4A LaPrensa Panamá, martes 7 de julio de 2020 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La vulnerabilidadciudadanaal frágil sistemade justicia En el pisomás alto de la estructura del ÓrganoJudicial está la CorteSuprema deJusticia. ElyséeFernández Quijano: Secuestroesun ‘cepo al libreejerciciodel periodismo’ DEFENSA MónicaPalm
[email protected] E l secuestrodeacciones y cuentasbancariasde Corporación La Pren- sa,S.A.(Corprensa)porpar- te del expresidente Ernesto Pérez Balladares representa “uncepoal libre ejerciciodel periodismo”, consideró Die- go Quijano Durán, presi- dente de esta casa editorial dueña de La Prensa y Mi Diario . Quijano anunció ayer que los abogados de la corpora- ción presentaron una fianza por $1.13millones y una pe- tición para que se levante el secuestro ante el Juzgado Decimoquinto Civil, que el 22 de junio ordenó la acción como parte de la demanda por $5millones que presen- tó Pérez Balladares contra Corprensa hace ocho años, por presuntos daños y per- juicios. “No tenemos garantizado el resultado, pero confiamos enque el derechoprevalece- rá, ya que la ley está de nues- trolado”,dijoQuijano,quien explicó que la fianza era “el único recurso que teníamos anuestradisposición”. El pasado sábado, Cor- prensaconociódelsecuestro de todas sus cuentas banca- rias por $1,130,000, así co- DiegoQuijano, presidente deCorporaciónLaPrensa (Corprensa), en la rueda de prensa ayer. GabrielRodríguez mo las acciones de una sub- sidiaria dueña del terreno y el edificio donde se ubican las salas de redaccióny la ro- tativa de La Prensa y Mi Diario . La acción detuvo en elactolacapacidaddelacor- poración para recibir y girar pagos. “¿De quémanera puede el periódico continuar publi- cando si sus colaboradores no reciben un salario? ¿Qué medio de comunicación en estos momentos puede fun- cionar con el congelamiento demásdeunmillóndedóla- res en sus cuentas banca- rias? La razón por la que los lectores de La Prensa y Mi Diario hancontinuadoreci- biendo información duran- teestosdíashasidograciasal compromiso y lealtad que los 240 asociados de esta empresa tienena sumisión”, dijoQuijano. Desde julio de 2012 hasta octubre de 2019 –es decir, durante más de siete años–, el expediente estuvo inacti- vo en manos del juzgado, “virtualmentedormido”, a la espera de la admisión de pruebas y contrapruebas. El casoseencuentraaúnenpri- mera instancia, esperando que el juzgado fije una fecha paralaprácticadepruebas. “Preguntémonos por qué el caso se activa siete años después de estar cogiendo polvo en los anaqueles del juzgado tan solo unosmeses después del cambio de go- bierno. Preguntémonos por quéunosdías antesde cono- cerdeestesecuestro,otroex- presidente amenaza y ad- vierte a este diario que él u otrospudieranestarpresen- tando medidas como el se- cuestro administrativo”, se- ñaló. Quijano advirtió que la medida cautelar constituye un precedente contra todos los que se atrevana criticar a quienes detenten el poder político, a indagar los posi- blesactosdecorrupciónylos actos irregulares o violacio- nes de derechos humanos. “Con tan solo presentar una demanda por difamación, sinhabersedictadouna sen- tencia, todos susbienespue- den ser secuestrados”, re- marcó. “Elobjetivodeestoesame- nazar, intimidar, callar, cen- surar, amordazar a la ciuda- danía. Hoy es LaPrensa se- cuestrada,mañana es unac- tivista ambiental, un perio- dista independiente, un ciu- dadano que escribió una co- lumna de opinión”, dijo, y destacó que en el último re- porte sobre Panamá, en marzo de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)advirtióque“lalegisla- ción [local] permite que el reclamante pueda intentar el congelamiento de activos, lo que podría paralizar la operacióncontinuae ininte- rrumpidadelosmedios.” Corprensa enfrenta en es- tos momentos 12 demandas civilesy22querellaspenales