2A LaPrensa Panamá, lunes 25 demayo de 2020 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Virusen lacelda; el doblecastigo de losdetenidos OlmedoRodríguezCampos
[email protected] H acinados en espacios húmedos y cerrados y con múltiples enfer- medades respiratorias, los cercade 18mil detenidosdel país representan una de las poblacionesdemayor riesgo a la infección de Covid-19, pandemia que ha dejado más de 300 muertos en Pa- namádesdequesereportara el primer caso el pasado9de marzo. “Si hay un caso tiene que habermás, aquí hay cercade 28 personas por celda”, rela- ta Robin, nombre ficticio de uno de los 4 mil 414 deteni- dos de La Nueva Joya, la principal cárcel del país y donde hace cinco días -el 20 de mayo- se reportó el pri- mer caso positivo del virus SARS-CoV-2. De inmediato, el Ministe- riodeGobierno,acargodela titular Janaina Tewaney Mencomo y responsable de las cárceles a través de laDi- recciónGeneral del Sistema Penitenciario (DGSP), se- ñaló mediante un comuni- cado que el reo fue aislado y sehicieronlaspruebasdehi- sopado a los que tuvieron cercadel afectadopara ver si habíamáscontagios. Angustiasyquejas Pero en La Nueva Joya cunde el temor. De hecho, Robin plantea que no se le hizo la prueba a todos. Ade- más, se queja del raciona- miento del agua y de que ahora los familiares ni si- quiera pueden dejarles con la administración del penal gel antibacterial, ya que, co- mo se sabe, las visitas están prohibidas. “Nohayclínicaparanadie, excepto que sea una emer- genciadevidaomuerteyha- ce como un mes la comida está llegando menos de lo normal y no hay suficientes custodios”agregaRobin. “No hay mascarillas, no hay alcohol, no hay gel anti- bacterial. Usamos jabón y agua. Lepedimos aDios que estevirusnosepropague”. Desde la DGSP aseguran que, en coordinación con el Ministerio de Salud (Min- sa), “se garantiza a los reclu- sos,atenciónmédicaoportu- na, así como laaplicaciónde pruebas masivas de hisopa- do, aislar los casos positivos, dotación de insumos, mas- carillas, entre otras acciones con la finalidad de salva- guardar lavidaylasaludde la población privada de li- bertad”. EnColónySantiago En la cárcel Nueva Espe- ranza, en Colón, con una población penitenciaria de mil 613, se han reportado 26 casos. “Esto aquí es un caos, todas las personas que están contagiados las están trasladandoaotro lu- gar”, diceun reoque sehace llamarPaolo. “Al principio se hizo una huelga para que fuéramos atendidos. Vino la ministra de Gobierno, nos prometió el cielo y la tierra; todo se ha basado en listas de rebajas de pena, pero sólo de boca, porquenadade eso sehahe- chorealidad”,dice. Entanto,a250kilómetros de la capital, en Santiago de Veraguas, el virus ha causa- docorrederas. La semana pasada los de- tenidos encendieron col- chonesendemandadeaten- ción. Ya van 10 casos en esta cárcel con una población de 518. Malospresagios Una situación de mucho mayor calado seha vivido en el Centro Femenino de Re- habilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere). Allí, se- gúndatosde laDGSP, sehan reportado 96 casos. Si se consideraquealmesdeabril de este año la población era de 617 reclusas, el impacto de la enfermedad en este centroseríadel15.5%. “Estamos aglomeradas en 10 casas que llamamos ho- gares, y todos los días salen contagios. El virus está aquí. Imagínese cómo estamos. Los médicos nos dicen que no hay medicamentos”, plantea una detenida que se identificacomoParís. “Todas respiramos el mis- mo ambiente, custodias y administrativas, que son las que trajeron ese virus, por- quetienencontactocongen- te de afuera”, cuenta París, quien también se queja de las restricciones para intro- duciralcohologel. “Sí, tenemos culpa de ha- ber hecho cosas que castiga la ley, pero aquí hay señoras demásde50añosconenfer- medades crónicas; somos sereshumanos”,reclama. Señala que desde el 16 de marzo se le avisó a la minis- tra y el presidente de la Re- pública, Laurentino Corti- zo, de la vulnerabilidad de las detenidas del Cefere. Los resultados, dice, demues- tran que no se