargandedistribuirali- mentos,eldiputado,eviden- tementeincomodo,dijoque elproyectobusca“tasar”ala empresa,noalosclientes. Obvio...sielqueprestaelser- vicioeslaempresa.Talpare- cequeéleselúnicoqueno sabequeéstastransfieren suscostosdeoperaciónalos consumidores.Unaconver- saciónconJosephStiglitzno levendríanadamal. ‘CASHBACK’. Tambiénporlos ladosdelaAsamblea,hayun fuerterumordequeun bonode$200milrepartido alosdiputadosparahacer frentealcoronavirusensus comunidadeseravendidoal 70%desuvalor.Carasnue- vas,métodosviejos... SELECTIVIDAD. Enel caso del supuestotráficodear- mashaydetenidosensus casas, otrosconimpedi- mentodesalidadelpaís, otrosconlaobligaciónde reportarsecada15días ante laautoridadyotrosni siquieratienenunacaute- lar.Soloparasaber, ¿cuáles sonloscriteriosparadeter- minarestasmedidas?Todo estohueleapescado... Condenanyexigenel cesedel asedio judicial Abogados y representantes de la sociedad civil plantearon que se hace necesaria una ley para proteger a los operadores de justicia ante querellas penales. JUSTICIAENVILO OlmedoRodríguezCampos
[email protected] J usto cuandodos fisca- líasdelMinisterioPú- blico esperan los re- sultados de exámenes que el Instituto de Medicina Legal yCiencias Forenses practicó recientemente a Ricardo Martinelli como parte de los casos New Bussines y Ode- brecht, sale a relucir la noti- cia:elexpresidentesequere- llócontradosmédicosdeesa entidad, por haberlo exami- nado en medio del proceso que se le siguiópor presunto espionajeypeculado. Los exámenes, cuyos re- sultados esperan las fisca- lías, fueron practicados lue- go de que el exgobernante presentara incapacidades paranodeclarar en los casos New Business, que lleva la Fiscalía contra la Delin- cuencia Organizada, y Ode- brecht, a cargo de la Fiscalía EspecialAnticorrupción. Por eso, juristas y repre- sentantesdelasociedadcivil organizada califican de inti- midación la táctica del ex- mandatario y abogan por una ley para blindar a los funcionarios de la adminis- tración de justicia de estas prácticas que, a su juicio, le- sionanlainstitucionalidad. ElexfiscaldeCuentasGui- doRodríguezdijo,porejem- plo, que es evidente que este tipo de querellas contra fis- cales, exfiscales, exmagis- trados y ahora contrados fo- “ Es muy grave que nuestro sistema de justicia sea sometido a cualquier tipo de presión que atente contra su inde- pendencia”. Carlos Lee, Alianza Ciudadana Pro Justicia RicardoMartinelli se querelló penalmente contra dosmédicos forenses que lo evaluaron durante el proceso de las escuchas. Les pide unmillónde dólares por posibles daños y perjuicios. Archivo Asuntos del Parlacenagitana entes dePanamá yGuatemala PROCESOS ElianaMoralesGil
[email protected] El Ministerio de Relacio- nes Exteriores informó que el equipo legal de su Direc- ción de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados revisará de manera “institu- cional, transparente y en es- tricto apego a la ley”, las no- tas enviadas el 10 y 29 de ju- lio pasado por la defensa de Luis Enrique y Ricardo Al- berto Martinelli Linares, en las que solicitan al canciller Alejandro Ferrer que pida a Guatemala el retorno a Pa- namádesusclientes. En las notas, el abogado Luis Eduardo Camacho González exige, además, la protección, el aseguramien- to de las garantías funda- mentales y demás derechos que le asisten a sus defendi- dos, “por su investidura di- plomática”, que -según él- les fue “violentada” al mo- mentodesudetención. Los hijos del expresidente RicardoMartinelli Berrocal se encuentran detenidos en una cárcel militar enGuate- maladesdeelpasado6deju- lio,mientras sedecide su ex- tradición a Estados Unidos, paísque los investigapor su- puestoblanqueo y conspira- ciónpara lavardinero ligado aOdebrecht. Los tribunales de Guate- mala están cerrados hasta la próximasemana,debidoala pandemiadelaCovid-19. El abogado insiste en que se respete la calidad de di- plomáticos de los dos hijos del exgobernante. Sin em- bargo, laAutoridaddePasa- portes de Panamá (Apap) aclaró el pasado 9 de julio que los pasaportes diplomá- ticoslosemiteesaentidaden coordinación con la Canci- llería y que ellos no tienen esebeneficio. En Guatemala, la defensa de Ricardo Alberto y Luis Enrique tilda de “ilegal” la detención, alegando la in- munidad que les daría su condición de diputados su- plentesdelParlamentoCen- troamericano (Parlacen). Sin embargo, los hermanos nohansidojuramentados. Ayer, precisamente, la fis- cal general de Guatemala, MaríaConsueloPorras, pre- sentó un amparo de garan- tías constitucionalesencon- tra deNadiaDe León, presi- denta del Parlacen, por “la amenaza cierta, real e inmi- nente” de juramentarlos. La fiscal argumentó que los Martinelli Linares