por las que, entre todas, los demandantes reclaman$84 millones. Todas las acciones son presentadas por expre- sidentes,exfuncionarios,ex- contratistas del Estado o fi- guraspúblicas,bajoelescru- tiniodelapoblación. “¿Qué imagina la ciuda- danía si de algunas de estas o en todas los reclamantes presentaran medidas cau- telares de secuestro? Lo que estamos atravesando es un hostigamiento y un acoso judicial sin prece- dentes producto de un sis- tema judicial permisivo, que no tutela debidamente los derechos de la libertad deprensa, la libertadde ex- presión y el derecho a la in- formación”, enfatizó Quijano. El presidente de Corpren- sa reconocióque el periodis- mo es imperfecto: “como cualquier actividad huma- na, cometemos errores”, pe- rodesde su fundación–hace 40 años– “este periódico ha tenido como norte unperio- dismo crítico responsable, que publica sus erratas, in- dependiente, que se basa en hechos comprobables y que no se deja intimidar por po- líticos ni poderes económi- cos”. ‘¿De qué manera puede el periódico continuar publicando si sus colaboradores no reciben un salario? ¿Qué medio de comunicación en estos momentos puede funcionar con el congelamiento de más de un millón de dólares en sus cuentas bancarias?’, se preguntó ayer el presidente de Corprensa, Diego Quijano, en conferencia de prensa. ANÁLISIS RodrigoNoriega
[email protected] Aunque la mayoría de los ciudadanos temen enfrentar la justicia penal por sus con- secuencias sobre la libertad individual, los efectos de la justicia civil pueden llegar a ser peores. Una legislación anticuadaeseliniciodelpro- blema. Veamos algunos ejemplosenlosquelajusticia civil,lejosdegarantizardere- chosavíctimas,puedevulne- rarlos por espacio de años y todo, de manera legal. Estos casos involucran tanto a ciu- dadanos como a empresas, en este caso, CorporaciónLa Prensa,S.A.(Corprensa). KathyMcgrath, una inver- sionista estadounidense, compróuncondominioenEl Cangrejoyloqueparecíauna vida feliz empezó a ser inte- rrumpidapor sus vecinos del piso superior, que remodela- ron su apartamento para re- cibir huéspedes, mientras el deellaeraafectado. Tras la intervencióndel Si- naproc y la indiferencia de muchas autoridades, las de- nuncias de Mcgrath y de sus otros vecinos se toparon con una realidad: la administra- ción del edificio fue secues- trada por los dueños del in- mueble que presuntamente afectaronsuapartamento. En Veraguas, la activista ambiental Larissa Duarte, residente en las cercaníasdel río Cobre, fue demandada por$10millonesen2016por una empresa hidroeléctrica que responsabilizaba el acti- vismo de Duarte como la causa de que suproyecto hu- biesesidocancelado. Duarte, a diferencia de Mcgrath, tuvo suerte y una decisión judicial de julio de 2017desestimólademanda. En cambio, paraMax Cro- we, un activista comunitario de Albrook, la experiencia fue amarga. El 2de agostode 2017,Crowetuvoqueenfren- tarelsecuestrocivildebienes muebles, enseres y artículos de oficina dentro de su vi- vienda, a solicitudde una fir- ma de abogados que repre- sentaba a un colegio cuyas actividades, según los resi- dentes de la comunidad, vio- laba la zonificación de esa partedelasáreasrevertidas. En unas semanas, se cum- plirán los tres años del se- cuestro sin que haya indicios dequeelcasoavance. Las vivencias de estas tres personas demuestran el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan nacionales y ex- tranjeros en ladefensade sus derechos ante un sistema de justicia formalista, bizantino y,enocasiones,inhumano. Aunque hay figuras desta- cadas en el sistema judicial y en el Ministerio Público que brillan con luz propia por su trayectoria e integridad, el sistema también carga con una colección de funciona- rios de toda jerarquía que le corren los gustos a los deten- tadoresdelpoder. Pordiseño,elÓrganoJudi- cial panameño