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4A LaPrensa Panamá, sábado 11 de julio de 2020 Panorama Larutakafkianadel secuestrode ‘LaPrensa’ El laberinto judicial de levantar un secuestro civil amenaza la libertad de expresión y el sustento de cientos de familias panameñas. RodrigoNoriega [email protected] U na demanda civil por daños y perjui- cios, interpuesta por el expresidente de la Re- pública Ernesto Pérez Balla- dares (1994-1999), encontra de Corporación La Prensa S.A., no solo ha implicado el secuestro civil de cuentas bancarias y activos de esta empresa,sinoquehaexpues- to el laberinto kafkiano que eslajusticiacivilenPanamá. La legislación panameña protege a los medios de co- municación televisivos y ra- dialescontrasecuestroscivi- les, no así a los medios im- presos ni digitales. Esa dife- rencia se acentúa con un ré- gimen de secuestro civil que permiteenunademandaex- tracontractual secuestrar sin que exista una sentencia judicial favorable y, en este caso, sin que se hayan eva- cuado las pruebas en este proceso. Ordenando unsecuestro La jueza civil del Juzgado Décimoquinto de Circuito, Lina Castro de León, conce- dióel22dejunioelsecuestro civil solicitadopor PérezBa- lladares, por 1millón131mil dólares en contra de Corpo- raciónLaPrensa.Losoficios despachados a los bancos, ordenando la retención de fondos llegaron el viernes 3 de julio a las primeras insti- tuciones financieras, y estas informaron del secuestro a lacorporaciónelsábado4de julio. Ellunes6dejulio,aprime- ra hora, la defensa legal de esta empresa consignó una fianza de aseguradora por la totalidad del monto del se- cuestrocivil.Enesemomen- to,lajuezaCastrodeLeónno había recibido respuesta al- guna a los oficios enviados por su juzgado a las institu- ciones bancarias. Lo que ca- bía, según la ley, artículo546 del Código Judicial, era le- vantarelsecuestroenelacto. Ensulugar,lajuezaesperó varios días a la llegada de las notas provenientes de las instituciones financieras. Si algunadelasnotasdecíaque se habían retenido fondos a CorporaciónLaPrensaS.A., eso le bastaría para invocar elnumeral4del artículo536 delmismo CódigoJudicial , y reconocer que el secuestro sehabíaejecutado. El rechazode lafianza Efectivamente, las notas bancarias llegaron a su juz- gado, por lo que se dio fun- damento para decir que el secuestro sehabía cumplido “ antes” de que Corporación La Prensa consignara su fianza. Así, el miércoles 8 de julio la jueza civil Castro de León ordenó cancelar la fianza li- beratoria de Corporación La Prensa. Aquí se dieron dos situaciones que expo- nen lo irracional de las nor- masprocesales. El primer fenómeno es el delaasimetríaentrelaspar- tes de un secuestro civil. Se- gún la legislación, la fianza que se debe consignar para realizar un secuestro puede serenefectivo, bonosyvalo- res del Estado, fianzas de empresas aseguradoras o bancarias y hasta las llama- dasfincas“sacapresos”. Sin embargo, una vez eje- cutado el secuestro de dine- ro, ya sea en cuentas banca- rias u otros equivalentes, el secuestro civil solo se puede levantar con el monto total de lo secuestrado en dinero efectivo. No valen garantías uotrosinstrumentos. La segunda situación pe- culiar del secuestro civil es su contradicción entre me- diosy fines. Sesuponequeel secuestro es una medida cautelar para asegurarse el pago lo más completo posi- ble de las deudas que se quieren cobrar. En el caso del secuestro de Corpora- ciónLaPrensa S.A., la jueza Castro de León canceló la fianza de Corporación La Prensa que cubría la totali- dad del monto secuestrado, porque una de las notas en- viadas a una institución bancaria decía que tenía una cuenta de la empresa con fondos (que eran infe- riores al monto total del se- cuestrocivil).Enotraspala- bras,secancelaelúnicome- diodepagociertoquepodía responder por la totalidad del secuestro civil, porque existía una cuenta con fon- dos retenidos, que no com- pletaban el monto secues- trado.