Panamá impulsa seguros corporativos sólidos Con más de B/.1,535 millones en primas acumuladas al cierre de septiembre de 2025, Panamá reafirma su liderazgo como un entorno confiable y competitivo para la industria aseguradora. POR CORPRENSA CONTENT STUDIO Panamá continúa consolidándose como un punto estratégico para el establecimiento y operación de compañías de seguros corporativos, gracias a su estabilidad macroeconómica, su sólida estructura financiera y un entorno jurídico predecible y transparente. Al cierre de septiembre de 2025, la industria aseguradora panameña alcanzó $ 1,535.6 millones en primas suscritas y $ 716.2 millones en siniestros pagados, según cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estos resultados reflejan la madurez, solvencia y capacidad de respuesta de un mercado que ha sabido evolucionar al ritmo de las necesidades de los asegurados. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros ha jugado un papel determinante en este crecimiento. Su gestión, basada en la transparencia y la supervisión técnica, ha fortalecido la confianza en el sistema y ha permitido que Panamá se mantenga entre los países más sólidos de la región en materia regulatoria. La entidad ha promovido la adopción de estándares internacionales en gestión de riesgos, gobierno corporativo y reservas técnicas, garantizando la estabilidad de las compañías y la protección de los consumidores. El mercado nacional presenta una división equilibrada entre los ramos de personas y los ramos generales. Los primeros representan el 51.7 % del total de primas ($ 794.2 millones), mientras que los segundos aportan el 48.3 % ($ 741.4 millones). Entre los segmentos más dinámicos destacan salud, con $ 412.6 millones, vida colectiva, con $ 208.8 millones, y automóviles, con $ 249.9 millones, evidenciando una estructura diversificada que respalda tanto a individuos como a empresas. Panamá ofrece, además, un conjunto de ventajas competitivas únicas en el continente: un sistema financiero robusto, la utilización del dólar como moneda de curso legal —lo que elimina el riesgo cambiario— y una ubicación geográfica estratégica que la posiciona como un centro natural de negocios para América Latina y el Caribe. A ello se suma un marco legal moderno que incentiva la inversión y un esquema tributario favorable que estimula el establecimiento de aseguradoras y reaseguradoras internacionales. El crecimiento del sector también se vincula con la modernización tecnológica. La digitalización de procesos, la venta en línea y el uso de plataformas de gestión de riesgo han permitido a las compañías mejorar la eficiencia operativa y ofrecer productos más personalizados. Este impulso innovador ha incrementado la competitividad del país y su atractivo como sede para operaciones de seguros corporativos y de reaseguros. Con visión, solidez y transparencia, Panamá avanza hacia un modelo asegurador innovador, preparado para los desafíos globales y comprometido con el desarrollo económico de la región. Con estos factores combinados —solidez regulatoria, estabilidad económica, innovación tecnológica y un marco fiscal atractivo— Panamá se proyecta como un referente regional en seguros corporativos, capaz de atraer nuevas inversiones y fortalecer su papel en la protección del patrimonio empresarial y personal en la región. a.v/1247100
Ley 12 de 2012: modernización, transparencia y supervisión integral del mercado asegurador panameño POR CORPRENSA CONTENT STUDIO La Ley 12 de 2012 marcó un antes y un después en el sector asegurador panameño. Fortaleció la supervisión, la transparencia y la protección al consumidor. Con la promulgación de la Ley No. 12 del 3 de abril de 2012, Panamá dio un paso decisivo hacia la modernización de su fundamental negocio de seguros y reaseguros. La norma, publicada en la Gaceta Oficial No. 27007-A, llegó para reemplazar al histórico Decreto Ley No. 17 de 1956. Esta legislación anterior, aunque sirvió al país por más de medio siglo, se había vuelto obsoleta ante la globalización financiera, la sofisticación de los productos de seguros y las nuevas directrices internacionales sobre supervisión emitidas por organismos como la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). La aprobación de la Ley 12 marcó un hito, estableciendo un marco normativo actualizado y coherente con la dinámica de un mercado que exigía mayor solidez y transparencia. El espíritu de protección que guía el cuerpo normativo se define desde su inicio. La ley declara la actividad aseguradora como de “interés público” y establece la “debida protección de los asegurados”. Esto no es una declaración menor; eleva la función del seguro de un simple contrato comercial a una actividad de impacto social, crucial para la estabilidad económica. Esto se refuerza al detallar los objetivos de la