tiene cuatro pisos: en laplantabaja se en- cuentran los jueces munici- pales; en el primer piso, los jueces de circuito; en el se- gundo, los tribunales supe- riores y, en el último, laCorte SupremadeJusticia. Además, está la justiciaad- ministrativa, que incluye a los novedosos jueces de paz y ¿Secuestroo intentodecierre? En el auto 901 del 22 de juniode2020, la juezade- cimoquinta de circuito de lo Civil, Lina Castro De León, ordenó el secuestro civil de cuentas bancarias yotrosactivosdeCorpora- ción La Prensa, S.A., por un monto de 1 millón 131 mildólares. En una rueda de prensa, vía Zoom, JoséMaria Cas- tillo Castillo, abogado del expresidente Ernesto Pé- rez Balladares, indicó que laaccióndesecuestro, pre- sentadael 20dediciembre de 2019, solo busca tutelar el derecho a la honra de su clienteynocomprometeel ejercicio libredel periodis- moenelpaís. Sin embargo, su cliente no solo pretendía secues- trar cuentas bancarias y acciones de Corprensa. Pretendía secuestrar to- doslosequiposdeproduc- ción e inclusive el papel, necesarios para la impre- sión de los periódicos La Prensa y MiDiario . En su solicitud, Castillo listó,entrelosbienesmue- bles “susceptibles” de se- cuestro,losiguiente:equi- poGossUniversal 70 (que consiste en 20 unidades de impresión para produ- cir material en papel sati- nado); equipo Goss Uni- versal 75 (12 unidades de impresión y dos doblado- ras); dos insertadoras; tres encuadernadoras, y 2 mil 500 toneladas métri- cas de papel que están en dosbodegasdealmacena- miento, entre otros ins- trumentosymateriales. Noobstante,lajuezLina CastroDeLeón rechazó la pretensióndePérezBalla- daresde secuestrardichos equipos, por considerar que son los bienes queuti- liza la corporación en sus laboresdiarias. Elartículo534del Códi- go Judicial señala que el juez, antes de decretar un secuestro, considerará si laprácticadelmismopro- vocará perjuicios graves e innecesarios al demanda- do. En virtud de este artí- culo, Castro rechazó la so- licituddelexpresidente. a jurisdicciones variadas co- mo la aduanera, la tributaria y la de contrataciones públi- cas,entreotras. Losministeriosdel gobier- no central, las alcaldías, las gobernaciones y hasta esta- mentos de seguridad tienen algún tipo de jurisdicción propia. Este sistema de col- cha de retazos lo aflige una escasez crónica de recursos, instalaciones inadecuadas, recursohumanoineficientey legislación inapropiada para lademocraciadelsigloXXI. El simple hecho de que un político que haya sido objeto de un un proceso penal pue- da secuestrar un medio de comunicación ocho años después de interpuesta su demandacivil,reflejaladebi- lidad de la tutela de los dere- chosdelospanameños. Enprocesos civiles y admi- nistrativosdelargaduración, en los juicios que duran una década omás, es usual que la partemás poderosa se bene- ficie con el resultado del pro- ceso. Son muy pocos los pa- nameñosquepuedencostear una fianza para levantar un secuestro civil o sufragar los costos legales de años de liti- giohasta llegar a laCorteSu- prema de Justicia y obtener unfallodefinitivo. Si el conflicto legal de que setratadependedemúltiples autoridades, como es el caso de Mcgrath, desenredar las distintasaristasdecadaenti- dad o jurisdicción puede to- maraños,queluegoseperde- rán con los cambios políticos que nuevos jefes encargarán a nuevos funcionarios, a quienes se lesdeberápresen- tar los reclamos desde el principioparaque los conoz- canyactúensobreestos. Elintentodeparalizaraes- temediodebeservirparaim- pulsarunareformadelalegi- slación procesal, que en ma- teria de secuestro y de recla- maciones civiles extracon- tractuales impida el tipo de abusoqueMaxCrowe,Kathy Mcgrath y tantos paname- ñosdebenenfrentar. La paralización de La Prensa dejaría indefensos a panameños, queno tendrían quiencompartasusluchasni registresussufrimientos.