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7A LaPrensa Panamá, lunes 6 de julio de 2020 Todos estamos en peligro cuando la justicia se presta para cercenar los principios y garantías fundamentales que está llamada a proteger. El secuestro ordenado sobre los activos de CORPRENSA por parte del Juzgado Décimoquinto Civil es señal de un Estado fallido, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores. Esta acción es parte de un proceso judicial iniciado hace ocho años por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, que todavía se mantiene en primera instancia, que está pendiente de la práctica de pruebas y en la que no hay decisión de fondo. Se trata de una decisión judicial sin precedentes que violenta varios principios y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en normativas internacio- nales. Además de ser un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, la acción de secuestro pone en riesgo el sustento de dos centenares de familias en medio de la hecatombe económica que ha traído la pandemia. No nos equivoquemos, con esto perdemos todos: los ciudadanos, los medios, las empresas, la justicia, la imagen del país, e incluso ha perdido el expresidente, que intentando resarcir su reputación, ha terminado por enlodarla. Ante este escenario el Consejo Nacional de Periodismo expresa lo siguiente: PRIMERO: Deploramos la decisión de la jueza Decimoquinta de lo Civil, Lina Castro De León, al considerarla violatoria de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos. SEGUNDO: Hacemos un llamado al Presidente Laurentino Cortizo para que se pronuncie sobre un hecho que claramente atenta contra la libertad de expresión que su gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a defender. TERCERO: Procederemos con todas las acciones nacionales e internacionales posibles en defensa del derecho de acceso a la información de los ciudadanos y de la salvaguarda de la libertad de expresión. Este pronunciamiento lo hacemos en consonancia con los principios que siempre ha defendido el CNP: Que el periodismo está sujeto al escrutinio de todo ciudadano que considere su honra afectada, sin embargo le corresponde a la administración de justicia asegurar que sus decisiones no pongan en riesgo el normal funcionamiento de los medios de comunicación violando la libertad de prensa consagrada en la Constitución. Panamá, 5 de Julio de 2020. Comunicado de Medios Digitales de Panamá Los medios digitales de Panamá vemos con preocupación la acción judicial tomada por el ex Presidente Ernesto Pérez Balladares de secuestrar los bienes/activos del diario La Prensa, que sumado a la amenaza del también ex Presidente Ricardo Martinelli, demuestran un ataque coordinado en contra de la libertad de expresión que resulta inaceptable en una democracia y solo busca callar las pocas voces valientes que cuestionan las irregularidades gubernamentales antes, durante y después de la crisis socio- económica. Este ataque al diario La Prensa no es único, lastimosamente hace algunos años, camiones de una empresa mencionada en actos de corrupción trató infructuosamente de evitar la circulación de una investigación periodística donde evidenciaba actos de cor- rupción. Y antes de eso, todos recordamos como hace más de 30 años, cuando el PRD era el brazo político de la dictadura, trató por medio de censores, amenazas, ahogamiento económico y hasta violencia física, de evitar que este diario expusiera la verdad de la dictadura que vivíamos en nuestro país El derecho de los medios de comunicación de informar a la población y de los ciudadanos de estar informados, está establecido en nuestra constitución nacional, la convención americana de derechos humanos, así como todos los tratados en materia de derechos humanos de los cuales Panamá es signatario. Como medios digitales, en su mayoría proyectos pequeños de jóvenes preocupados por nuestro país, nos preocupa que el Estado, garante de nuestras libertades de exponer, sea usado precisamente como arma para silenciar nuestra actuación cuando vayamos en contra de sus intereses. A parte del intento de callar voces disidentes, resulta casi macabro que dos ex Presidentes, en vez de utilizar su poder económico para ayudar a las familia necesitadas de este país, pretendan usar de excusa una vendetta personal para jugar con el trabajo y la vida de cientos de trabajadores en un momento donde el desempleo es un hecho palpable en nuestro país. Incentivamos a que estos hechos sean determinados por un juez pertinente e independiente que respete los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución. Los procesos judiciales y sus distintos mecanismos de acción, no deben utilizarse como instrumentos para cuartar la libre expresión y el derecho al acceso a la información. El secuestro de un medio de comunicación pone en peligro nuestro derecho al acceso de la información y nuestra ya debilitada democracia. Panamá, 5 de Julio de 2020