¿Quéleconvienemás aldemandante? Otra sorpresa desagrada- ble fue la decisión del 9 de juliode lamisma jueza. Con la fianza liberatoria, y con la certeza de que junto con lo retenido ya alcanzaba lo se- cuestrado, Corporación La Prensa pidió que se devol- viera el excedente de los fondos, que superaban a lo pedidoporeldemandante. La respuesta de la jueza fue “no”, porque todavía es- taba esperando todas las cartas de los bancos. Esto pudiera tardar semanas, peroesono importaa la jus- ticia, ya que 240 familias, cientosderepartidoresyca- nillitas que aún con la pan- demia llevan el sustento de su hogar vendiendo este diario, están enfrentando un serio riesgo económico. Ello sin contar que la liber- tad de expresión de los pa- nameñosestáamenazada. El lunes 6de julio, a primera hora, la defensa legal de esta empresa consignó una fianza de aseguradora por la totalidad del monto del secuestro civil; la juezaLinaCastro de León decidió no levantar el secuestro. Archivo-LP Senecesita protocolo de información: Antai TRANSPARENCIA OhigginisArciaJarmaillo [email protected] La AutoridadNacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) instó a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Sa- lud (Minsa) a establecer un “protocolo de comunicación y respuesta efectiva” con los familiares de los pacientes hospitalizados por Covid-19 que solicitan conocer su es- tadodesalud. Esto se da luego de varias quejas públicas hechas por familiares, quienes señalan que en los hospitales les brindan informaciónconfu- saodeformatardía. En un comunicado, la en- tidad plantea que el derecho depeticiónyel accesoa la in- formación son derechos fundamentales del ser hu- manoy debenser garantiza- dos, aún en las condiciones actualesdepandemia. “ Somos conscientes de que la prioridad es atender la emergencia en salud y que existen limitacionespor esta situación inesperada; sin embargo, no hay ninguna situación que impida el ac- ceso a la información. Por ello, el poder establecer un protocolo de comunicación eficaz resulta vital en estos momentos de incertidumbre para los panameños” , con- cluyelanota. Unode loscasosmásnota- bles y que guarda relación con elescritodelaAntaiesel del historiador Rommel Es- carreola,quienllevóasuma- dre, Fidedigna de Escarreo- la, al ComplejoHospitalario Dr. ArnulfoAriasMadridde laCSSporunacomplicación respiratoria el9dejunio. Ese día, Escarreola estuvo algunas horas en el centro hospitalario esperando no- ticiasdesuprogenitora,pero el personal de Salud le dejó un número telefónico para mantener la comunicación enlospróximosdías. El profesor de laUniversi- dad de Panamá subrayó que durante los primeros días le atendieron de forma “ama- ble”, cuando llamaba para preguntar por sumadre. No obstante, afirmó que con el paso de los días dejó de reci- bir información y cuando él llamaba tampoco le daban respuesta, lo que lo llevó a pensar dos cosas: que su fa- miliar estaba bien y que de- bido a la gran cantidad de pacientesen loshospitalesel personal estaba bastante ocupado para atender sus interrogantes. Pese a lo anterior, la incer- tidumbre lo agobiaba, y el 1 de julio escuchó reportes de que enelhospitalhabíanva- rios brotes de Covid-19. “Allí fue entonces cuando lesdije quesinome dabaninforma- ción ibaabuscarentodoslos pisosamimamá.Fueenton- cescuandomecomunicaron quemimadremurió el 19de junio”,selamentóeldocente Este caso es atendido por la Procuraduría de la Admi- nistración. El procurador, Rigoberto González, envió una nota el pasado 3 de julio al director de la CSS, Enri- que Lau Cortés, en