hizo nada o muypoco. De hecho, la Oficina de DerechosHumanosdeNa- ciones Unidas y la Comi- sión Interamericana de Derechos Humanos lo ha- bíanadvertido: si lapande- mia penetraba las cárceles supropagación seríadifícil de frenar. Por esorecomen- daron buscar mecanismos de excarcelación cuando las circunstancias lo per- mitieran. Cortizo ha firmado cerca de 200 rebajas de pena y los jueces de cumplimientohan otorgadodecenasdedepósi- tos domiciliario, pero para París y sus compañeras esto esinsuficiente. Desde el equipo de prensa del Ministerio de Gobierno informaron que, efectiva- mente, no se permite el in- greso de ciertos productos como alcohol y que desde el inicio de la pandemia se han suspendido las visitas de fa- miliares para prevenir con- tagios. Señalanque, incluso, la Defensoría del Pueblo se ha involucrado, especial- mente en el Cefere para ga- rantizar los derechos de las privadasdelibertad. Reiteraron lo dicho a tra- vés de varios comunicados: quecadavezquedetectanun caso hacen pruebas masivas dehisopadoyquelamayoría de los contagios -133 en to- tal- son leves. En relación a los reclamos de los internos de atenciónde saludyde en- trada de enseres, insisten en que se siguen los lineamien- tos delMinsa y se les atiende en la medida de las posibili- dades. Mientras, detenidas como París, dicen sentirse acorra- ladas,máspresasquenunca. “¿Seráquedeverdadalguien debemorir para que esto ex- plotemás”,sepregunta. Datos delMinisterio deGobierno de abril de este año indican que el número de detenidos, entre procesados y condenados, es de 17mil 899. Archivo Corte tramita9denunciascontra decretossobre lacrisissanitaria GARANTÍAS CONSTITUCIONALES JuanManuelDíaz
[email protected] ElplenodelaCorteSupre- ma de Justicia tramita unos nueve recursos presentados contra los decretos ejecuti- vos emitidos por el Ministe- rio de Salud y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a raíz de la pande- mia de Covid-19, sin que a la fecha exista un pronuncia- miento sobre la legalidad de lasactuacionesdelasautori- dades. El presidente del Colegio NacionaldeAbogados,Juan Carlos Araúz, aseguró que esta situación demuestra que el sistema de justicia ha colapsado y que los magis- trados de la Corte se han quedado sin capacidad para dar respuestas a recursos que, según la ley, deben ser resueltos en días por la posi- ble violación de garantías constitucionales. Araúz estimó que en la Corte existen cientos de am- paros de garantías y deman- das de inconstitucionalidad que tienen meses e, incluso, años sin ser resueltos y que elloprovocaunestadode in- defensión entre quienes buscanun árbitro ante posi- ble situación de ilegalidad o abusodepoder. Aseguróquecon lapande- mia del Covid-19 se ha evi- denciado el rezago judicial en la Corte Suprema, ya que con menos personal se hace másdifícilresolverlosrecur- sos que se presentan, lo que en la práctica significa el co- lapsodelsistema. Mientras que el abogado ErnestoCedeñoaseguróque laCortedebecontrolarlapo- testadreglamentariadelÓr- ganoEjecutivoy,alnohacer- lo,sehaperdidoelcontrape- soentrelosórganosdelEsta- do. CedeñorecalcóquelaCor- te sólo ha admitido uno de los amparos presentados contra decretos expedidos por la Autoridad para Inno- vaciónGubernamental para la aplicación de salvocon- ductos a los abogados, pero que se desconoce la suerte del restode losamparose in- constitucionalidades inter- puestas. Entotal, segúndatos reco- piladosporestemedio,son9 recursos( vergráfica ). En tanto, el exprocurador Rogelio Cruz reconoció que el pleno de la Corte general- mente es muy lento al resol- ver este tipode recursos, por la multiplicidad de casos y problemas internos que los magistradosdebenatender. Entre las garantías afecta- das por los decretos sanita- rios, según ha dicho el abo- gadoCarlos ErnestoGonzá- lez Ramírez, están la liber- tad de tránsito, de reunión, el derecho al trabajo y a la propiedadprivada. COVID-19 Más del 15%de las detenidas del Cefere está contagiada. La pandemia llega a la Nueva Joya y golpea Colón y Santiago.