Superintendencia. Más allá de solo regular, la entidad debe “proteger los intereses de los contratantes”, “velar por la estabilidad financiera del mercado de seguros” y “promover la transparencia”. En la práctica, esto significa garantizar que las aseguradoras puedan cumplir sus promesas de pago (estabilidad) y que los consumidores entiendan qué están comprando (transparencia). Uno de los aportes más significativos fue la adopción del modelo de supervisión basado en riesgos. La ley faculta a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para evaluar preventivamente la solvencia de las compañías, la suficiencia de sus reservas técnicas y la gestión prudente de sus inversiones. Este enfoque proactivo contrasta con el modelo anterior, que solía ser más reactivo y enfocado solo en la solvencia numérica. Ahora, el regulador no solo mira los balances, sino que evalúa cómo la empresa gestiona sus riesgos (operativos, de mercado, de suscripción), anticipando posibles vulnerabilidades financieras y fortaleciendo la estabilidad del mercado. En materia de gobierno corporativo, la ley introdujo requisitos estrictos que obligan a las aseguradoras a implementar estructuras internas robustas de control, auditoría y cumplimiento. Se exige la creación de comités especializados y la adopción de políticas escritas sobre gestión de riesgos. Fundamentalmente, se establece la responsabilidad directa de la junta directiva y los administradores frente a irregularidades. Esto profesionalizó la gestión interna de las compañías, forzándolas a adoptar mejores prácticas y asegurando que la alta gerencia rinda cuentas no solo ante los accionistas, sino también ante la autoridad de supervisión. Otro punto clave fue la reorganización del régimen de licencias y autorizaciones, ya que la ley define claramente quién puede participar en la cadena de valor del seguro. Según la normativa, toda persona natural o jurídica involucrada en la intermediación (corredores de seguros), el peritaje (ajustadores) o la ciencia actuarial debe cumplir con requisitos técnicos, financieros y de idoneidad profesional, y obtener una licencia de la Superintendencia. Esta medida elevó el estándar ético y profesional del sector, asegurando que solo personal calificado asesore al público y gestione los siniestros. La protección al consumidor es otro de los pilares reforzados. La ley ataca directamente las prácticas de “letra pequeña”, estableciendo que las compañías deben brindar información clara, completa y veraz sobre las condiciones de las pólizas, sus exclusiones y los procedimientos de reclamación. Complementariamente, obliga a las aseguradoras a responder con prontitud y de manera justificada ante cualquier reclamo. Esto fortalece la confianza del público, al garantizar que un reclamo no será ignorado o rechazado sin un sustento técnico y legal claro, combatiendo la arbitrariedad. Finalmente, la ley otorgó a la Superintendencia un poder disuasorio real a través de facultades sancionadoras y de intervención. El regulador puede ahora suspender operaciones, imponer multas significativas y, en casos graves, emitir medidas preventivas o incluso tomar control administrativo de una entidad (intervención) para resguardar los intereses del público y evitar un colapso sistémico. Más de una década después, la Ley 12 sigue siendo la columna vertebral que dota de solidez al sistema asegurador panameño. Su enfoque integral en la gestión prudente, la supervisión basada en riesgos y la transparencia contractual no solo protege al consumidor local, sino que mantiene a Panamá como un referente regional de confianza, atrayendo operaciones de reaseguro y sedes corporativas. La norma transformó la industria aseguradora panameña, reforzando la transparencia, la protección al consumidor y la capacidad reguladora de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. a.v/1247101
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Panamá y su Superintendencia: liderazgo regional en la regulación global de seguros POR CORPRENSA CONTENT STUDIO La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, miembro fundador de la IAIS y ASSAL, fortalece su liderazgo técnico e institucional y consolida al país como referente regulador de confianza en América Latina y el sistema asegurador global. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) ha desempeñado un papel protagónico en la consolidación de un sistema asegurador confiable, sólido y transparente, no solo a nivel nacional, sino también en el contexto internacional. Su desempeño técnico y su participación activa en foros y organismos globales han posicionado a Panamá como un referente en materia de regulación y supervisión de seguros en América Latina. El liderazgo de la Superintendencia se sustenta en un marco institucional moderno, producto de reformas clave como la Ley No. 12 de 2012, que introdujo la supervisión basada en riesgos, y la Ley 59 de 1996, que dotó al organismo de autonomía funcional y técnica. Desde entonces, la SSRP ha mantenido una trayectoria ascendente, reforzando su papel como garante de la estabilidad del mercado y de la protección de los asegurados. La participación de Panamá en el escenario internacional no es reciente. La SSRP es miembro fundador de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), creada en 1994 en Chicago, y también de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), organización regional que agrupa a las autoridades supervisoras del continente. Ambas membresías reflejan una visión temprana de la importancia de la cooperación global para fortalecer las prácticas regulatorias y armonizar los estándares del sector. La IAIS reúne a más de 200 jurisdicciones y promueve los Principios Básicos de Supervisión de Seguros (Insurance Core Principles, ICPs), un conjunto de normas internacionales orientadas a garantizar la solvencia, la estabilidad y la protección del consumidor. Panamá, a través de la SSRP, ha alineado su marco normativo con estos principios, adoptando buenas prácticas en materia de gestión de riesgos, gobierno corporativo, solvencia y supervisión técnica. En el ámbito regional, la ASSAL ha sido un espacio clave para el intercambio de conocimientos y la coordinación entre países latinoamericanos. La SSRP ha participado activamente en grupos de trabajo sobre supervisión basada en riesgos, digitalización de los seguros, regulación de microseguros y prevención de delitos financieros. Este intercambio constante ha permitido que Panamá fortalezca su capacidad técnica y actualice sus mecanismos de supervisión conforme a las nuevas tendencias globales. En los últimos años, la Superintendencia ha ampliado su presencia en foros internacionales de alto nivel, como las asambleas de la IAIS, conferencias del Banco Mundial y encuentros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su participación en estos espacios reafirma el compromiso del país con la transparencia, la estabilidad y la competitividad del sistema financiero. La SSRP también ha promovido la capacitación constante de su personal técnico a través de convenios de cooperación con organismos internacionales. Programas de formación en análisis actuarial, gestión de riesgos, gobierno corporativo y ciberseguridad han fortalecido las competencias del cuerpo regulador panameño, asegurando que el país mantenga una supervisión robusta y actualizada frente a los desafíos tecnológicos y financieros del siglo XXI. La transparencia es otro pilar fundamental de su gestión. La Superintendencia publica de manera periódica informes estadísticos y boletines trimestrales, en los que presenta la evolución del mercado asegurador, los resultados financieros y los niveles de solvencia de las compañías. Esta práctica, alineada con los estándares de la IAIS, promueve la rendición de cuentas y refuerza la confianza del público y de los inversionistas en la industria. Asimismo, la SSRP ha impulsado la implementación de tecnología digital en los procesos de registro, supervisión y reporte de las compañías aseguradoras. La modernización de sus plataformas electrónicas permite un seguimiento más eficiente de las operaciones y un análisis en tiempo real de la exposición a riesgos, contribuyendo a la prevención de crisis y al fortalecimiento del sistema financiero nacional. Gracias a este trabajo sostenido, Panamá ha logrado consolidarse como un centro regulador respetado y confiable dentro del ecosistema global de seguros. Su modelo combina un sólido marco legal, una supervisión técnica de primer nivel y un compromiso constante con la transparencia. Estos elementos han sido reconocidos por organismos multilaterales y calificadoras internacionales, que destacan la estabilidad del mercado panameño y su capacidad de adaptación ante los cambios globales. La visión de la Superintendencia trasciende la regulación: busca crear un entorno asegurador inclusivo, innovador y sostenible. Con iniciativas orientadas a promover los microseguros, la educación financiera y la digitalización responsable, la SSRP continúa reforzando su papel como aliado estratégico del desarrollo económico y social de Panamá. En un entorno financiero global cada vez más interconectado, el liderazgo de la Superintendencia confirma el compromiso de Panamá con las mejores prácticas internacionales y con la construcción de un sector asegurador sólido, confiable y preparado para los desafíos del futuro. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá es referente en la región por su participación activa en organismos internacionales y su compromiso con la transparencia y la supervisión efectiva. a.v/1247103
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