la que le pidió un informe sobre los hechos ocurridos con la se- ñoraEscarreola. También en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, familiares de la señora So- nia González acudieron el mes pasado al Ministerio Público para presentar una denunciacontraladirección médica del Hospital Nicolás A.Solano. Este caso motivó una in- vestigación en el Minsa, ya que los familiares deGonzá- lez señalan que fue ingresa- da a una sala de pacientes conCovid-19, peseaqueha- bíallegadoalhospitalconun cuadro de neumonía y aún no había sido diagnosticada conelnuevocoronavirus. Familiares de pacientes conCovid-19 y otras patologías piden informaciónoportuna sobre parientes hospitalizados. Archivo-LP Acusadora solicitadesistir en nuevocasocontradiputado AUDIENCIA OlmedoRodríguezCampos [email protected] Una solicitud de desisti- miento impidióque laCorte Suprema de Justicia cele- brara ayer la audiencia de imputación contra el dipu- tado oficialista Arquesio Arias, comopartedeuna se- gunda denuncia por la pre- sunta comisión del delito contralaintegridadsexual. La petición de desisti- miento provino de la propia denunciante –quien dio po- der a otro abogado para que la representara–y fuehecha antes de iniciar la audiencia deimputación. Todo esto se llevó a cabo a puertas cerradas, con la fi- nalidad de proteger a las personas identificadas co- movíctimas,deacuerdocon fuentesdelaCorte. En este caso, el magistra- do fiscal esOlmedoArrocha y la jueza de garantías es la magistrada Maribel Corne- jo. En vista de este nuevo es- cenario, el acto de imputa- ciónquedó suspendidohas- ta que los nueve magistra- dos del pleno de la Corte re- suelvanlasolicituddedesis- timiento y sus circunstan- cias, informaron fuentes vinculadasalproceso. Esta denuncia fue inter- puestaporuna jovenquere- side en la comarcaGunaYa- la y quien, en diciembre de 2019, fue presentada por la abogada Gina Medina Vás- quez. En la denuncia –que fue admitida este año por el plenode laCorte–el diputa- do Arias es señalado por la presunta comisión del deli- to contra la libertad e inte- gridadsexual. Laprimeradenunciacon- tra el diputado del circuito 10-2 (Guna Yala) fue pre- sentada en 2018, por el pre- sunto delito de violación carnal y actos libidinosos contra dos mujeres, una de ellamenorde edad. Paraesa fecha, Arias estaba en plena campañaelectoral. En sumomento, estas au- diencias también fueron re- servadas, bajo el mismo ar- gumento, respetar la inti- midaddelasvíctimas. Las denuncias contra Arias surgen de hechos que supuestamente ocurrieron en2018,cuandoeldiputado del circuito 10-2 laboraba comomédicoenel centrode saluddeUstupu. Por ambos casos, el ma- gistrado fiscal Arrocha ha viajado a la comarca para realizar diligencias judicia- les durante las cuales reco- gió testimonios de supues- tas víctimasparapresentar- los ante un posible juicio contraeldiputadodelParti- do Revolucionario Demo- crático(PRD). Arias tieneunamedidade arresto domiciliario, orde- nada en octubre del año pa- sadoporelplenodelaCorte, por los delitos de presunta violación carnal y actos libi- dinosos en perjuicio de una menor de edad y su herma- namayordeedad. En medio del revuelo de estas denuncias en octubre del año pasado, el diputado manifestó que es inocente de las acusaciones y que to- do es parte de una campaña suciaparadesprestigiarasu partido y que tal situación estaba afectando a su fami- liaysuprofesión. Los procesos contra el di- putado Arias se vieron fre- nados por la suspensión de términosqueseordenóenel Órgano Judicial ante la pandemia causada por el nuevocoronavirus. El diputadoArquesioArias tienemedida cautelar de casa por cárcel,ordenada por laCorte en octubre de 2019. Archivo-LP

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