preten- den soslayarse del procedi- miento y requerimiento de extradición, e instó a no lle- var a cabo la juramentación, para evitar “el fraude de ley quepretenden”. De León respondió horas después en su cuenta de Ministerio deRelaciones Exteriores. Archivo Twitter. Entre otras cosas, dijo que el Parlacen “goza de inmunidad de jurisdicción con respecto a las autorida- des judiciales y administra- tivas”, y su actuar “se ciñe es- tricta y obligadamente a lo establecido en los instru- mentos legalespropiosdesu naturalezayfunción”. Añadió que lamenta la ac- cióndelafiscal,porque“con- traría la legislación conteni- da en los Tratados y Acuer- dos en los que el Estado de Guatemalaesparte”. La parlamentaria recordó que recientemente hicieron público un documento con lacronologíadelcasoyreite- ró que habían solicitado a la bancada panameña en el Parlacen que juramentara a los Martinelli Linares con base enel reglamentodel fo- ro,peroqueestasenegó. Discutencrear unabasede datospública sobredesalojos PROPUESTA AmintaBustamante
[email protected] Una propuesta que crea una base de datos digital y pública para verificar si al- guna persona ha sido objeto deunprocesode desalojo en medio de la pandemia fue aprobada en primer debate por la Comisión de Infraes- tructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley, que el pasadomiércolespasóama- nosdelplenolegislativopara su segundo y tercer debate, es impulsado por el diputa- do independiente Raúl Fer- nández. En la base de datos solo se encontrará información de desalojos de aquellos con- tratos de alquiler, residen- ciales o comerciales, que tengan un canon de arren- damiento mensual o supe- rioralos$500. La persona solo será in- cluidaenlabasededatossiel arrendador hace la solicitud anteelMinisteriodeVivien- da y Ordenamiento Territo- rial. Fernández dijo que la ini- ciativa le da seguridad jurí- dica al negocio de los bienes inmuebles. “Esta norma les dará seguridad a los inver- sionistas, para que el país si- gacreciendodelamanodela empresaprivada”,sostuvo. El plenoLegislativo debe discutir el proyecto. RaúlValdés renses loquebuscanes crear “unclimadeintimidación”. “Dealgunamanera,como quiera que el querellante es- tá siendo objeto de procesos en diferentes instancias, cuando[uncaso]llegaalco- nocimiento de algún opera- dordejusticia(...)puesnece- sariamente tienen que sen- tir algún grado de temor por verse envueltos en una que- rella de esta naturaleza”, dijo, y calificóesta estrategia como “la utilización y des- viación de la justicia para tratar de reivindicar fecho- rías”. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró urgente que se proteja por ley a funciona- rios y auxiliares de la admi- nistraciónde justicia deme- didas intimidatorias que, dijo, pretenden someter al sistema. A su vez, los abogados Er- nesto Cedeño y Carlos He- rreraMoran también consi- derannecesariaestanorma. Cedeño sustentó que una ley frenaría lasacciones inti- midatorias contra los actos que esos servidores públicos ejecutaron investidos de sus cargos. “Ante el temor de la admi- nistración de justicia de pa- rareste tipodeprácticasque se están dando contra acti- vistas políticos, personas queejercenuncargopúblico yperiodistas,laúnicavíaque hay, a mi juicio, es una ley que ponga las cortapisas y linderos para que no haya prácticas intimidatorias que puedan lesionar la de- mocracia”,dijoCedeño. Herrera Morán expresó que una ley blindaría a jue- ces y fiscales, de tal manera quenopuedanseramedren- tados porquienestienenese poder económico y político. Pero añadió que hay que de- jar claro que estos funciona- riosnosonintocables. AHerreraMorán le llama la atención que la práctica no ha sido denunciada ni por la Corte ni por el procu- rador de la Nación, Eduar- do Ulloa, que, dijo, deben salir en defensa de jueces y fiscales. Una de las que ha sido blanco de las querellas de Martinelli es la fiscal anti- corrupciónTaniaSterling. Juan Carlos Araúz, pre- sidente del Colegio Nacio- nal de Abogados, indicó que nuevamente se recla- ma el amparo de indepen- dencia judicial, figura creada mediante la Ley de Carrera Judicial, que está vigenteperono se aplica. Martinelli ha denuncia- do a exfiscales, una expro- curadora de la Nación, ex- magistrados de la Corte, una excanciller y actuales fiscales, entre otros, pasan- do por alto el artículo 388 del CódigoPenal , que san- ciona con pena de 5 a 10 años de prisión a “quien utilicelafuerzafísica,ame- naza, intimidación, (...) o obstaculice o impida el cumplimiento de las fun- ciones oficiales de un fun- cionario de los organismos de investigación, del Órga- noJudicial odelMinisterio Público, encargados de ha- cer cumplir la ley”.